CARTAGENA/ Cabezos descarta hacer auditorías a las empresas de servicios públicos

Hacienda dice que los agentes PM40 y funcionarios controlan ya el gasto de las empresas de agua, limpieza, basura, urbanos y farolas 17.05.09 - JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA/ La Verdad

No hace falta encargar auditorías porque el control interno

en el Ayuntamiento es «amplio, riguroso y efectivo». Ésta es la postura que defendió ayer el concejal de Hacienda y Personal, José Cabezos, a raíz de la propuesta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC) de realizar un estudio minucioso de la gestión económica que hacen las empresas concesionarias de servicios públicos de Cartagena. El Ayuntamiento va a dedicar este año 60 millones de euros, lo que supone la quinta parte de sus presupuestos municipales, a sufragar los gastos de sociedades como Lhicarsa (formada por FCC y el consistorio y encargada de la limpieza de la vía pública, así como de la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos); Aquagest (agua); Alsa (autobuses) y SICE (iluminación). El colectivo vecinal ha planteado al gobierno municipal que, en vez de dedicar 277.000 euros al control de estas contratas a través de los medios municipales, pida una revisión externa de las cuentas. Considera que las concesionarias son «un pozo sin fondo» porque todos los años presentan resultados deficitarios y que deben costear todos los cartageneros y, además, es necesario tener la certeza documental del destino concreto de las inversiones para mejorar la calidad en la atención al ciudadano. 'Agujeros' todos los años Uno de los ejemplos de gasto para sostener la actividad de una concesionaria es el de la compañía de los urbanos. A pesar de que el año pasado tuvo un aumento de 323.000 viajeros (lo que supone un 8.4% con respecto al año anterior), ha presentado un balance que incluye pérdidas de 343.953 euros. Si bien ha habido un aumento de la flota de vehículos, los vecinos quieren conocer por qué todos los años hay un desfase millonario entre la previsión presupuestaria y el resultado final. El recorte de fondos para tapar estos agujeros obligan a reducir otras partidas. «Las mejoras, que son muchas, obligan lógicamente a asumir una inversión más alta. Pero es un dinero que redunda en la mejora de la calidad de los servicios y, por tanto, no es un gasto sino una inversión», dijo Cabezos. Éste mostró su «seguridad de que todo lo que se pone en el presupuesto se corresponde con el gasto real que hacen las empresas». El edil afirmó que tiene esa certeza porque hay dos tipos de control de las concesionarias que, a su juicio, «funcionan muy bien»: uno es el que hacen día a día los agentes sociales PM40, antiguos parados mayores de 40 años contratados para vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales; el otro, el de los técnicos municipales que certifican los servicios.