UPyD pide al Gobierno regional que revise los planes de urbanismo municipales para adecuarlos a la sentencia del Tribunal Supremo sobre "transportabilidad"

 UPyD Región de Murcia

Rafael Sánchez recuerda que la sentencia obliga a no volver a realizar "de forma habitual" el canje de espacio protegido por el incremento de la edificabilidad

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha afirmado que el Gobierno regional debe revisar los planes de urbanismo de los municipios de la Región para adecuarlos la sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica la del TSJM de año pasado, por la que el canje de suelos no urbanizables con protección específica, por el incremento de edificabilidad, es ilegal en toda la Región de Murcia.

Tal y como recuerdan desde Ecologistas en Acción, la sentencia deja muy claro cuál es el significado del artículo 65 de la Ley del Suelo, en el sentido de que en ningún caso se puede aplicar el "teletransporte" utilizando suelos no urbanizables con protección específica. Y esto afecta a los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo Regional en 2001.

El "teletransporte" es una práctica que permite la Ley del Suelo Regional, sólo en determinados casos, por la cual se puede adscribir un suelo destinado a parques, hospitales, carreteras, colegios., dotándolo de una edificabilidad teórica que será finalmente aprovechada en otro suelo urbanizable. De modo que se consigue aumentar la edificabilidad permitida en un suelo, gracias a sumarle la que tendría otro que en realidad no se edifica.

"Por ello", recuerda Rafael Sánchez, "resulta imprescindible que se asegure que los planes urbanísticos que se ejecuten a partir de ahora se adecúen a la sentencia, ya que los planes afectados por este aumento ilegal de la edificabilidad van a tener que ser modificados o anulados para restituir la legalidad urbanística".

En el caso de que se iniciasen proyectos. que después hubiese que paralizar o anular, podrían generarse derechos de indemnizaciones millonarias a los promotores, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas. El Gobierno regional no debe permitir que eso ocurra, "ahora a sabiendas, después de la sentencia del Tribunal Supremo", ha concluido Sánchez.