Piden la disolución de la Entidad de Conservación y darán al juez «pruebas de» anomalías en las cuentas
ANTONIO LÓPEZ CARTAGENA/la Verdad
Vecinos de Mar de Cristal llevan varios años denunciando una supuesta malversación de fondos públicos en la contabilidad del los años 2001 al 2005 por parte de la Entidad de Conservación que gestora de su urbanización. Hasta el momento nunca, la Asociación de Vecinos Ribalta no había recabado pruebas de estas presuntas irregularidades en una zona de la ribera del Mar Menor donde residen 1.200 familias. Ahora, aseguran que ya las tienen y que, gracias a un permiso judicial, han accedido a las cuentas de la entidad y han comprobado que los gestores gastaron más de 330.000 euros en cenas y regalos a concejales.
Así lo afirmó ayer el presidente de la asociación vecinal, José Castellano Blaya, durante una rueda de prensa en la sede del PSOE de Cartagena, en calle Salitre. Las cuentas, según los vecinos, reflejan que en cinco años la entidad ingresó 797.000 euros y que los gastos no superaron los 465.000. Los residentes de Ribalta no entienden en qué se ha gastado el dinero, puesto que no se han realizado mejoras significativas en la urbanización.
«En realidad, los gastos sí los tienen justificados. Pero en recibos de comidas y cenas carísimas, regalos a la Policía Local, a la patrona y a concejales, facturas repetidas, e incluso en viajes», dijo Castellano.
Con las iniciales
El dirigente vecinal volvió a pedir la disolución de la entidad urbanística de conservación del polígono I, y que la gestión de la urbanización quede en sus manos.
«No entendemos por qué no quieren que se dé de baja, y porqué se ha impedido, por parte de sus responsables, que salgan a la luz todas las irregularidades que hemos encontrados en las cuentas. Supongo que será para encubrir a alguien», manifestó Castellano.
Los vecinos solicitaron hace tres años en los tribunales la disolución de la entidad por problemas de doble fiscalidad. Pagan al Ayuntamiento de Cartagena por la limpieza y el mantenimiento de la urbanización, y también a la sociedad que gestiona el residencial.
Quieren que la alcaldesa, Pilar Barreiro, dé la orden de asumir ya toda las competencias en servicios tras casi quince años de funcionamiento de la gestora. Piden que haga lo mismo que en Cala Flores y Playa Honda.
Entregarán las cuentas en los juzgados como complemento a la documentación de la causa abierta desde el 2005. Esos papeles «demuestran a las claras todas las irregularidades económicas realizadas por la entidad de conservación durante esos años».
Castellano, acompañado de varios representantes vecinales, mostró varios recibos de comidas en restaurantes (uno en Murcia) en las que habrían participado miembros del equipo de gobierno. Sólo citaron al edil de Servicios y Seguridad Ciudadana y ex edil de Barrios y Diputaciones Enrique Pérez Abellán, que habría ido a una cena el 30 de abril del 2002 que costó 174 euros. En cuanto a los regalos, indicaron que había varios con las iniciales de Pérez Abellán: «E. P. A.»
«Es algo perseguible, punible y denunciable», criticó el presidente vecinal, que amenazó con llegar «hasta donde sea necesario».
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