El doctor Bartolomé García sigue ganando batallas en la guerra que abrió hace tres años contra la Consejería de Sanidad y sus antiguos jefes en el Hospital del Rosell para acabar con irregularidades graves en el Servicio de Aparato Digestivo de este centro sanitario. Las advertencias que el ex jefe de esa especialidad hizo a nivel interno y en el diario La Verdad provocaron hace tres años que Sanidad mejorara el servicio y cesara a la cúpula directiva del hospital. Pero le valieron una sanción por «desconsideración con los superiores» y por crear «alarma social», además de una denuncia de dos jefes por faltarles al honor. Dos sentencias judiciales respaldan a García.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, ha rechazado un recurso del ex director gerente Cástor Pedro Escribano y del director médico Juan José Pedreño en el que insistían en que García vulneró su derecho al honor al publicar una carta en la que les acusaba de una gestión irregular que ponía en riesgo la salud de enfermos y sanitarios. Pedreño pedía 60.000 euros por daño moral y Escribano, 97.725 euros por eso y por intromisión ilegítima.
Medicina Interna y 'Radio'
La Audiencia ha ratificado el fallo de un juzgado de Primera Instancia que exculpó a García y avaló su derecho a ejercer una crítica fundada con base a la libertad de expresión, teniendo en cuenta el interés general de su denuncia.
García acusó a sus jefes de tener «un interés inusitado» en desviar a pacientes a otros hospitales y clínicas privadas; consentir múltiples deficiencias en Aparato Digestivo, Medicina Interna y Radiología y no atajar situaciones de riesgo «grave» para los enfermos y el personal sanitario.
En la sentencia anterior, el juez señalaba que quedaron acreditadas «evidentes disfunciones» en equipamiento y funcionamiento y problemas de «grandes listas de espera e indebida gestión de las mismas».
También indicó que García avisó de los fallos antes por vía interna; escribió la carta para contestar a acusaciones previas de sus jefes en la prensa; lo hizo por el palpable mal funcionamiento del centro; y actuó de buena fe para «informar y formar a la opinión pública» sobre un servicio público y defender a los pacientes y su derecho a trabajar «en condiciones dignas».
La Audiencia avala las declaraciones de varios testigos y los informes de la Inspección Médica.
No faltó al honor
La Audiencia va más allá y señala que «los problemas detectados por la Inspección Médica incumbía solucionarlos, fundamentalmente» a Escribano y Pedreño.
A raíz de esta sentencia, el doctor García hizo ayer público que en febrero del 2008 el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena anuló la orden que la entonces consejera de Sanidad, María Teresa Herranza, firmó el 13 de abril del 2007 para suspenderle cuatro meses.
Herranz rebajó de «muy grave «a «grave» la sanción que le había impuesto el director general del Servicio Murciano de Salud (SMS),
El juez Eduardo Sansano anuló la orden porque «la publicación de un anuncio o una carta en un medio de comunicación social no implica que el demandante incumpla su funciones como médico o como jefe de servicio» y, en todo caso, no se dijo qué norma vulneró.
Y negó que creara alarma social, porque no incumplió sus funciones como médico. La Consejería de Sanidad no recurrió la sentencia, según confirmó ayer uno de sus portavoces.
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