MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Economía del Congreso debatirá y votará este miércoles una proposición no de ley presentada por UPyD en la que pide al Gobierno que clarifique las funciones y procedimientos de inspección del Banco de España, institución con la que la formación magenta es muy crítica por su "inacción" ante la crisis en las cajas de ahorros y la comercialización fraudulenta de participaciones preferentes.
Por eso, el partido que lidera Rosa Díez urge al Ejecutivo a que, en el plazo de tres meses, modifique la Ley de Autonomía del Banco de España, de 1994, y la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, de 1988, con el objetivo de "regular las oportunas determinaciones de la función inspectora".
Y es que, según consta en la iniciativa que recoge Europa Press, pese a la "importancia" de las funciones del Banco de España la normativa vigente "deja sin regular de manera clara la finalidad de las actuaciones inspectoras, el contenido de las mismas, el procedimiento de inspección y los actuarios intervinientes, así como su grado de autonomía e independencia".
Por eso, proponen que el Banco de España se encargue de verificar el grado de cumplimiento de las entidades sometidas a supervisión, sus accionistas, administradores y gestores de la normativa. Además, las entidades financieras y sus responsables deberían facilitar al organismo supervisor la información necesaria para cumplir sus funciones, así como "proporcionar, en su caso, la evidencia necesaria para la incoación de los oportunos expedientes sancionadores que resulten de las inspecciones".
SÓLO LOS INSPECTORES INSPECCIONAN
Con respecto al procedimiento, UPyD cree que es necesario que la nueva norma contemple, "al menos", la distinción entre inspecciones periódicas y extraordinarias, un trámite de alegaciones y proposiciones de pruebas por la entidad, y la extensión de un acta en la que se fijen los aspectos advertidos, independientemente de un eventual expediente posterior.
Además, UPyD considera necesario que sea el Banco de España el que designe a los intervinientes en la inspección, "no pudiendo procederse a su revocación o sustitución sino por justa causa y mediante resolución debidamente motivada". "La función inspectora se realizará, exclusivamente, por los inspectores del Banco de España", apostilla la formación magenta, que también fue muy crítica con la decisión del Gobierno de contratar a dos empresas privadas para auditar las cuentas de los bancos españoles hace un año.
En cualquier caso, UPyD matiza que "la exclusividad de la función inspectora se entiende sin perjuicio de las labores auxiliares de apoyo a los actuales inspectores por personal ajeno". Finalmente, la propuesta incluye que el contenido de las actas goce de presunción 'iuris tantum' y que las inspecciones en las sedes de las entidades tendrán una duración limitada, que podrá prolongarse por el Banco de España de forma motivada.
EL PP LO PROPUSO HACE DOS AÑOS
La iniciativa de UPyD, que fue registrada en agosto del año pasado en el Congreso, es muy similar a una que el Grupo Popular defendió en julio de 2011, cuando aún estaba en la oposición. En ese momento, los 'populares' pedían al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que reforzara la "transparencia" y "profesionalidad" de las actuaciones del Banco de España convirtiendo a los inspectores en un cuerpo "profesional" en la línea de la Agencia Tributaria o el Ministerio de Trabajo.
Además, su iniciativa recogía varias de las reclamaciones de estos profesionales, como que sus actuaciones consten en la pertinente acta o que la función de inspección les corresponda en exclusiva, para "acentuar su profesionalidad y la independencia". También reclamaban que el cuerpo de inspectores se "nutra de inspectores elegidos por mérito y capacidad a través de la correspondiente oposición".
Esta propuesta fue rechazada por el Pleno del 19 de julio de 2011, tras negarse el PP a someter a votación un texto pactado con PSOE, CiU, PNV, ERC, IU, ICV y Coalición Canaria emplazando al Gobierno a impulsar en el plazo de seis meses el estudio, revisión y, en su caso, reforma de la regulación de la función supervisora de las entidades de crédito que desempeña el Banco de España.
El PP rechazó este texto, que también abría la puerta al establecimiento de un "procedimiento específico" para el desarrollo de las actuaciones supervisoras, alegando que vaciaba de contenido su proposición no de ley.
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