CARTAGENA/ El PSOE exige una comisión para aclarar si hay corrupción y enchufismo en las juntas vecinales

José Alberto González/ Cartagena/ la Verdad Reta al PP a revisar las cuentas de los pueblos en la última década El presidente de Alumbres, socialista, y el de La Puebla, 'popular', llevan años recibiendo contratos del Ayuntamiento El caso Pérez Abellán ha desatado una guerra entre el PP y el PSOE a cuenta de los casos de falta de ética y presunta corrupción en el Ayuntamiento de Cartagena que pone ya en primer plano la capacidad de la institución municipal para lavar su imagen pública y revisar a fondo su propia gestión. Un día después de que el Partido Popular anunciara que pondrá en manos de la Fiscalía Anticorrupción la supuesta responsabilidad penal del presidente de la Junta Vecinal de Alumbres por adjudicar contratos a su propia empresa, el PSOE exigió una comisión de investigación para aclarar la actuación de todas las juntas vecinales. Es más, sectores de este partido investigan los contratos otorgados por el Ayuntamiento a empresas de representantes vecinales del Partido Popular. Tras criticar al PP por su «actitud de pataleta vengativa» al llevar a la vía judicial el caso del pedáneo de Alumbres, Juan Pedro Torralba (PSOE), los socialistas anunciaron que pedirán una comisión de investigación sobre las juntas vecinales. La intención es que «se aclare la actuación de todas las juntas vecinales en los últimos diez años». La portavoz socialista, Caridad Rives, reprochó a los populares que actúen «siempre por encima de las razón y de las prácticas democráticas», y añadió que también debe ponerse en claro las decisiones de «los concejales del PP responsables con su firma del buen hacer» de los órganos de descentralización. Rastreando facturas Mientras el gobierno local ha preparado la moción que llevará pasado mañana al Pleno para reclamar a Rives que destituya a Torralba por aprobar dos facturas de compra de material de obra por valor de 1.500 euros, militantes socialistas han rastreado la documentación del Ayuntamiento para localizar posibles irregularidades por parte de cargos del partido gobernante. Los socialistas ven una revancha que, a raíz de que ellos denunciaron que el Ayuntamiento adjudicó contratos del Plan E al hijo del concejal Enrique Pérez Abellán por sugerencia de éste, el PP haya revisado facturas de los años 2005 y 2006 para cargar contra Torralba. En todo caso, como en un partido de tenis, la pelota va de un lado al otro de la pista y en el PSOE han encontrado un posible caso de ilegalidad que afecta al presidente de la Junta Vecinal de La Puebla, Carlos Rosique Martínez, del PP. Fuentes del principal partido de la oposición consideran que el gobierno municipal puede ser responsable de un caso de enchufismo y, posiblemente, en una ilegalidad al adjudicar a la empresa de la que Rosique es administrador único los contratos de cuidado de las zonas arqueológicas. Desde el año 1998, la empresa Mantenimiento y Custodias Arqueológicas SL tiene la adjudicación del Servicio de Limpieza, Atención al público, control de acceso y cuidado de zonas arqueológicas y monumentales del municipio. En el primer mandato de Carlos Rosique como presidente de la Junta de Alumbres (2003-2007), el Ayuntamiento mantuvo el contrato a la empresa de la que es socio. Es más, a pesar de que Rosique pasó a ser administrador único de la empresa en abril del 2006, en marzo del 2007 (antes de que acabara su mandato público), el Ayuntamiento adjudicó de nuevo el contrato de custodia arqueológica a la compañía del político del PP por un importe de 736.000 euros. Un portavoz municipal aseguró que las adjudicaciones a la citada empresa son legales, porque se hicieron a través de concursos públicos; además, señaló que el contrato parte de un departamento distinto al que afecta a la zona de influencia de La Puebla, donde tiene su cargo Rosique. Vigilancias arqueológicas Al margen de las dudas éticas, a efectos legales el Reglamento de las Juntas Vecinales aprobado por el Ayuntamiento en el año 2006 indica que es incompatible que un presidente de junta vecinal tenga contratos con el órgano que dirige. No concreta si también es incompatible, como en el caso de los concejales, que reciba contratos del Ayuntamiento. Sin embargo, en los tres primeros años de Rosique al frente de la Junta éste se regía por el Reglamento de la Juntas Vecinales de 1996. Y esta normativa fija que los presidentes vecinales tienen el mismo régimen de incompatibilidades que los ediles, quienes no pueden recibir contratos del propio Ayuntamiento. Personal para un museo Según la documentación al que ha tenido La Verdad, la empresa de Rosique recibió en el año 2006 contratos en apariencia para otros fines por valor de 33.567 euros: asesoramiento técnico para la Exposición del Museo de Semana Santa de los californios (5.336 euros), apoyo técnico para taller de restauración (6.233,39 euros; personal para el Museo de Semana Santa Viuda de Molina para los Californios (5.916 euros), apoyo técnico para taller de restauración (4.250 euros), y dos más para personal del Museo Semana Santa Palacio Viuda de Molina (11.832 euros). Del año 2003 al 2007, Mantenimiento y Custodias Arqueológicas SL cobró del Ayuntamiento 204.905,27 euros