La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la española Acciona y la alemana Aria va dejando entrever poco a poco sus planes de negocio. Ésta ha presentado un anteproyecto al Ministerio de Medio Ambiente para dejar expedita la bahía de Portmán -como estaba en su origen en 1957- a cambio de permitirle, allí mismo, laborear los estériles que iría dragando mediante una planta de tratamiento de minerales metálicos,
Aunque el mutismo oficial en la UTE es absoluto, este diario ha conocido de fuentes cercanas al proyecto que su actividad extractiva no solo se circunscribiría al mineral de hierro (magnetita y siderita), que es lo que figura en el anteproyecto formalizado ante el departamento de Arias Cañete. Las más de 20 toneladas de muestras de residuos recogidas en diferentes puntos de la bahía han puesto de manifiesto la existencia de otros minerales metálicos susceptibles de ser laboreados, además del hierro. En concreto, plomo, zinc, cadmio, cobre, manganeso y cromo, si bien estos dos últimos en menores proporciones.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el tratamiento de los minerales de cadmio, manganeso y cromo permitiría incrementar a la UTE los márgenes comerciales de la actividad principal, el hierro, «que por sí sola sería seguramente escasa para hacer rentable la enorme inversión en mano de obra y para la planta-lavadero que habría que instalar».
Para la multinacional minera Aria, el comercio de materias primas, especialmente el hierro, con clientes asiáticos es «la actividad más importante» de su cartera de productos, aunque también incluye otros minerales como cromo y manganeso.
Dentro de la UTE, según el reparto de tareas acordado, Aria se encarga de la financiación y Acciona de la ejecución del dragado. La empresa minera se haría cargo además de la planta de tratamiento, la producción y la distribución de un concentrado de hierro en los mercados internacionales. La propuesta estima una explotación a cinco años, para recuperar un total 12,5 millones de toneladas de estériles. La recuperación de la línea de costa pasaría prácticamente a los 700 metros de 1957.
El concejal de IU en La Unión, Miguel Ángel Cárceles, consideró que esta propuesta presenta «un nivel elevadísimo de incertidumbre» por cuanto «el proceso queda sujeto a la consecución de un determinado nivel de beneficios por parte de las empresas concesionarias de la explotación minera».
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