Uno de cada diez autónomos ha quebrado desde 2008 por las deudas del sector público

El colectivo pide una rebaja de los impuestos y alerta del aumento de la economía sumergida y del fraude si persisten los retrasos en el cobro

21.03.11 - 01:02 - GUILLERMO HERMIDA | MURCIA./ La Verdad

Tarde, mal y... ¿nunca? El viejo adagio sobre los pagos de las administraciones públicas a sus proveedores se ha hecho realidad en los últimos tres años para más de 12.000 autónomos y pequeños emprendedores de la Región, que se han visto obligados a echar la persiana abajo debido a las deudas de las administraciones públicas con ellos. La cifra supone el 90% del total de este colectivo que ha dejado la actividad en el mismo periodo, según datos de Croem y del Ministerio de Economía y Hacienda.

El monto total de esta deuda a nivel nacional es de 34.000 millones de euros, una cifra que supondría alinear billetes de 500 euros uno detrás de otro durante 10.800 kilómetros, más o menos cinco trayectos de ida y vuelta a La Coruña desde Murcia. En la Región no hay cifras exactas, pero las asociaciones de autónomos y el PSOE creen que la cifra se mueve entre los 1.500 y los 2.000 millones, de los que más de la mitad corresponden al sector sanitario. Según los datos del Ministerio de Economía y las proyecciones de Croem, la cifra estaría más en el entorno de los 1.000 millones.

Además de su enormidad, la deuda viene con dos problemas añadidos. El primero, el de la demora en su pago. Según datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos, la media es de 158 días, pero la realidad es que, con la llegada de la crisis, esos plazos se multiplican; sobre todo, en ayuntamientos y comunidades autónomas, donde el tiempo medio sube hasta el año, algo que la Croem ha criticado porque el retraso «afecta directa e inmediatamente a la programación de acciones a desarrollar» por las empresas y autónomos.

El otro gran problema es que el papel, los pagarés, endosos, 'confirming' y toda la panoplia de medidas para que esta carga no asfixie las cuentas son cada vez más difíciles de lograr -sobre todo, por las exigencias de garantías de las entidades bancarias-, lo que acaba repercutiendo en los autónomos, que han visto reducido en tres años su número en un 13%; la mayoría, a causa de la deuda con administraciones. Lo irónico es que el cierre de actividad supone el fin de la deuda.

Abrir la espita del crédito

Para tratar de corregir esta situación, el Gobierno central estudia una reforma legislativa que prevé reducir a un máximo de 60 días los plazos de pago entre empresas, y a 30 días los correspondientes a las administraciones públicas a partir del 1 de enero de 2013, con un período transitorio para su entrada en vigor. A lo largo de 2011, el plazo será de 85 días, de 75 en el 2012 y de un mes desde el 1 de enero de 2013.

Sin embargo, ésta es la teoría. Desde ATA se cree que, para garantizar el cumplimiento de esta Ley de Morosidad, «se deberían dejar de encargar trabajos a autónomos y empresas que no se puedan pagar en tiempo y forma». Y coinciden con la Confederación Intersectorial de Autónomos de la Región, integrada en Croem y dirigida por Miguel Galindo, en fórmulas como facturar el IVA en el momento del cobro o abrir una línea de crédito oficial para que los ayuntamientos puedan resolver las deudas contraídas con autónomos y pequeñas empresas.

Se habla también desde el sector de información efectiva de las obligaciones pendientes de cada administración y la publicación de los libramientos de pago, para que así autónomos y subcontratistas supieran cuándo se realizó el pago y podrían reclamar su deuda.

Pero la gravedad del peso de la morosidad es tal que se va más lejos. ATA pide «compensación por las deudas» en forma de liberación de pagos a Hacienda o la Seguridad Social hasta el momento del cobro, y Galindo propone la rebaja de los impuestos o directamente una «insumisión fiscal».

Y es que la presión de este tipo que soporta el colectivo no es baladí. Un autónomo con un empleado mileurista y 10.000 euros de facturación al mes acaba dejándose en las arcas públicas 5.150 euros en impuestos indirectos, a lo que tiene que sumar el gasto corriente, las tasas locales y los impuestos indirectos. «Al final, acabas trabajando por menos de lo que le pagas a tu empleado», explica Galindo.

Los autónomos piden también a sus deudores que apliquen la austeridad y el control que ellos llevan años poniendo en práctica. Y, sobre todo, no gastar por encima de las posibilidades. Al menos, de las suyas.