- Más de 1,8 millones de trabajadores se verán afectados
- Los denunciados o sin laudo arbitral no se prorrogarán automáticamente
- La patronal asegura que, a pesar de ello, seguirá negociando
- Para los sindicatos, los trabajadores quedarán desprotegidos
Vídeos relacionados
Noticias relacionadas
RTVE.es/EFE
07.07.2013
Más de 1.300 convenios colectivos decaen este lunes -es decir, dejan de estar vigentes- debido a la aplicación de la reforma laboral que entró en vigor justo hace un año y que, entre otras cosas, declaró el fin de la llamada ultraactividad, una práctica que aseguraba la prórroga automática de un convenio vencido mientras no hubiese un acuerdo sobre uno nuevo.
En esa reforma se marcaba un año como plazo para cerrar las negociaciones abiertas, por lo que a partir de este lunes, todos los convenios vencidos o denunciados perderán vigencia "salvo pacto en contrario" y "se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación".
Ese decaimiento supondría que, en el caso de que no exista un convenio de ámbito superior, lostrabajadores afectados pasarían a regirse por el Estatuto de los Trabajadores, que en términos de remuneración, podría permitir aplicar el Salario Mínimo Interprofesional (establecido en 2013 en 645,30 euros al mes).
Los sindicatos avisan del perjuicio que supondrá para los trabajadores
Patronal y sindicatos no se ponen de acuerdo ni sobre los efectos que provocará esta situación, ni sobre el número exacto de convenios y trabajadores afectados por ella.
La patronal resta importancia al asunto y asegura que la negociación colectiva seguirá abierta este lunes y que espera que no se busquen problemas donde no existen, con lo que da a entender que no se dejarán decaer los convenios.
La patronal asegura que la negociación colectiva seguirá abierta
Por contra, los sindicatosven con mayor preocupación la situación generada, ya que el decaimiento de los convenios puede implicar un enorme perjuicio para los derechos de muchos trabajadores y han avisado de que llevarán a los tribunales los casos en los que se dejen de aplicar los derechos consolidados en esos convenios.
El pasado 23 de mayo, sindicatos y empresarios firmaron un acuerdo para evitar que se quedasen sin efecto los convenios caducados y en proceso de renovación. Ese pacto instaba a las partes -empresarios y sus empleados- a acordar darse más tiempo para negociar en los casos en que se viera buena voluntad de alcanzar un nuevo convenio, y en los casos que eso no ocurriera o que las posiciones de las partes estuvieran muy alejadas, buscar mediación externa.
Guerra de cifras
Aunque eso ha ocurrido en muchos casos, los sindicatos aseguran que quedan 1.320 convenios perjudicados por un eventual decaimiento que afectará a 1.844.479 trabajadores.
Sin embargo, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, cifra en no más de cien el número de convenios pendientes de negociar para evitar que decaigan este 8 de julio, una cantidad que ha calificado de "ridícula".
Según Rosell, los empresarios no están en la tesitura de no negociar y dejar que decaigan los convenios, por lo que ha opinado que no hay problemas evidentes en las negociaciones y que la inmensa mayoría se está resolviendo con normalidad.
Los sindicatos aseguran que de los 1.324 convenios pendientes, 953 son del ámbito privado (regulan las condiciones de 1.734.263 asalariados) y 371 del público (para 148.076 empleados).
En el ámbito privado los convenios pendientes son estatales y engloban colectivos tan dispares como los de tratamiento de aguas, peluquería y estética o empresas de trabajo temporal, mientras que en el público están los del personal laboral de la Junta de Andalucía y de ayuntamientos de toda España, así como de Paradores y de astilleros.
La patronal dice que a los convenios del ámbito privado hay que restar los que se han cerrado en los últimos días (estaciones de servicios y mataderos de aves y conejos), los que han desaparecido por la crisis u otras causas, y los más de 300 que se acordaron remitir a los sistemas de solución autónoma de conflictos.
Esta disparidad de criterios ha llevado a CC.OO. y UGT a hacer un llamamiento al Gobierno para pedirle que se replantee el límite de fecha que fija la reforma, porque de lo contrario "será responsable" de la conflictividad y de la pérdida de competitividadque se producirá.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha señalado esta semana que es responsabilidad de los agentes sociales evitar que los convenios queden sin efecto y ha descartado una intervención por parte del Ejecutivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario