La Audiencia Provincial de Madrid ordena sentar en el banquillo al empresario murciano, al que acusa haber difundido supuestamente rumores en 2008 con la intención de hacer subir la cotización de la entidad, de la que entonces era accionista
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado juzgar al empresario murciano Trinitario Casanova por haber difundido supuestamente rumores en 2008 con la intención de hacer subir la cotización del Banco Popular, del que entonces era accionista. En un auto, la Audiencia Provincial de Madrid anula el archivo de la causa que dictó en enero de 2012 el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que consideró que aunque Casanova había difundido «noticias falsas» para alterar el valor del Popular, esa actuación no era perseguible penalmente con la nueva redacción que había dado el Código Penal. Los magistrados apoyan los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción de que Casanova, que recurrió el sobreseimiento al considerar que existen «claros indicios» de que el imputado alteró la cotización en la Bolsa de Valores de las acciones de la entidad difundiendo noticias falsas, «siendo evidente» era el titular del 3,5 % de las acciones del Banco Popular. Con ello, el empresario pretendía provocar una «súbita subida» de su valor no acorde con la evolución del mercado y de influir «en su beneficio» en el precio de los títulos, existiendo «indicios de que lo obtuvo», tanto él como sus sociedades de inversión mobiliaria, algo que debe determinarse, recalcan, en un juicio oral.
Según la sala, es «irrelevante» para tipificar penalmente su conducta si participó en operaciones de compraventa de las acciones cuyo precio pretendió alterar, sino que es suficiente con que se obtenga un beneficio o se sufra un perjuicio superior a los 300.000 euros.
El auto recoge los informes referidos al respecto por la CNMV, en los que identificó a ocho entidades que compraron y otras nueve que vendieron las acciones del Banco Popular los días 12 y 13 de junio de 2008. Unas operaciones que, dado su volumen y el alza ficticia de los precios de los títulos, les generó respectivamente unos beneficios o unas pérdidas superiores a los 300.000 euros, «toda vez que los compradores soportaron y los vendedores disfrutaron sobreprecios indebidos como resultado de la manipulación del valor».
Para el tribunal madrileño, resulta «indiciariamente indiscutible la relación» entre esos beneficios y perjuicios referidos por la CNMV y la «información falaz» difundida, así como el ánimo de alterar el precio de las acciones «que presidió» la conducta de Casanova.
Anticorrupción denunció estos hechos en noviembre de 2008 a raíz de la investigación que abrió la CNMV, que informó a la Fiscalía General del Estado la difusión de varias noticias en la prensa económica sobre el inminente lanzamiento de una opa sobre el Banco Popular por parte de un supuesto grupo inversor mexicano representado por la sociedad Blueprime. La sociedad 'fantasma' anunció su intención de comprar la participación de Trinitario Casanova (3,5 por ciento) en el Popular a un precio un 50 % superior al de mercado, siempre que lograra hacerse con el 20 por ciento del capital del banco. Ese anuncio, difundido en comunicados a la CNMV el 23 de junio, hizo que el Popular llegara a subir más de un 9 por ciento en bolsa. Poco después, el supervisor bursátil averiguó que detrás de Blueprime no había realmente ningún grupo interesado en comprar una participación significativa del banco.
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