JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA/ La Verdad
Detectan anomalías como la falta de salidas de emergencia o extintores
Comienza una campaña municipal para que cumplan la normativa
Al menos un millar de establecimientos comerciales de Cartagena están abiertos al público a pesar de carecer de licencia de apertura. Es lo que calcula la Concejalía de Desarrollo Sostenible, que de forma conjunta con la Policía Local va a iniciar una campaña para aumentar la inspección de tiendas de comestibles, locutorios y peluquerías, así como revisar con detalle tanto el estado de las instalaciones como la situación administrativa.
La proliferación de negocios cuyos dueños inician la actividad cuando sólo tienen en su poder la la licencia de obra que concede la Gerencia de Urbanismo o ni siquiera eso ha encendido las alarmas de las autoridades municipales, que quieren reforzar las tareas de vigilancia y sanción.
Así lo ha asegurado a La Verdad el concejal de Desarrollo Sostenible, Isaías Camarzana, quien quiere incrementar la colaboración entre los técnicos de su departamento y los agentes adscritos a la Unidad de Calidad de Vida de la Policía Local.
Las denuncias vecinales y el control de los técnicos municipales han llevado, por ejemplo, a los agentes policiales a realizar un informe en el que reflejan que el casco histórico acoge establecimientos que no se ajustan a normas de seguridad básicas.
Las deficiencias se refieren, por ejemplo, a medidas de seguridad e higiene en la instalación de aparatos de aire acondicionado, tuberías o extractores de humo. También hay anomalías como la ausencia de salidas de emergencias o extintores, o el riesgo de caída de elementos arquitectónicos o muebles colocados de forma peligrosa.
Venta ilegal de comida
Uno de los principales motivos de preocupación en la actualidad es el uso de los locales para más actividades de las que figuran en la licencia de apertura o en la solicitud de ésta. Así, algunos locutorios telefónicos han sido usados también para la venta de bebidas alcohólicas y de comestibles.
La obligación de disponer de un permiso especial para dispensar productos alimentarios y el riesgo sanitario para la población ha llevado a la Policía a solicitar al departamento de licencias la orden de cierre inmediato de algunos establecimientos, según afirmó el director general de Seguridad, Carlos Nieto.
En los últimos meses, el Ayuntamiento ha aumentado el número de expedientes sancionadores por falta de licencias. Envía notificaciones a los responsables de los locales (bares, tiendas de ropa o peluquerías) instándoles a regular la situación de sus locales bajo la amenaza de una multa inicial de 600 euros y la clausura del comercio.
Otra de las situaciones irregulares advertidas por los policías locales y los técnicos municipales es el riesgo de que haya incendios por acumulación excesiva de material.
En algunas tiendas (muchas de ellas regentadas por inmigrantes, según las distintas fuentes consultadas), los dueños apilan gran cantidad de cajas de cartón repletas de ropa o calzado, lo que supone un peligro en caso de que prenda alguna chispa, tanto para la tienda como para los inmuebles cercanos. Contra esta situación también luchará el Ayuntamiento.
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