Los populares creen que hay «facturas en los cajones» y en varias poblaciones sospechan que se «están destruyendo documentos»
08.06.11 - 01:12 -
El traspaso de poder en los ayuntamientos de la Región que cambiarán de manos a partir del próximo sábado, en que se constituyen las nuevas corporaciones municipales, no se presenta fácil. El recelo sobre el estado de las cuentas públicas que herederán impera entre los alcaldes electos del PP que se harán cargo de municipios gobernados hasta ahora por el PSOE, por lo que la mayoría tiene intención de encargar auditorías internas en cuanto tomen el bastón de mando.
Pedro Chico, que se hará cargo de la alcaldía de Bullas después de 32 años de gobierno socialista, lo tiene claro: «Sabemos que vamos a encontrar facturas en los cajones, porque tenemos constancia de que existen facturas que aún no se han reconocido por el Ayuntamiento. De modo que lo primero es hacer una auditoría para conocer la situación económica y financiera real para después hacer un plan de reestructuración y de saneamiento».
Chico es uno de los nueve alcaldes electos del PP que ganaron por mayoría absoluta en municipios con gobiernos socialistas: Albudeite, Los Alcázares, Bullas, Campos del Río, Ceutí, Jumilla, Moratalla, San Javier y San Pedro del Pinatar. El PP ganó en otros dos municipios con alcalde del PSOE, Alhama y Mula, pero negocian posibles pactos con otros grupos para asegurarse la alcaldía.
El único caso en el que un candidato socialista arrebató una alcaldía al PP fue en Lorquí, y es precisamente su próximo alcalde, Joaquín Hernández, el que más tranquilo se muestra ante el relevo. Asegura que desde hace dos semanas mantiene reuniones con el gobierno popular saliente para el traspaso de poderes y que está recibiendo cumplida información de la situación del Ayuntamiento.
Joaquín Hernández no cree necesario realizar una auditoría de las cuentas municipales porque «conocemos la situación económica del Ayuntamiento, ya que nunca se nos ha ocultado el tema económico», según informa Fernando García Lozano.
Meses sin pagar las nóminas
Muy distinta es la situación en Moratalla, donde su alcalde electo, Antonio García, afirma que «la situación financiera es muy mala, porque han estado varios meses sin poder pagar las nóminas, e incluso hay comentarios de que pueden estar destruyendo papeles y de que han estado sacando de madrugada documentos del Ayuntamiento».
Por todo ello, Antonio García tiene intención de encargar una auditoría de las cuentas municipales de Moratalla. La misma medida que piensa adoptar Visitación Martínez en San Pedro del Pinatar. «Hay muchísimos problemas para pagar a los proveedores y hay edificios públicos que están funcionando con generadores de luz porque no se paga la factura a la compañía eléctrica», comenta Martínez. «Intuyo que las facturas pendientes de pago pueden superar los 20 millones de euros, pero no conocemos la situación real, por lo que, para establecer un plan de pagos a proveedores, antes hay que hacer una auditoría», agrega.
Por la puerta de atrás
Anastasio Bastida, próximo alcalde de Los Alcázares, cifra en «alrededor de 30 millones de euros» la deuda del municipio, por lo que piensa pedir una auditoría «nada más entrar». Bastida también se hace eco de «rumores en el Ayuntamiento» que hablan de «dos personas con cajas saliendo a horas que no son normales y por una puerta que no es la principal», aunque añade, en referencia a los casos de supuesta corrupción urbanística que han salpicado al municipio, que «tampoco quedan muchos documentos, después de todos los expedientes que se llevaron a los juzgados».
Otro municipio que cambia de manos tras un largo periodo de gobierno socialista es Jumilla, donde también se han propagado comentarios sobre destrucción de documentos y salida de gente con cajas llenas de papeles a horas extemporáneas. Sin embargo, el alcalde electo, Enrique Jiménez, no se lo cree. «Yo no he visto nada ni tengo constancia y confío en los funcionarios», afirma.
En cambio, Jiménez sí está convencido de que el estado económico del Ayuntamiento que asumirá será «un auténtico desastre», por lo que se une a los que encargarán una auditoría y «de forma urgente». Los últimos datos que maneja indican que existen 5,5 millones de euros de deuda a proveedores y otros tantos de préstamos pendientes de pago, y denuncia que el gobierno socialista en funciones «está pidiendo a proveedores que presenten sus facturas cuando tomemos posesión».
En Albudeite y Campos del Río también habrá auditorías. En el primero, José González Cortés, cree que, si bien ahora los problemas no son excesivamente acuciantes, sí que puede haberlos en cinco o seis meses si no toman medidas. En el segundo, Miguel Buendía, considera «casi obligado hacer una auditoría tras 24 años de gobiernos socialistas», aunque ya prevé que la situación que encontrará será «muy compleja», y cita sólo un indicio: «Han tenido que pedir un préstamo para pagar los seguros sociales de los funcionarios, lo que demuestra que hay problemas para llegar a final de mes».
El único de los alcaldes electos del PP que aún no tiene claro si pedirá una auditoría es Juan Martínez Pastor, de San Javier: «La transición se está produciendo sin problemas y, aunque no tengo ni idea de la situación real del Ayuntamiento, la verdad es que formalmente la liquidación de los presupuestos está al día», según informa Alexia Salas.
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