REGIÓN / Los restos del naufragio

31.10.10 - 01:21 - 

JULIÁN MOLLEJO jmollejo@laverdad.es | MURCIA.

Iban a traer riqueza y progreso, pero en muchos casos han acabado en una pesadilla económica y judicial para los ayuntamientos

De los más de 300 convenios urbanísticos firmados por los alcaldes de la Región durante los años del 'boom inmobiliario', sólo un 5% ha llegado a ejecutarse

Al menos siete alcaldes tienen problemas económicos por los convenios: unos porque nos les pagan y otros porque les exigen la devolución del dinero que ya cobraron

Fue una de las palancas del 'boom inmobiliario'; caldo de cultivo de pelotazos y escándalos; la herramienta preferida de la codicia urbanística y municipal. Fue la levadura que hizo crecer y crecer el bizcocho del ladrillo y fue también uno de los ingredientes que provocó su hundimiento. ¿Qué queda de los más de 300 convenios urbanísticos firmados en la Región de Murcia durante los años de la orgía inmobiliaria? Poca cosa si se tiene en cuenta que sólo una pequeña parte de estos convenios (un 5%), y de las decenas de miles de viviendas que comprendían, se han llegado a ejecutar al día de hoy; o mucho, si nos atenemos al desorden urbanístico que provocaron y a los casos de supuestas corruptelas que siguen salpicando la actualidad regional.

El último en aflorar lleva por nombre 'Umbra' y tiene su origen en la aprobación de seis convenios urbanísticos en el norte del municipio de Murcia firmados por el Ayuntamiento y los promotores entre los años 2001 y 2006.

El concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, imputado en este caso por una supuesta prevaricación, establece la primera precisión: «A mí no me parecen ni bien ni mal, pero hay que tener en cuenta que la figura de los convenios urbanísticos está recogida en la ley del Suelo, tanto la estatal como la regional, y que los ocho convenios que tenemos en Murcia son de ejecución y figuran dentro del plan general de ordenación urbana vigente, no son para la recalificación de suelo».

Buenos y malos

El director general de Territorio y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas, Antonio Navarro, es también de los que opina que hay convenios buenos y malos. «No veo mal los convenios que se enmarcan en el plan general y que se realizan en determinadas zonas para sectorizar, concretar las horquillas de aprovechamiento... y siempre que sean transparentes. Pero no soy partidario de aquellos otros que se realizan fuera del plan y que van dirigidos a la recalificación de suelo», comenta Navarro.

Jueces y fiscales, en cambio, no hacen estas distinciones. Al menos una docena de ayuntamientos (Águilas, Los Alcázares, Librilla, Totana, Mula, Campos del Río, Torre Pacheco, Cieza, La Unión, Fortuna, San Javier y Murcia) se han visto involucrados en procesos judiciales basados en los trapicheos que han rodeado la elaboración y aprobación de convenios urbanísticos.

Prevaricación, trafico de influencias, falsedad documental, cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, son algunos de los supuestos delitos que han salido a relucir en los casos judiciales con convenios urbanísticos de por medio.

El procedimiento, sobre todo en los casos de recalificación de suelo, era simple y muy provechoso. Un promotor avispado adquiría suelo no urbanizable a precio asequible. Negociaba un convenio urbanístico con el ayuntamiento, según el cual se le reclasificaba el terreno en urbanizable para construir cientos o miles de viviendas, y a cambio el empresario concedía una compensación al municipio, bien en especie, a través de obras de infraestructura, bien en metálico. Ambas partes salían ganando: el promotor obtenía enormes plusvalías con el suelo y se aseguraba una nueva urbanización y el ayuntamiento una suculenta fuente de financiación tanto por la compensación económica como por las licencias futuras para construir la urbanización. En el proceso, y con las ingentes cantidades de dinero que circulaban en la época dorada del ladrillo, hubo casos, según las investigaciones judiciales, en que se pidió u ofreció dinero para disipar dudas y engrasar la tramitación administrativa o bien se forzaron los límites legales para dar por buenos proyectos inviables e insostenibles pero muy lucrativos para ambas partes.

El arquitecto Felipe Iracheta, que lleva años criticando el abuso de los convenios como sustitutivos del plan general, opina que con esta figura «la política urbanística la marca el promotor de turno» y agrega, en un artículo publicado en 'Campus Digital', que lo «verdaderamente perverso de los convenios, tal como se negocian, es que realmente son innecesarios urbanísticamente, ya que la ley dispone que lo que no esté protegido puede ser urbanizado y no hace falta ningún convenio para decir lo obvio, a no ser, como suele ser el caso, que de lo que se trate es de trajinarse al promotor para que suelte la mosca que se reparten el agente intermediario, que suele ser un abogado (casi siempre el mismo) y el alcalde o concejal de turno».

Varios años después del atracón y tras el estallido de la burbuja inmobiliaria cebada a base de convenios, los acuerdos que iban a traer prosperidad y riqueza a los municipios han mutado, en muchos casos, en pesadillas económicas o judiciales para sus firmantes.

Los ayuntamientos de Abarán, Totana, Fortuna y, según IU, también Lorca, han sido llevados a los tribunales por promotores que reclaman la devolución del dinero adelantado por convenios suscritos que no han llegado a aprobarse. En otros casos, como Cieza o Ulea, han sido los ayuntamientos los que han tenido que dar facilidades para que los promotores abonen las cantidades pactadas. Campos del Río, cuya nueva casa consistorial debía haber construido Trampolín Hills, ha tenido que recurrir al Plan E para pagarla.

No hay cifras oficiales sobre cuántos convenios se llegaron a firmar. El director de Vivienda opina que más de 150, pero los cálculos de 'La Verdad', basados en las consultas a buena parte de los ayuntamientos y a la hemeroteca del diario, elevan la cifra a más de 300. Lorca está a la cabeza, con 68 convenios, y le siguen Totana (59), Abanilla (22), Fortuna (16), Torre Pacheco (14). Hay pocos municipios que no han recurrido a esta fórmula, como Alcantarilla, debido a que apenas tiene término municipal. Jumilla asegura que no llegó a firmar ninguno, pero Urbanismo le atribuye 25.

Lo que sí está claro es que sólo una mínima parte ha llegado a ejecutarse, muchos están en trámites y algunos han quedado definitivamente enterrados por problemas legales o medioambientales. Antonio Navarro cree que menos del 5% están en marcha y que muchos jamás llegarán a ejecutarse. Tanto para tan poco.