CARTAGENA/ El colapso judicial retrasa hasta un año casos de despido, deudas o convivencia

La celebración de vistas en lo Social, Contencioso, Familia o Primera Instancia acumula grandes demoras a pesar de los 'planes de choque'

20.10.10 - 00:43 - JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ /CARTAGENA./ La Verdad

Los 'planes de choque' impulsados en los dos últimos años por el Ministerio de Justicia sólo han aliviado la carga de trabajo que sufren los juzgados del partido judicial de Cartagena, donde sigue habiendo grandes demoras en la celebración de juicios y, en el caso del ámbito penal, en la aplicación de sentencias. La situación más grave se da en lo Social y lo Contencioso Administrativo, donde los jueces están señalando las vistas para dentro de un año.

Así lo denunció ayer el sindicato mayoritario en la Administración de Justicia en Cartagena, UGT, que llamó la atención sobre el perjuicio que este colapso supone no sólo para los trabajadores de los juzgados sino en especial para los ciudadanos.

«El atasco afecta a cuestiones como las reclamaciones por el impago de deudas, recursos contra despidos o decisiones de las administraciones públicas o problemas de convivencia familiar», explicó el portavoz de UGT, Ángel Mellado.

Según los datos recabados por este sindicato, en el ámbito de la Primera Instancia los jueces están fijando las vistas para marzo del próximo año, y en el de Familia para mayo. Además, en lo Penal hay unas tres mil sentencias pendientes de ejecutar.

La lentitud en la tramitación de expedientes se advierte también, según UGT, en que los juzgados de Primera Instancia están aplicando ahora resoluciones de asuntos de 2008.

La crisis económica está incrementando, además, el número de asuntos que llegan a esta parcela civil. «En lo que va de año, han abierto ya casi 8.800 procedimientos tanto monitorios, lo que significa reclamaciones por cuestiones como el impago de pagarés; verbales, por deudas de hasta 3.000 euros; u ordinarios, en los que no hay límites de cuantía», comentó a 'La Verdad' Mellado.

Más funcionarios y jueces

Éste realizó las manifestaciones coincidiendo con dos visitas de cargos del ámbito de la Justicia a Cartagena. Una fue la de los presidentes de los diecisiete tribunales superiores de justicia de España, que se reunieron en el antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM) en un encuentro sobre las últimas reformas de la Administración de Justicia. El otro encuentro fue el del consejero de Justicia de la Comunidad Autónoma, Manuel Campos, en el Colegio de Abogados de Cartagena con representantes de este colectivo para que le hicieran saber sus necesidades de cara a la transferencia de las competencias judiciales por parte del Gobierno central el 1 de enero de 2011.

UGT quiso denunciar la situación de saturación en los juzgados de Cartagena para reclamar el aumento de la plantilla de funcionarios en un tercio del número actual, lo que supondría disponer de unas setenta personas más; y la contratación de cinco jueces, que se distribuirían de la siguiente forma: tres para Primera Instancia, uno para el Contencioso-Administrativo y uno para lo Social.

Problemas informático

Otro de los problemas de la demora de los juzgados a la hora de resolver los problemas que le plantean los ciudadanos o las administraciones públicas es, según UGT, el nuevo programa informático implantado por el Ministerio de Justicia.

Se trata del 'Minera-noj', que según denunció Ángel Mellado está retrasando de una a dos horas el trabajo diario de los funcionarios en el 90% de los juzgados, en especial en los de lo Social, lo Contencioso-Administrativo y Primera Instancia.

¿Cuál es el problema? El representante del citado sindicato citó tres: uno, que las búsquedas deben hacerse de forma manual; dos, que no permite hacer modificaciones en un expediente y por tanto no se pueden «registrar incidentes en un mismo procedimiento»; y tercero, que obliga a hacer trámites individuales para asuntos que antes se resolvían de una vez y eso supone un «derroche de tiempo y recursos».

Como ejemplo, dijo que para embargar cinco bienes hay que redactar cinco decretos distintos, lo que supone un «despilfarro» de papel y tinta.