Urbanismo dice que recalificará suelo a Zinsa si los obreros lo piden para cobrar el finiquito

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA/ La Verdad El Pleno permitirá a la empresa vender Torreciega si promete pagar las indemnizaciones por cierre pactadas PP, PSOE y MC presionan a la compañía para que abra una fábrica en Los Camachos y mantenga los empleos Garantizar que al menos cobrarán el finiquito de cien días por año trabajado, si su empresa tira la toalla y echa el cierre. Éste es el propósito que tiene respecto a los 250 trabajadores de Española del Zinc (Zinsa) el Ayuntamiento de Cartagena, cuya Comisión Informativa de Urbanismo ultimó ayer la recalificación del suelo que ocupa esta empresa en el barrio de Torreciega. El cambio de uso del suelo, que podría aprobar ya el Pleno municipal, permitiría a Zinsa vender su parcela a la inmobiliaria Quórum para que ésta construya viviendas, y a cambio obtener unos ingresos con los que pagaría las indemnizaciones por despido a sus trabajadores. En todo caso, las autoridades municipales siguen presionando a la compañía para que mantenga su actividad a través de una fábrica en Los Camachos que sustituya a la de Torreciega, casi ya desmantelada. Con el voto favorable de los tres grupos políticos municipal (PP, PSOE y MC), el consistorio dio el primer paso para recalificar los terrenos de la vieja factoría al aprobar de forma provisional la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que los cataloga como suelo industrial. Un aval de 22 millones Según explicó el concejal de Urbanismo de Cartagena, Joaquín Segado, a petición de los trabajadores el Ayuntamiento ha comenzado los trámites para dar la calificación de residencial a los 500.000 metros cuadrados. Lo hace, además, según lo estipulado en un convenio firmado con la empresa siderúrgica en el 2006. La recalificación no se hará efectiva, según el concejal, «hasta que Zinsa no garantice la reanudación de la actividad industrial en Los Camachos o bien pague las indemnizaciones acordadas con la plantilla». El importe de éstas es, ahora, de unos 22 millones de euros, según los cálculos de Segado. El acuerdo de la Comisión el cambio no incluye el aumento de edificabilidad que había solicitado la compañía para que la promotora que quiere comprarle los terrenos, Quórum, pueda construir 5.250 viviendas en lugar de 3.000. Segado destacó que la recalificación no será abordada por el Pleno «hasta que se aclare el futuro de Zinsa». Dijo que se autorizará si los obreros lo consideran una garantía de que su empresa obtendrá un dinero por la venta del suelo con el que les pagaría los finiquitos. Como garantía previa, los obreros tiene depositados avales bancarios. En realidad, Zinsa ya ha cobrado de Quórum (del empresario Miguel Durán) 45 millones de euros como anticipo de la venta. Espera cobrar otros 91 millones, de los cuales probablemente sólo recibirá una parte, ya que incumplirá una de las tres condiciones de su pacto con Quórum: descontaminar el terrenos antes del 18 de agosto del 2009. Aún no ha iniciado la retirada de los restos de metales. Quórum y los pisos Las otras dos condiciones son que el suelo esté recalificado y carezca de cargas. Según fuentes municipales, Quórum y Zinsa pueden acabar resolviendo sus diferencias en los tribunales. En todo caso, Segado dijo que recalificando la administración pública no permitiría «ningún pelotazo» a Zinsa y Quórum, sino que ampararía a los trabajadores. A su juicio, el anticipo de 45 millones de euros que Zinsa obtuvo por la venta de los terrenos basada en su futura recalificación «ha permitido pagar a los trabajadores, comprar materias primas durante tres años y sentar las bases de un proyecto industrial de futuro». En caso de cierre, permitir a Zinsa vender los terrenos podría ser la salida que buscan los obreros, según Segado. «Todos sabemos que Zinsa carece de patrimonio para afrontar las indemnizaciones que pactó con sus trabajadores. Y éstos tendrían muy difícil cobrar cien días por año trabajando si acudieran al Fondo de Garantía Salarial» del Ministerio de Trabajo, dijo Segado. Respecto a la compra de terrenos por parte de Quórum, dijo «no ser gestor para saber si ha hecho o no un buen negocio», pero aseguró que «la operación se ciñe al ámbito privado y es totalmente legítima».