La Consejería deja en el aire que la empresa de las salinas de Marchamalo devuelva las subvenciones

Revisa el convenio con la sociedad a la que dio 135.000 euros por conservar el humedal aunque no extraía la sal Agricultura contradice el convenio y dice que «no era imprescindible» JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA/ la Verdad

Aún no sabe si reclamará las subvenciones y ve «probable» no hacerlo porque el «objetivo final» se ha cumplido. La Consejería de Agricultura y Agua todavía no tiene claro si pedirá á a la empresa Salinas de La Manga S. L., propiedad de los conocidos constructores cartageneros Mariano Roca y Alfonso García, que reintegren los 135.000 euros de ayudas que recibieron del año 2004 al 2007 por mantener la actividad de extracción de sal y la infraestructura y contribuir la conservación del humedal de Marchamalo aunque esos años no tuvieron actividad. El director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Pablo Fernández, dijo ayer a La Verdad que va a encargar un estudio jurídico para determinar si la empresa ha incumplido el convenio que firmó con la Comunidad en 1997 y que fue prorrogado nueve años. Fernández advirtió de que en principio la empresa no debe devolver las ayudas porque «el objetivo no era tanto mantener la actividad industrial, como garantizar la conservación del humedal, y según los técnicos esto se está logrando. Además, la empresa ha cumplido al dragar el canal para que entre agua, reparar las motas y vigilar». Esta postura entra en contradicción con el convenio y con el protocolo adicional que fueron firmando la empresa y la Consejería, como ha podido comprobar este diario en la documentación oficial a la que ha tenido acceso, y que ha hecho llegar al Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena la organización ecologista Anse. Así, por ejemplo, el protocolo firmado el 29 de diciembre del 2006 por Roca y el entonces consejero de Medio Ambiente, Benito Mercader (su predecesor, Francisco Marqués, rubricó dos similares), recoge las obligaciones de la empresa. «Están bien conservadas» En un párrafo puede leerse: «Que en la cláusula quinta se establece como acciones prioritarias a realizar los propietarios por su medios propios y con la aprotación económica de la Administración: el mantenimiento de la actividad extractiva y de la infraestructura salinera; y la contratación de personal para vigilancia y mantenimiento de las salinas y protección de sus valores naturales asociados». La empresa dijo hace unos días que recibía el dinero público sólo para vigilar, y justificó su falta de actividad porque no tiene empresas compradoras de sal. A la vista del convenio, Fernández dijo que «habrá que mirar la letra pequeña». «Los técnicos hacen informes mensuales y no avisaron de ningún incumplimiento. Pero es verdad que el convenio viene desde 1997 y quizás hubo que adaptarlo».