La empresa se declaró el pasado verano en situación preconcursal y podría acabar en suspensión de pagos este mismo mes
17.11.11 - 00:56 -
JORGE G. BADÍA | CARTAGENA./ La Verdad
El Instituto Murciano de Acción Social y los ayuntamientos de Alcantarilla, Fuente Álamo, San Javier y Torre Pacheco podrían verse obligados a asumir la gestión de los centros de día, residencias, talleres ocupacionales en centros públicos geriátricos y transporte, si Cruz Verde -finalmente- entra en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). Por lo pronto, la empresa de servicios sociosanitarios solicitó el 19 de julio ante el Juzgado Mercantil Número 1 de Murcia acogerse a la Ley Concursal, «toda vez que manifiesta encontrarse en estado de insolvencia actual».
Una insolvencia que podría provocar que Administración regional y ayuntamientos asuman de sus bolsillos los servicios adjudicados a Cruz Verde y su plantilla. O que los saquen a concurso, arrastrando la subrogación de unos 162 trabajadores con impagos cumulados de uno a ocho meses. Pocas empresas pujarían con semejante panorama.
«Nos han engañado como a chinos», reaccionaba ayer el responsable de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, José Rubio, al conocer la solicitud de la empresa para acogerse a la fatídica Ley 5.3. Y no es para menos, ya que mientras el director del IMAS, Fernando Mateo, y el propio Rubio negociaban con Cruz Verde una solución para el conflicto de los impagos a los trabajadores de Yecla, Cieza, Alcantarilla, Jumilla, Abarán, San Javier, La Ribera, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Cartagena y Murcia, la empresa había tramitado dos meses antes -el 8 de julio- el escrito solicitando el acogimiento a la Ley Concursal. Según el auto judicial, transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, «el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes siguiente», por lo que el plazo para declarar el concurso acaba este mes. Eso sí, por ahora la empresa no ha movido ficha.
La situación, lejos de mejorar, empeora por momentos para todos: IMAS, ayuntamientos, UGT, Comisiones Obreras, plantilla e incluso para la empresa, porque a las más de 50 denuncias tramitadas por los trabajadores por los impagos de sus nóminas suma otras 35 denuncias de proveedores en los Juzgados de Lo Mercantil 1 y 2 de Murcia.
Denuncia por vía penal
A todo esto se suma la irrupción en escena del fundador de la empresa de servicios sociales y sanitarios en 1993, Juan José López Martínez, quien asegura que «mis tres hijos me deben 1.058.000 euros por la compraventa del 85% de las participaciones en Cruz Verde». El 15 de abril de 2009, López Martínez vendió a Juan José, Víctor e Isabel el 85% de la empresa por 1.260.000 euros, que se amortizarían en 126 cuotas de 10.000 euros.
El acuerdo incluía una auditoría sobre el importe neto de negocio de la sociedad, que facturó de 2 a 5 millones de euros en 2008, las cuentas de la empresa que fijaban una deuda de 201.416 euros con la Seguridad Social frente a los 908.329 euros de 2011 y un listado con el patrimonio de la sociedad: dos pisos en la Plaza de España de Cartagena, terrenos y un solar en San Antón. En el momento de firmar la operación, sus hijos solo eran poseedores del 15% de Cruz Verde. Pero tras rubricar la escritura de compraventa, el 100% de la firma paso a manos de sus hijos, aunque Juan José López Martínez se guardó una clausula de condición resolutoria que le «otorgaba derecho de tanteo en caso de que se produjesen tres meses de impagos de la letra convenida».
A fecha de hoy, este enfermero militar de 61 años y empresario vocacional ha cobrado 202.000 euros reclamando a sus descendientes y anteriores socios 1.058.000 euros «por la vía penal, porque el último pago lo efectuaron el 7 de junio por 6.000 euros y no han cumplido con la cláusula de derecho de tanteo». Cuando comenzaron a producirse los impagos de las cuotas, Juan José quiso hacer efectivo su derecho de tanteo, pero el 6 de junio se oficializó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, «la escisión parcial de Cruz Verde a favor de Servisenior como sociedad beneficiaria».
Según el proyecto de escisión, al que ha tenido acceso este diario, la justificación estratégica de esta operación es «separar de Cruz Verde la unidad patrimonial individualizada por el contrato con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas». Según este proyecto ,se argumentaba que «el detonante de la escisión» es el incremento en la demora del pago de las facturas por parte de la administración llegando a retrasar las mismas un año desde su vencimiento. Pese a todo asegura que «está abierto al diálogo» con su hijos para recuperar Cruz Verde «y reflotarla». De hecho propone negociar un aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social, fijar un plan de viabilidad con bancos y proveedores, practicar una auditoria y establecer una administración mancomunada con acreedores. Empresa y administraciones deberán decidir.
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