viernes, 23 de marzo de 2012

Rajoy ultima un mecanismo de ejecución forzosa para poder reconstruir Lorca

El Gobierno aprobará otro decreto para que propietarios de los edificios dañados por los terremotos no puedan bloquear las obras

23.03.12 - 01:22 - 
 


Cada edificio, cada comunidad de propietarios, es un mundo. Basta con que un vecino se oponga para que se entorpezca o se bloquee la reconstrucción de cualquier inmueble dañado por los terremotos que asolaron Lorca en mayo del año pasado. Desde entonces, unos 260 inmuebles demolidos siguen sin poder levantarse de los escombros. Aparte están los edificios con daños estructurales, así como numerosas viviendas con vicios ocultos provocados por los seísmos que también necesitan reparación. «La cuestión no es el dinero; el problema es que no se puede hacer nada», resumió ayer un diputado del PP. Se quiere actuar sin más dilación para reconstruir la ciudad y verla llena de grúas. Con este objetivo, el Gobierno central ultima un real decreto para la ejecución forzosa de los proyectos de reconstrucción, que cambiará los requisitos legales actuales y hará más fácil que los propietarios se pongan de acuerdo.
Empeño de Rajoy
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el nuevo decreto el viernes de la semana próxima. Tiene su complejidad porque implicará cambios en la ley de expropiación forzosa. Se pretende que sea definitivo y que supla las carencias de decretos anteriores, explicó ayer el alcalde de Lorca, Francisco Jódar. Éste recuerda que hasta ahora, diez meses después de los terremotos, el Ayuntamiento solo ha concedido una licencia de reconstrucción, la de un edificio situadio enfrente del cuartel de la Guardia Civil. Detrás hay otras 260 pendientes, muchas de las cuales no se tramitan por la dificultad que existe para conseguir la unanimidad de los propietarios de los inmuebles. «El proceso es muy complicado porque unos vecinos tienen seguros de diversa índole y otros carecen de ellos. Hay afectados que están separados o divorciados, y también inmigrantes que se han marchado abandonando las hipotecas», relata el alcalde para subrayar que en pocos inmuebles se han puesto de acuerdo.
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos estudió ayer un informe previo sobre este real decretro que tendrá memoria económica. Estaba previsto que se aprobara hoy, pero el presidente Mariano Rajoy quiere que se haga completo y con detalle para cubrir las deficiencias de leyes anteriores por un doble motivo: para evitar que dentro de unos meses haya que elaborar otro decreto y porque responde a su compromiso de recuperar Lorca lo antes posible, explican fuentes próximas al Gobierno
El alcalde Francisco Jódar quiere que las ayudas se manterialicen lo antes posible para acabar con el goteo de los últimos meses en los que apenas se ven progresos urbanísticos. Los decretos anteriores se habían basado en la experiencia del terremoto de Mula del año 1999, pero se ha comprobado que no sirven para el caso de Lorca. El alcalde añade que se ampliará el abanico de medidas de tipo fiscal.
Funciones de la comisionada
La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción y Reactivación Económica de Lorca, Inmaculada García, será la persona encargada de impulsar el nuevo decreto. Estos días está trabajando en el documento para que incorpore el mayor número de medidas y cubra los vacíos de decretos anteriores para paliar los daños de los terremotos. La oficina de la comisionada estará físicamente en la Región de Murcia y será atendida por un director general que nombrará el Ejecutivo mediante real decreto a propuesta de las ministras de Presidencia y Fomento, según recogía ayer el Boletín Oficial del Estado. La exconsejera de Economía y Hacienda tendrá rango de secretaria de Estado.
Inmaculada García es la tercera persona que asume este cargo tras Jesús Miranda y Mario Garcés. Contará con el necesario apoyo administrativo y material de distintos departamentos ministeriales y de la Delegación del Gobierno en Murcia. García se encargará de coordinar las medidas que se adopten por la Administración General del Estado. Sus competencias se centrarán en la proposición al Gobierno de las actuaciones necesarias para reparar los daños causados por los seísmos, así como los planes dirigidos a la reactivación económica de la zona, informa Efe.

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