DAVID GÓMEZ /AMALIA LÓPEZ / la Opinión
Los profesionales de la enseñanza de la Región de Murcia no van a parar hasta que se elimine la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas aprobada por el Gobierno regional, que contempla una reducción de 75 euros mensuales en el sueldo de los docentes por la supresión de los acuerdos que permitían a los profesores tener una jornada laboral de 35 horas semanales. Así, los profesores de Primaria y Secundaria de la Región llevarán a cabo concentraciones, paros, encierros, asambleas con padres y alumnos y otras medidas de protesta en las próximas semanas para expresar su malestar por los recortes del Ejecutivo de Valcárcel y explicar las consecuencias de los mismos en la calidad de la enseñanza.
Los más de 500 colegios e institutos de la Comunidad Autónoma tienen previsto celebrar en los próximos días claustros extraordinarios para estudiar estas medidas de protesta y plantear otras como podría ser, según señalan fuentes sindicales, la negativa a organizar actividades extraescolares fuera del horario lectivo, como realizan habitualmente miles de docentes murcianos. Esta última acción, no obstante, tendría que aprobarla el consejo escolar de cada centro. «Queremos demostrar que no es aceptable la ironía de Valcárcel cuando afirma que se puede mejorar la calidad del servicio con los recortes. No es cierto. Si empeoran las condiciones laborales y salariales de los profesores, lógicamente se verá afectada la calidad del servicio educativo», señala Pedro Manuel Vicente, coordinador del Área Pública del sindicato Comisiones Obreras en la Región.
Estas acciones de protesta se combinan con la campaña de recogida de firmas que se está llevando a cabo en los centros educativos públicos de la Región, con el objetivo de presentarlas ante el Defensor del Pueblo nacional y solicitar de esta forma su amparo.
«Queremos combinar la acción sindical con la judicial», afirma Pedro Manuel Vicente, quien recuerda que los sindicatos han solicitado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que recurra la ley regional de los recortes ante el Tribunal Constitucional porque, consideran, en la normativa la Comunidad Autónoma legisla en materia laboral, una competencia del Estado. Asimismo, los servicios jurídicos de los sindicatos UGT y CC OO estudian otras medidas judiciales en el caso de que Zapatero –quien ha felicitado públicamente al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, por las medidas de austeridad aprobadas– no atienda a sus demandas. Entre estas acciones, los sindicatos podrían solicitar a los jueces que eleven al Tribunal Constitucional una «cuestión de constitucionalidad» sobre la ley, lo que paralizaría la aplicación de la misma, según los sindicatos.
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