Urbanismo triplica en dos años las multas a vecinos y empresas por obras ilegales

Sanciona conductas como hacer edificios sin licencia o reformar un cuarto con permiso para cambiar azulejos JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA/ la Verdad

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Cartagena ha triplicado en sólo dos años el número de expedientes por infracciones legales en obras mayores y menores, lo que a su vez le ha permitido multiplicar por más de cinco sus ingresos por multas. Iniciar la construcción de un edificio de viviendas sin tener antes licencia o aprovechar un permiso de cambio de azulejos en un cuarto de baño para reformarlo por completo sin pagar una tasa mayor son dos ejemplos de anomalías detectadas por Urbanismo. Tanto los inspectores de la Gerencia como los agentes de la Policía Local levantan actas de las irregularidades por medio de su labor de oficio y por denuncias ciudadanas. El incremento de la tarea de control de las obras ha permitido que el número de expedientes pase de 58 en el año 2006 a 166 en el 2008. En ese mismo periodo, la recaudación pasó de 269.000 euros a 1,48 millones de euros, según los datos aportados por la Gerencia. «Estamos haciendo un gran esfuerzo para incrementar la actividad del área de disciplina urbanística. Los particulares y los responsables de las empresas deben tener claro que para llevar a cabo cualquier actuación urbanística deben solicitar y obtener la licencia correspondiente y, después, cumplirla», advirtió ayer el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado. El edil citó otras dos situaciones que han merecido la intervención de los técnicos de su departamento: uno es la construcción de viviendas en un terreno agrícola bajo el amparo de un permiso para levantar un cuarto de aperos; otro, comerse la acera al levantar un bloque de pisos, un chalé o un dúplex. Derribos y recargos Segado destacó que las sanciones económicas llevan aparejadas órdenes de derribo de las construcciones ilegales. Si el responsable se niega a tirar lo que ha edificado sin permiso, se encarga de ello el Ayuntamiento. Éste le envía después la factura al infractor con un recargo, en lo que se denomina ejecución subsidiaria.