La agonía del sector pesquero

La Cofradía pierde en dos años el 21% de los pescadores a causa de las deudas 

09.09.12 - 00:43 - 

ANTONIO LÓPEZ anlopez@laverdad.es | CARTAGENA.

Pesan las condiciones de Bruselas, cada vez más restrictivas; la subida del gasoleo al triple de su precio en solo tres años, las inspecciones cada vez más rigurosas y continuas y la invasión de los furtivos en su territorio. Todo eso y la dureza del trabajo, la falta de relevo generacional y la ausencia de subvenciones públicas agravan la lenta y dolorosa agonía del sector pesquero de Cartagena. De las cincuenta embarcaciones con licencia que había en la Cofradía en el año 2010 tan solo quedan en la actualidad 37. El 21% de los pescadores ha decidido abandonar en solo dos años y dejar a un lado la labor que tantos años les dio de comer.

Pero si la actual coyuntura es difícil para el sector pesquero, peor es el futuro que le augura el patrón mayor de la Cofradía de Cartagena, Bartolomé Navarro. «A esto no le queda más de diez años. Al ritmo que llevamos, en poco tiempo desaparecerá. Nos están dejando morir. Y ojo, la nuestra es una de las agrupaciones más fuertes de la Región de Murcia. Antes que ésta caerán las de Águilas y Mazarrón», opinó.

El sector pesquero es uno de los más castigados por la crisis y quizás también uno de los más olvidados por las Administraciones públicas. Los pescadores reivindican más ayudas para hacer frente al encarecimiento del gasoleo, que se come casi la mitad de sus ya escasas ganancias mensuales. Para hacerse una idea, en 2005 el precio de un litro de combustible lo pagaban a 25 céntimos de euros; ahora está a 72.

«En los últimos siete años u ocho años nuestros gastos se han multiplicado por tres. Y lo peor de todo es que los precios del pescado siguen estancados y no suben», indicó Bartolomé Navarro.

Al encarecimiento desorbitado del precio de gasóleo hay que sumar las trabas que les imponen desde la Unión Europea y que les complican el trabajo sobremanera. Sus restricciones operativas les hacen perder mucho dinero, sobre todo ahora que las subvenciones por las paradas biológicas han sido frenadas en seco.

Paradas biológicas sin pagar

Según los cálculos del patrón mayor, a cada armador de la cofradía le deben alrededor de 30.000 euros por las paradas biológicas ordenadas por la Administración Europea. Se trata de los pagos que debían hacerse con cargo a los años 2010 y 2011. «Parte de esa ayuda le corresponde darla a la Comunidad Autónoma. La otra se sufragaba con fondos europeos, pero desde hace dos años no recibimos ni un euro por ninguno de esos canales», aseguró Navarro.

A esos impagos hay que sumarles los problemas que les acarrean los pescadores furtivos. Y no solo porque esquilman los caladeros de los que viven los que faenan legalmente, sino porque ahora se dedican también a robar sus aparejos, destrozarlos e incluso quedarse con las capturas del día. La Cofradía de Cartagena ha denunciado la presencia de al menos medio centenar de embarcaciones sin licencia en la zona de La Plana, frente a la costa de Portmán, donde pescan de todo, sin pagar impuestos y después venden lo conseguido a precios muy bajos a restaurantes y bares de la zona. Esa competencia desleal perjudica al resto de los pescadores.

Afortunadamente, durante los últimos meses «está habiendo un mayor control por parte del Seprona, pero aún así muchos se escapan», cuenta. En su opinión, lo que se debería hacer es inspeccionar más a menudos los establecimientos de hostelería para llamarles la atención y que no compren pescado de los furtivos.

El azote de los inspectores

Pero si de algo están hartos en la Cofradía es de sufrir el azote de los inspectores del departamento de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Cuando no es por irregularidades en las redes es por llevar la bandera de forma incorrecta, siempre con la amenaza latente de la sanción. Incluso por lagunas en el diario de a bordo o por fallos en el GPS. «Al final, tanta inspecciones hacen que tarde o temprano nos multen», explicó Navarro.

Durante 2010 recibieron una treintena de sanciones, seis veces más que el año anterior. Pero en el ejercicio pasado se redujo el número drásticamente y éste solo ha habido una incidencia. Los armadores se quejan de las «prácticas abusivas» de los inspectores, de la escasa tolerancia que tienen con su trabajo y de que acuden a menudo para analizar que redes y mallas cumplen con la normativa de medidas.

Todo esto ha empujado a media docena de armadores a e enviar a la Dirección General de Ganadería y Pesca una solicitud de desguace para su barco para abandonar el trabajo. Se trata, según el patrón mayor, de los buques más grandes de la cofradía, los que más facturan. «Si ellos caen el resto iremos detrás, porque el sector agoniza». añadió.