La Unión Europea ha lanzado un nuevo manguerazo de agua fría al proyecto urbanístico de mayor envergadura defendido en la última década por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, junto con los de Lo Poyo y La Zerrichera, descartados por problemas judiciales. Siguiendo la metáfora, lo relevante es que en este caso las autoridades comunitarias han echado sobre la macrourbanización más agua y aún más fría, porque no sólo insisten en sus dudas sobre el grado de impacto en el entorno del Mar Menor y el saladar de Lo Poyo sino que afirman ya que el proyecto en sí no está suficientemente justificado.
«Los motivos aducidos por las autoridades españolas para justificar este plan o proyecto son 'razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica', justificados en 'los 8.000 puestos de trabajo directos que generaría la actuación con una inversión de aproximadamente 1.000 millones de euros'. Sin embargo, no se aporta ningún documento o análisis que permita confirmar esa aseveración», afirma la Comisión Europea en un informe al que ha tenido acceso en exclusiva 'La Verdad'.
Se trata de una carta remitida el pasado mes de julio pasado por el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Ladislav Miko, al Ministerio de Medio Ambiente español y la Comunidad Autónoma en la que resume las conclusiones a las que ha llegado su departamento tras analizar la documentación remitida por esta última en relación con Novo Carthago.
Desde 2005, las autoridades comunitarias se han interesado en tres ocasiones por los pormenores de la macrourbanización proyectada por la promotora Hansa Urbana, que quiere levantar 12.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en una zona protegida por sus valores naturales. En concreto, el paraje de San Ginés de la Jara está incluido en la Red Natura 2000 y destaca por la presencia del humedal o saladar de Lo Poyo y una Zona de Especial Protección de las Aves (Zepa).
En su último informe a la Comisión Europea la Comunidad, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad (de la Consejería de Agricultura y Agua) explicó que había diseñado una serie de «medidas compensatorias» para reducir el impacto ambiental de la urbanización sobre la zona.
Datos de otros residenciales
Sin embargo, el Gobierno regional admitió que esas precauciones «mitigarían pero no eliminarían los riesgos de repercusiones negativas» sobre la Red Natura 2000, y en especial por las «especies y la potencialidad ecológica» de la ZEPA.
Ante esta respuesta, Bruselas pidió más papeles a las autoridades regionales para conocer con detalles si se cumplirá la llamada Directiva de Hábitats (en su artículo 6.4) y sigue insistiendo en que de momento no está acreditado «que se haya realizado una adecuada evaluación de las repercusiones del proyecto teniendo en cuenta los objetivos de conservación de los lugares de la Red Natural 2000 afectados».
En concreto, se refiere al paisaje de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y cita «los impactos acumulados con otros planes o proyectos existentes en la zona». Es decir, que no basta con evaluar de forma aislada Novo Carthago sino ponerlo en relación con la presión urbanística actual de la ribera del Mar Menor y los planes de nuevas urbanizaciones en la zona.
Bruselas echa en falta medidas «específicas» para la «conservación del lugar y los hábitats y especies perjudicados, y que sean proporcionales desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo».
Más y mejores medidas
La Unión rechaza por ejemplo restaurar sólo una parte del humedal de Lo Poyo, y quita valor a construir un Centro de Interpretación y Conservación del saladar. Es más, a su juicio esto último «no proporciona ningún tipo de compensación específica de los efectos negativos del proyecto» ni asegura «la coherencia global de la Red Natura 2000».
Bruselas pide un esfuerzo en cantidad y calidad, y sugiere a las autoridades españolas que apliquen el derecho europeo según los consejos de dos documentos de la Comisión.
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