Familias de afectados por esta adicción rechazan el texto porque prevé premios en 'tragaperras' de hasta 6.000 euros
17.07.11 - 01:55 -
LAS CLAVES
Polémico proyecto: LaConsejería de Economía y Hacienda pretende modificar la Ley del Juego, que data de 1995, y el reglamento de máquinas recreativas y de azar, de 2008.
La Asociación de Jugadores de Azar en Rehabilitación denuncia que Hacienda quiere permitir que bares y cafeterías tengan máquinas tragaperras interconectadas entre sí, algo que antes estaba reservado a salones de juego.
La interconexión entre máquinaspermitiría aumentar el importe de los premios. Eso supone un «reclamo» y una «incitación» a la ludopatía, según los afectados en rehabilitación.
En concreto, y según las alegaciones de la asociación, las máquinas tragaperras de los establecimientos de hostelería podrían pasar de ofrecer 240 euros como premio máximo (que es la situación actual) a 1.000 euros si hay máquinas interconectadas dentro del local, o 6.000 si se interconectan con otros locales.
El Consejo Económico y Social (CES) pidió en 2010 la retirada del anteproyecto de Ley del Juego por ser «claramente insuficiente» y por, entre otras cosas, abrir la puerta a una mayor publicidad de juego y azar.
2%
Es el porcentaje de niños y adolescentes que son ludópatas o adictos a las tecnologías, según Sanidad
El borrador de la Ley del Juego que ha elaborado la Consejería de Economía y Hacienda y el reglamento anexo que debe regular el uso de las máquinas recreativas es, según denuncian los afectados por ludopatía, una «incitación» a jugar y a caer en esta adicción. La Asociación de Jugadores de Azar en Rehabilitación alerta de que el texto abre las puertas a que bares y cafeterías multipliquen los premios -y por tanto, los reclamos- que ahora ofrecen las 'tragaperras' instaladas en sus locales. «El proyecto prevé pasar de los 240 euros de premio máximo a 6.000», denuncia esta organización en las alegaciones que presentó el pasado 27 de mayo en la Consejería.
De esta manera, bares, cafeterías y restaurantes, que son establecimientos abiertos a todo tipo de público, podrían ofrecer reclamos que hasta ahora eran propios de salones de juego, bingos o casinos. La clave está en la disposición final primera que se ha introducido en el borrador del reglamento, y que permite a «las máquinas tipo B» (las conocidas como 'tragaperras'), «interconectarse entre sí». Eso permite aumentar el importe de los premios hasta 1.000 euros en el caso de máquinas «interconectadas dentro del mismo local», y hasta 6.000 euros en el caso de que haya una red de 'tragaperras' de varios locales interconectadas entre sí. El problema reside en que estas máquinas tipo B pueden instalarse, según recogen los artículos 30 y31 del reglamento, «en restaurantes, cafeterías, cafés-bares y bares», y en «bares, cafeterías y restaurantes de estaciones de transporte público, centros y áreas comerciales, siempre que el local se encuentre aislado del público de paso, de forma que para acceder a las máquinas se tenga que estar en el interior del local».
En sus alegaciones, la Asociación de Jugadores de Azar en Rehabilitación pide que se limite la interconexión de máquinas a los salones de juego, bingos y casinos. En definitiva, a establecimientos «en los que haya algún tipo de control». Los ludópatas que quieren superar su adicción firman un documento de autoprohibición que, en principio, se distribuye a los bingos, casinos y locales con control de acceso, en los que se pide el DNI para entrar. Así, si el adicto acude en un momento de recaída, se le debe impedir su acceso. «Pero si ahora cualquier bar o cafetería va a poder ofrecer premios tan abultados, todo esto ya no va a servir de nada», se queja Francisco Pizcueta, presidente de la Asociación de Jugadores en Rehabilitación.
«Si te ofrecen un premio de 6.000 euros, la fantasía de recuperación del jugador hace que pueda llegar a perder esa cantidad, porque piensa que si gana el 'jackpot' (el premio máximo), recuperará lo jugado», explica. Por eso, subir de 240 euros a 6.000 la cantidad en juego puede ser «el infierno para muchísimas familias. Pueden verse en situaciones desesperadas», advierte Pizcueta.
Puede haber cambios
La Consejería de Economía y Hacienda explica que «de momento solo hay borradores encima de la mesa y nada está decidido. Los premios no tienen por qué ser de 6.000 euros. Todavía no sabemos cómo quedará». El equipo del nuevo consejero, Salvador Marín, aún no ha tenido tiempo para analizar los textos. Además, el proyecto depende de la Dirección General de Tributos, que ha cambiado de titular. Miguel Ángel Blanes, el hasta ahora director, fue sustituido este viernes por María José Portillo. Los afectados por ludopatía confían en que el cambio mejore sus relaciones con la Consejería, después de años de desencuentros con Blanes. De hecho, Pizcueta culpa a Miguel Ángel Blanes de ser el impulsor del polémico borrador que ahora se debate, y denuncia que está «hecho a medida para recaudar y atenta contra la salud pública de los ciudadanos».
Críticas del CES
Las críticas de la asociación que preside Pizcueta no son las únicas que se han escuchado en los últimos tiempos en relación con la legislación del juego en la Comunidad. En marzo de 2010, el Consejo Económico y Social (CES) pidió directamente la retirada del anteproyecto de la Ley del Juego, texto que se está tramitando a la par que el reglamento de máquinas de azar. El organismo consultivo consideró el borrador un paso atrás en la prevención de las ludopatías y en la seguridad jurídica de usuarios y empresas, «dos principios fundamentales que deben presidir la regulación de esta materia».
El anteproyecto «no resulta adecuado y no debería continuar por ello su tramitación», sentenció el CES. Sin embargo, la Consejería de Economía y Hacienda no ha aclarado si el texto sigue adelante, si ha sido modificado o si se está reelaborando de nuevo por completo. Fuentes de este departamento insisten en que «no hay nada decidido» y recuerdan que ni el nuevo consejero, Salvador Marín, ni la directora de Tributos, María José Portillo, que apenas lleva dos días en el cargo, han tenido tiempo para analizar los borradores y conocer la situación.
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