El PP sepulta el 'caso Abellán' tras 18 días, pero la oposición exige la cabeza de más ediles

José Alberto González/ Cartagena/ la Verdad

PSOE y MC piden en vano a Barreiro que eche a otros tres concejales e investigue los contratos del Plan E Segado: «Ya ha habido dos dimisiones. No pidan más» Gracias a su condición de moderadora del debate y a que puede parar las embestidas de la oposición a través de su escudero, el portavoz del grupo municipal del PP y de su ejecutivo, Joaquín Segado, la alcaldesa superó ayer el decimoctavo día de la crisis de gobierno abierta por las adjudicaciones de contratos a dedo al hijo del ya ex concejal Enrique Pérez Abellán sin tener que articular palabra. Eso sí, en un Pleno extraordinario sobre la polémica gestión del Fondo Estatal de Inversión Local (Plan E), durante tres cuartos de hora Barreiro tuvo que soportar una de las retahílas de reproches, acusaciones y descalificaciones más concentradas y contundentes de los últimos años: «Mala gestión, descrédito, enchufismo, amiguismo, inmoralidad, irresponsabilidad, colegueo, oscurantismo» y hasta «tráfico de influencias». Aunque diez días antes la alcaldesa había dado por zanjada la polémica tras destituir a Pérez Abellán, la oposición forzó la sesión especial del Pleno para exigir a Barreiro y su gobierno que asuma todas la responsabilidad política derivada de las adjudicaciones al hijo del ex edil de Servicios y Seguridad Ciudadana y a otras empresas para la redacción de proyectos y la dirección de obra de 31 de las 63 actuaciones aprobadas. La portavoz socialista, Caridad Rives, y el de MC, Luis Carlos García, coincidieron en la misma petición de las últimas semanas: que los concejales que participaron en la adjudicación dimitan por la misma exigencia ética que le ha costado el cargo a Abellán, quien sugirió el nombre de su hijo, ingeniero de caminos; o que la alcaldesa los eche de su equipo. Guillén, Albaladejo y Cabezos Rives apuntó directamente contra Barreiro: «No me puedo creer que no supiera lo que estaba pasando». Lo hizo tras relatar la intervención de cada uno de los ediles cuya renuncia o destitución reclamó: el vicealcalde y coordinador del Plan ZP, Agustín Guillén, «consintió»; el concejal de Infraestructuras, José Vicente Albaladejo, «firmó los informes técnicos»; y el de Hacienda, José Cabezos, «firmó los mandamientos de pago» al hijo de Pérez Abellán (que cobrará 52.000 euros). Con tono jocoso, la situación la había resumido ya García Conesa, al subrayar que no se trataba de evaluar una sugerencia, sino una adjudicación: «¿Es que nadie conocía al señor Abellán junior?» García Conesa pidió una comisión de investigación, para dar «transparencia» y restablecer «la confianza de los cartageneros en el Ayuntamiento». E hizo esta advertencia: «Ustedes quieren que esto se acabe. Y esto no se ha acabado. Han cogido un cabeza de turco para lavarse las manos y ahora quieren echar tierra sobre este asunto. No quieren abrir la caja de Pandora y hablar de él. Pero no hay que ver sólo si hay amiguismo en esa adjudicación, sino en todas». Para alivio del ejecutivo, no hubo una propuesta formal sobre la comisión. Y para más alivio, ni Rives ni García rectificaron a Segado cuando éste dijo dos veces que «el error político se ha pagado con dos dimisiones», la de Abellán y la de su hijo, ex presidente de la Junta Vecinal de Pozo Estrecho por el PP. Abellán no dimitió; puso su cargo a disposición de Barreiro. El propio Segado dijo: «Hemos tenido que renunciar a un concejal». Defendiendo a la regidora En todo caso, Segado defendió a ultranza la gestión de la alcaldesa, negó que haya desgobierno por su papel de diputada nacional y afianzó la decisión de aquélla de «no indagar más» porque no hay nada ilegal. Y contraatacó: «Ustedes no han llevado este asunto a un juez porque no tienen nada que sostener. Hubo un error, pero ya se ha reconocido. Sé que quieren estirar el chicle. Pero no pidan más».