Larioja.com
ALFONSO TORICES | MADRID.
José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han acordado la segunda reforma de la Constitución en sus 33 años de existencia para introducir en el texto un límite al déficit público de obligatorio cumplimiento. Los dos grandes partidos negocian ya la redacción de la regla constitucional con la que se garantizará a medio y largo plazo la estabilidad de los presupuestos de todas las administraciones públicas a través de un tope de gasto para evitar nuevo endeudamiento.
Tanto el PSOE como el PP prevén que las negociaciones terminen esta semana y que la reforma se complete y entre en vigor en septiembre, antes de que el 27 sean disueltas las Cortes con la convocatoria de las elecciones para el 20 de noviembre. No necesitan a nadie. Ambos suman más de los tres quintos de los escaños de las cámaras necesarios para aprobar la reforma, que ha sido rechazada por los grupos de izquierda. CiU no se decidirá hasta conocer la letra pequeña y el PNV es partidario del déficit cero como espíritu, pero no de constitucionalizarlo.
Los detalles de la regla aún se desconocen, pero se sabe que limitará el porcentaje posible de déficit y de deuda, vinculará a Estado y comunidades autónomas, establecerá algún tipo de flexibilidad en su ejecución y diseñará un escenario a aplicar entre el 2018 y el 2020. Alemania, el primero en introducir este freno del gasto en su Constitución, limita el déficit al 0,35% del PIB a partir del 2015 y lo prohíbe para sus 'lander' desde el 2019. Francia, que prepara también su aprobación, opta por una regla más flexible, en la que cada gobierno al constituirse tiene que decir en qué momento alcanzará el déficit cero y cómo lo hará.
El acuerdo, uno de los pocos entre ambos partidos en la legislatura que agoniza, fue desvelado por Zapatero durante la comparecencia en el Congreso para solicitar la ratificación del real-decreto aprobado el viernes con medidas para asegurar que España cumplirá su compromiso de reducir el déficit hasta el 6% del PIB en el 2011. La reforma constitucional cuenta con el respaldo de Rajoy y del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien reconoció que no dio su brazo a torcer hasta el lunes, cuando le convenció el jefe del Ejecutivo.
El presidente del Gobierno también se ha visto obligado a cambiar de opinión y a establecer límites constitucionales al déficit público tras un año en el que España se ha asomado varias veces al precipicio y ha visto cerca el fantasma del rescate, como Grecia, Irlanda y Portugal, por los ataques a la deuda pública derivados de la desconfianza de los mercados en la capacidad española para hacer frente a sus obligaciones. De hecho, Zapatero justificó la urgencia de la medida para «reforzar» el compromiso con el proceso de unión económica europea y como «una buena señal» para recuperar la confianza de los mercados.
Zapatero negó, pese a las acusaciones del PP, que su decisión sea «imposición» de nadie, pero admitió que en el cambio de postura ha pesado el «creciente consenso de las instituciones europeas» para que los estados de la zona euro establezcan un límite al déficit y a la deuda pública en sus constituciones antes del verano del 2012. Aunque no lo dijo, fue una de las condiciones fundamentales -o imposiciones- que los motores de la UE, Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, pusieron en su reunión del 16 de agosto para implicarse en la defensa de los estados que están en la diana de los especuladores y para que el BCE continuase con la compra de deuda para mantener sus primas de riesgo bajo control.
Una carta polémica
Rajoy no desaprovechó la oportunidad de restregarle a Zapatero su nuevo bandazo. Recordó que él ya propuso el límite constitucional al déficit en el 2010 y tuvo que aguantar que el Ejecutivo, encabezada por el presidente, Rubalcaba y Elena Salgado, descalificase su propuesta en más de una docena de ocasiones con «chanzas y gracias» sobre la medida por creerla innecesaria. «Creo que habría que haberlo hecho ya y las cosas hubieran ido mejor», comentó.
También intentó que el presidente reconociese su rectificación obligado por Merkel y Sarkozy y por eso le preguntó con insistencia si el BCE le había remitido una carta tras iniciar este mes la compra de deuda española y cuál era su contenido. Zapatero no quiso hablar de ello ni confirmar su existencia, pese a las reclamaciones a gritos desde los bancos populares. Se limitó a admitir cierta presión europea y de los mercados, y pidió centrarse en el consenso y dejarse de «discusiones bizantinas».
El jefe del Ejecutivo, que logró ratificar el decreto con la abstención de PP, CiU y PNV, volvió a decir que gobernará y tomará medidas contra la crisis hasta el 20-N, para lo que pidió el apoyo de todos. Rajoy, con un discurso del que se ve en la Moncloa, avisó a Zapatero de que dirige un Gobierno «de tiempo tasado» y le exigió que no vuelva a aprobar ninguna medida que pueda «comprometer a otros gobiernos», como ha hecho con el Impuesto de Sociedades, sin pactarla antes con él.
No hay comentarios:
Publicar un comentario