11.03.11 - 01:19 -
J. P. PARRA | MURCIA.//La Verdad
Técnicos de la Consejería de Política Social visitarán los domicilios de las personas dependientes que reciben la ayuda económica al cuidador -entre 300 y 590 euros mensuales- para evaluar si «se cumplen los requisitos», anunció ayer el consejero Joaquín Bascuñana. El plan comenzará de forma piloto en Lorca, con dos inspecciones al año a cada una de las 1.005 familias que disfrutan de esta prestación en el municipio. Una vez evaluado el resultado del programa, se extendería a toda la Región, donde 20.968 familias reciben esta paga mensual, según los datos del Imserso a 1 de marzo.
El objetivo es, según Política Social, comprobar «que las personas que están en sus domicilios están bien atendidas» y que el dinero se usa para mejorar las condiciones de la persona dependiente. Los técnicos revisarán, por ejemplo, «que estén adaptados los baños» o si el dependiente ha sufrido un empeoramiento de su estado. Si el informe de los profesionales es negativo, «se abrirá un expediente y se le comunicará a esa persona la necesidad de ser trasladada a una residencia u otro tipo de centro asistencial, porque nuestra obligación es que se encuentren en las mejores condiciones», defendió Bascuñana. Queda aún por aclarar si las inspecciones a los domicilios se harán previo aviso o por sorpresa.
Este es el segundo paso que la Consejería da para reducir el porcentaje de prestaciones económicas que se ofrecen en la Región -muy superior al de otras comunidades autónomas- frente a la menor demanda de plazas de centro de día o residencias. En enero, Bascuñana ya anunció que los 5.118 nuevos dependientes 'leves' que se integraron ese mes en el sistema -los de grado 1 nivel 2- no tendrían opción a esa prestación, pese a que está incluido en el catálogo pactado entre el Gobierno central y las autonomías. Ya en aquel momento el consejero defendió que la medida no se tomaba para reducir gasto público, ya que «una plaza en una residencia es más cara que la ayuda económica».
Más servicios
Bascuñana hizo ayer balance de los cuatro años de vida de la Ley de Dependencia y subrayó que, a día de hoy, el 70% de las personas dependientes de la Región reciben la ayuda económica al cuidador, cuando hace sólo un año ese porcentaje era del 82%. Así, mientras que en enero de 2010 únicamente el 18% de los dependientes disfrutaban de una plaza de centro de día o de residencia, actualmente son ya el 30%. Los datos están sin embargo aún lejos de la media nacional: en el conjunto de España sólo el 47% de los usuarios optan por la prestación económica.
Bascuñana hizo resumen de la aplicación de la ley durante algo más de media hora ante un auditorio formado por unos 30 representantes de asociaciones y federaciones que trabajan con discapacitados en la Región. Ante ellos defendió que el Gobierno regional «ha invertido más de 57 millones de euros en infraestructuras» en «una legislatura de crisis».
También aseguró que «de los 226 millones que se han invertido en Dependencia en la Región, el 68% ha sido aportado por la Comunidad Autónoma, frente al 31% que ha puesto el Estado». En términos cuantitativos, 154 millones frente a 72 millones. El consejero también defendió el incremento en plazas de centros de día y residencias. Así, la Región ha pasado de 1.929 plazas públicas para personas mayores en residencias en el año 2007 a 2.307 en el año 2010, según sus datos. Si se suman las privadas, el número total es de 4.448. En personas con discapacidad, actualmente hay 995 plazas, 233 más que en 2008. El mayor salto, de acuerdo a esta estadística de la Consejería, se ha producido en plazas para discapacitados en centros de día, con un crecimiento de 1.364 desde el año 2008, hasta alcanzar las 1.661 actuales.
Acceso a través de la web
Desde el 1 de abril, los dependientes podrán informarse de la tramitación de su solicitud en la página web 'www.carm.es/consultarexpedientes', lo que evitará, explicó Bascuñana, desplazamientos innecesarios a la Oficina de la Dependencia y llamadas telefónicas. El colapso de la centralita telefónica que atiende a los usuarios ha sido una de las quejas recurrentes desde que arrancó la Ley en la Región. Quienes quieran consultar el estado de su expediente podrán acceder a esta nueva web a través de una contraseña o del DNI electrónico. Izquierda Unida-Verdes cuestionó este nuevo servicio porque «muchos de los ciudadanos acogidos a esta norma no tienen posibilidad de acceder a la red».
Joaquín Bascuñana también se refirió a la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que anula los criterios establecidos en 2008 por el Consejo Interterritorial de la Dependencia sobre el copago, es decir, la parte de las prestaciones y servicios que debe sufragar el propio usuario. El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI), llevó a los tribunales el acuerdo, porque consideró que el copago debía regularse mediante un real decreto aprobado en Consejo de Ministros, y no a través de un reglamento acordado en el Consejo Interterritorial. La sentencia le da la razón y anula por ello el contenido del acuerdo. «La postura del CERMI es la que nosotros defendimos», explicó el consejero.
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