Antonio Montilla/ Madrid/ La Verdad
El procesamiento de Francisco Camps como responsable de un presunto delito de cohecho impropio, más allá del resultado penal con el que se resuelva, generará diversas consecuencias políticas de pronóstico incierto. La principal, que el juicio se celebrará en torno a noviembre, es decir, en plena campaña electoral si es que finalmente José Luis Rodríguez Zapatero decide adelantar las generales previstas para marzo.
Mariano Rajoy, en cualquier caso, ya sabe que en el tramo final de su carrera hacia la Moncloa deberá luchar con la adversidad de ver a uno de sus barones en el banquillo acusado de recibir regalos de la trama corrupta 'Gürtel'. Un arma política de gran calibre que el PSOE comenzó a utilizar ayer mismo, al reclamar el cese inmediato de Camps. El Gobierno, en cambio, optó por la cautela. Su portavoz, el ministro José Blanco, aseguró tras el Consejo de Ministros que su parecer sobre este asunto tenía poca importancia. «Lo relevante es lo que opine Rajoy», remachó.
Pero el líder del PP no tiene intención alguna de valorar este revés, al menos en los próximos días. Tampoco ningún otro miembro de la dirección nacional que tan solo aceptan tratar este asunto 'off de record'. Desde las plantas nobles de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid solo sale una versión oficial: antes de pronunciarse, los servicios jurídicos del partido deben analizar detalladamente el auto del juez Flors.
Fuentes del partido ya mostraron su sorpresa el lunes, cuando se conoció que la defensa de Camps había cambiado de estrategia y que, incluso, reconocía que el presidente valenciano sí podría haber recibido trajes como presente, pero en su calidad de máximo responsable del PP valenciano y no como presidente autonómico. Y todo eso pese a que Rajoy, que mantuvo a Camps como candidato en contra del criterio de alguno de sus colaboradores, defendiese públicamente en varias ocasiones que «eso de los trajes no me lo creo», entre otras cuestiones porque «el señor Camps me lo ha negado».
Defender su inocencia
Los populares valencianos sí han salido en tropel a defender a Camps. Desde el Ejecutivo regional insisten tanto en la «inocencia» de su jefe de filas como en su inequívoca decisión a completar los cuatro años de mandato, sea condenado o no.
El asunto Camps ya afeó la campaña electoral del 22 de mayo a varios candidatos a presidentes autonómicos que no pudieron alardear, por ejemplo, de no llevar a ni un solo imputado en sus filas.
Los excelentes resultados que obtuvo el PP ahogaron un debate que renace ahora, cuando puede convertirse en un lastre para Rajoy en su pelea con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
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