Los ayuntamientos reducen de forma drástica inversiones y buscan otras fórmulas para reducir costes fijos
18.04.11 - 02:07 -
GUILLERMO HERMIDATwitter: @WHermida | MURCIA./ La Verdad
Levantar la persiana cada vez les cuesta más a los 45 ayuntamientos de la Región. La castiza expresión se aplica a la suma del coste de las nóminas y a los gastos corrientes (electricidad, teléfono, combustibles, material de oficina...) y da una idea bastante aproximada del margen de maniobra que resta para, entre otras cosas, inversiones y amortizaciones de deuda. En la Región, la cifra ha ido escalando hasta situarse en 968,7 millones; es decir, el 67,7% de los presupuestos locales, según los datos para 2010 de la Comunidad Autónoma y el Centro Regional de Estadística.
Es decir, que dos de cada tres euros que manejan las administraciones locales se destinan en exclusiva para su funcionamiento diario. Sin embargo, las medias esconden casos como Mula, que destina el 90% a estas partidas; o Mazarrón y otros siete municipios, por encima del 80%. En Mula, por ejemplo, se gastan 34.020 euros al día en las nóminas de 126 funcionarios, 30 de ellos policías locales. Y en Mazarrón, según los datos de la Comunidad, el pasado año destinaron apenas 49.254 euros de su presupuesto local a inversiones, lo que quiere decir que cada uno de sus habitantes tocaba a 1,4 euros.
A esta situación se ha llegado a lomos de los años de bonanza de la pasada década, cuando los ingresos por urbanismo -convenios, licencias y tasas- se dispararon a su vez. Los ayuntamientos de la Región incrementaron el gasto en personal una media del 72%, pero sólo 15 de ellos estaban por debajo y 22 llegaron al menos a duplicar este capítulo, según los datos oficiales recopilados por Antonio Jesús Conesa en un informe.
El cambio de ciclo
El problema llegó a partir de 2007, cuando la crisis cortó el grifo de los ingresos, pero los gastos fijos ya estaban consolidados. Fue entonces cuando aparecieron los primeros planes de austeridad, pero la escalada porcentual era ya un hecho. «Las cuentas de 2006 fueron las mejores de la historia para muchos ayuntamientos», explica María José Portillo, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de Murcia y coordinadora del Foro de Debates de Financiación Local.
«Al quedarse sin casi ingresos, los municipios lo primero que hicieron fue recortar de forma drástica las inversiones», señala Portillo, que lo resume de forma lapidaria: «Éramos ricos, pero ahora hemos dejado de serlo».
Y es que, además del recorte de ingresos de la actividad económica, paralelamente llegaron las 'rebajas' en las transferencias que las arcas locales recibían del Estado o la Comunidad, que cayeron una media del 30% sólo en 2007. Fue entonces cuando se empezó a reestructurar plantillas o a congelar sueldos -con el consiguiente aumento de la crispación con los sindicatos-, así como a reducir de todas partes. Fueron los años de las fotocopias a dos caras y las bombillas de bajo consumo hasta en los semáforos.
Pero no es suficiente. Los ayuntamientos -salvo honrosas excepciones, como Cieza, que gasta casi tanto en inversión como Lorca, con cinco veces menos población- se ven abocados ahora a que sean otras administraciones quienes literalmente arreglen sus aceras, como en el caso del Plan E estatal o los famosos planes Operativo Local y de Obras y Servicios autonómico.
¿Cuál es la solución a esta crisis de financiación que ahoga a los ayuntamientos y puede provocar este mismo año retrasos incluso en el pago de nóminas, como algunos alcaldes admiten todavía lejos de los micrófonos? Con la situación económica sin visos de mejorar, la receta pasa por aplicar la tijera y afrontar el tabú de ajustar precios públicos y tasas a su «coste real»; es decir, subir los impuestos.
«La presión fiscal local sigue siendo baja», señala la profesora Portillo, quien apunta también fórmulas como micropagos por servicios como los certificados de empadronamiento o la reestructuración de plantillas.
Cambio de modelo
En el otro lado, los alcaldes y ediles de Hacienda y Economía consultados claman por el cierre de la reforma del sistema de financiación local, una promesa del Gobierno central aparcada una vez que se solventó la autonómica.
Participar de los tributos autonómicos para compensar los gastos que suponen para los consistorios áreas como sanidad o educación es sólo una de las propuestas, toda vez que -obvio en un año electoral- nadie quiere subir impuestos y más con la actual situación. Pero también eliminar duplicidades de competencias y definirlas claramente, o ajustar y redistribuir las plantillas -congelando la oferta, amortizando jubilaciones y eliminando horas extra o servicios no esenciales- forman parte de las recetas.
Queda por ver hasta cuando se podrá estirar la cuerda porque. En el otro extremo, el ciudadano sigue exigiendo servicios. Y es que por algo paga sus impuestos.
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