/ la Verdad
El concejal portavoz del Gobierno municipal, Joaquín Segado, defendió ayer que es «legal y ético» que el Ayuntamiento dé contratos a las empresas de presidentes y vocales de las juntas vecinales, nombrados a dedo por los partidos políticos y que cobran sueldos públicos de la institución municipal. Sociedades de los presidentes de las juntas de La Puebla, Carlos Rosique (PP), y de Alumbres, Juan Pedro Torralba (PSOE), se han beneficiado en los últimos años de adjudicaciones de distintas concejalías, pero según Segado sólo este último debe dejar el cargo porque se aprobó a sí mismo dos facturas con dinero de su junta.
«La gente tiene derecho a trabajar. El hecho de ser un cargo público en una junta vecinal, donde cobras poquísimo, no significa que tu empresa no pueda prestar sus servicios al Ayuntamiento. Eso sí, lo que uno no puede hacer jamás es contratarse a sí mismo con el dinero público del organismo público que preside, porque eso sí es una inmoralidad y una irregularidad clarísima», argumentó Joaquín Segado.
En el año 2006, el gobierno municipal cambió el Reglamento de las Juntas Vecinales de 1996 y suprimió la referencia según la cual los cargos vecinales, al igual que los concejales, no pueden tener negocios con el Ayuntamiento. El ejecutivo defiende que sí pueden trabajar en proyectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales.
A raíz de que el PP anunciara que llevará a la Fiscalía Anticorrupción el caso de Torralba, quien aprobó la compra de material a su propia empresa, el PSOE exigió revisar las cuentas de todas las juntas en los últimos diez años (muchas facturas menores de 3.000 euros).
Sospechas de enchufismo
Sin embargo, Segado dejó claro que el Ejecutivo lo rechaza, porque el Ayuntamiento cumple la ley y controla las cuentas. Y también porque lo del PSOE «sólo es una cortina de humo para desviar la atención de su apoyo a un relevante cargo público que cometió una irregularidad con posible repercusión penal y que, encima, no se disculpa».
La portavoz socialista, Caridad Rives, insistió en fiscalizar las cuentas «porque si este error mínimo de Torralba se le ha pasado al gobierno, ¿quién asegura que no se le ha pasado cosas más grandes?».
Rives se mostró ambigua, pero dijo que contratar a cargos vecinales «siembra un poco de duda». En alusión a la mayoría del PP en los pueblos, dijo: «Con esta poca transparencia, hay sensación de que unos son más beneficiados que otros».
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