El vertedero municipal acumula basura de otros pueblos y otros residuos sin reciclar

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA/La Verdad

La Comunidad y la Guardia Civil revelan nuevas irregularidades de Lhicarsa en Mina Regente FCC lleva residuos de La Unión y San Javier y varias empresas privadas lo usan sin permiso Lejos de ser ejemplo en la gestión de los residuos sólidos urbanos, como asegura el gobierno municipal, el vertedero de Mina Regente (que gestiona la sociedad Lhicarsa, formada por el Ayuntamiento y la empresa FCC) sigue acumulando irregularidades que ponen en entredicho la gestión ambiental, administrativa y económica de las basuras en Cartagena. Dos investigaciones de la Consejería de Agricultura y Agua y de la Guardia Civil han sacado a la luz nuevas anomalías, algunas de ellas similares a las del año 2005. Y la Comunidad ha decidido abrir dos expedientes al Ayuntamiento por irregularidades que, en el caso de las negligencias detectadas por los inspectores regionales. pueden costarle un multa de hasta 150.000 euros. Una de las propuestas de multa de la Consejería es de 3.000 euros. La principal novedad que aportan los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) es que el basurero almacena residuos llevados por FCC desde los municipios de La Unión y San Javier. Sin control de accesos Es una actividad presuntamente ilegal, ya que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Comunidad en 1998 cataloga el recinto como un «vertedero controlado de rechazos procedentes del tratamiento, valorización y compostaje de los residuos municipales de Cartagena». Según la documentación a la que ha tenido acceso La Verdad, el libro de registro de entrada de camiones a la planta de tratamiento de residuos que Lhicarsa tiene en Mina Regente (en la Sierra Minera) constatan que el vertedero lo han estado usando también estas empresas: CESPA Gestión, Contenedores de FCC, Saica Medio Ambiente, Mateo Motor, Mar Menor, y GS España. Los agentes, que han remitido su informe a la Consejería de Agricultura y Agua (que tiene las competencias del antiguo departamento de Desarrollo Sostenible), inspeccionaron el vertedero el pasado 18 de febrero. Lograron de Lhicarsa el libro de registro de la planta de separación y tratamiento, pero no el de entrada y salida de vehículos a todo el recinto. No en vano, los agentes constataron que el acceso «carece de cercado eficaz» que impida el acceso a pie, y que no hay personal que vigile o impida la entrada. La vigilancia se hace «desde las oficinas», a una distancia de 400 metros. Ruedas, enseres y sofás En el informe, los guardias relatan cómo se incumple la obligación de seleccionar o recuperar la basura orgánica y los componentes de hierro. Y enumeran residuos no autorizados. Lo indican así: «En el frente del vertedero se han podido encontrar residuos tales como colchones, carros metálicos enteros típicos de centros comerciales, frigoríficos y electrodomésticos metálicos en general, neumáticos de automoción enteros sin trocear, muebles y enseres domiciliarios como sofás, sillas, sillones, etc...». Los agentes denuncian que, además de «cartones de toda clase», la «mayoría de las bolsas de basura domiciliaria» está «sin abrir». Los residuos, a pesar de haber pasado supuestamente por la planta de tratamiento, no están «ni siquiera rasgados, rotos, machacados o aplastados». Reportaje fotográfico Concluyen que «a pesar de ser vertidos por los camiones de recogida en la planta de selección, no existe tratamiento previo alguno antes de ser nuevamente cargados en los camiones de transporte y vertidos directamente en el vertedero». El informe, que da continuidad a varias investigaciones del año 2008 por denuncias de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), incluye un reportaje fotográfico donde se ven colchonetas, plástico o sofás. Los propios técnicos de la Consejería (a través de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental) han detectado muchas más irregularidades. Tras recibir la orden del director general Francisco José Espejo, los inspectores visitaron Mina Regente el 10 de noviembre y el 15 de diciembre. Y observaron otro rosario de irregularidades. Riesgos en El Gorguel La principal es que la deficiente red de recogida de los lixiviados (líquidos procedentes de la descomposición de la basura) causó una contaminación de las aguas pluviales. Además, había restos de poda entre las basuras; «un innumerable número de bolsas de plástico» contaminando terrenos anexos; falta de una red de captación de gases; y las instalaciones «pendientes de legalizar», por falta de Autorización Ambiental Integrada. La precaria gestión aumenta con los informes de la Comunidad y la Guardia Civil sobre el ya clausurado vertedero de El Gorguel: «fisuras en el sellado»; incumplimiento de la revegetación; «escorrentías descontroladas de agua por los caminos y el vaso» de vertido; y riesgo de que los lixiviados lleguen a la playa de El Gorguel.