miércoles, 6 de mayo de 2009

Los vecinos recurren a la Fiscalía para cerrar dos canteras que ven ilegales

J. Alberto González/ Cartagena/ la Verdad Asociaciones de la Barriada Santiago y Lo Campano denuncian a los ediles Guillén y Bernal, al gerente de Urbanismo y a dos empresas por daños al medio ambiente Les acusan de permitir también vertidos ilegales y favorecer presuntos planes para un campo de golf Tres colectivos de vecinos del área de Santa Lucía han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción de Murcia a dos concejales del equipo de gobierno municipal, el responsable de la Gerencia de Urbanismo y dos empresas por presuntos delitos relacionados con la extracción de áridos en dos montes de la zona, el vertido de material de construcción en un solar y la recalificación de terrenos para la supuesta construcción de un campo de golf. Los presidentes de las asociaciones de vecinos de la Barriada Santiago, de Propietarios de la Barriada Santiago y de Lo Campano han pedido al Ministerio Público que investigue unos hechos que consideran constitutivos de los delitos de prevaricación, falsedad documental y contra la Ley 171995 de Protección del Medio Ambiente. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso La Verdad, centran sus acusaciones en el ex concejal de Urbanismo, Agustín Guillén (actual vicealcalde); el ex edil de Medio Ambiente, Nicolás Ángel (actual de Descentralización); el gerente de Urbanismo y de la Sociedad Municipal Casco Antiguo, Jacinto Martínez, y las mercantiles Hijos de Escarabajal SL y Cartagenera de Subproductos y Derribos S L. De la abundante documentación aportada por los representantes vecinales a la Fiscalía destaca la referencia a la presunta actividad ilegal de roturación en una cantera llamada El Corral, que ocupa terrenos en los montes de Los Cantos Negros y El Pico Collada del Aire, en Lo Campano. Junto al tanatorio Según los denunciantes, Cartagenera de Subproductos y Derribos SL explota la zona sin licencia. Los vecinos señalan que, si bien ante las inspecciones del Servicio de Protección de la Natural de la Guardia Civil (Seprona) esta sociedad ha exhibido una licencia otorgada por la Dirección General de Minas de la Comunidad Autónoma, ese permiso se refiere a unos terrenos distintos. Los vecinos afirman que la licencia hace alusión al Cabezo de San Juan, que está a casi un kilómetros del paraje de Lo Campano donde funciona la cantera (muy cerca del lugar donde la Comunidad Autónoma construye el futuro hospital general de Cartagena). Hacen responsable de los daños en esta última zona a Minas y al Ayuntamiento de Cartagena por permitir esta irregularidad en un superficie catalogada además en el actual Plan General de Ordenación Urbana como No urbanizable de protección forestal (NOPF). Los afectados han solicitado también a la Fiscalía que investigue posibles irregularidades en la solicitud de la licencia que hizo en 1991 la empresa propietaria original de los terrenos, Hijos de Emeterio Escarabajal SL. Después de varias denuncias ante el Ayuntamiento y la Guardia Civil, los vecinos han decidido asimismo poner en manos de Anticorrupción la situación de otra supuesta cantera ilegal explotada por Cartagena de Subproductos: la del histórico monte de la chimenea, situado muy cerca del tanatorio de Santa Lucía. Derribos del Molinete Los vecinos dicen temen que, tras las roturaciones hay un intento de aplanar el terreno para la construcción de viviendas y de un campo de golf, si se aprueba la recalificación de los terrenos en el nuevo Plan Urbano. Creen que hay un plan «ambicioso» para hacer casas, esa zona deportiva y una desaladora sobre una superficie de cuatro millones de metros cuadrados. El suelo, según han denunciado en varias ocasiones, es propiedad de Felipe y Fulgencio Cerezuela Sánchez y de Francisco Roca Meroño, hijo del conocido constructor de Pozo Estrecho Mariano Roca Meroño. Las tres asociaciones de vecinos, que consideran que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso de sus alertas sobre agresiones medioambientales, también acusan a Cartagenera de Subproductos y Derribos SL de arrojar y tratar de forma ilegal escombros en un solar situado junto al tanatorio. Apuntan que se trata de «derribos de edificios ubicados mayoritariamente en el casco antiguo de Cartagena, sobre todo en la zona del Molinete, del que es propietario al 100% el Ayuntamiento de Cartagena» a través de la Sociedad Municipal Casco Antiguo.

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