CARTAGENA/ Zinsa reclama 91 millones a Quórum por Torreciega

La metalúrgica informa a la CNMV que destinaría todo el dinero a pagar sus deudas y a levantar la Ciudad del Zinc 09.03.10 - 00:31 - F. G. CARTAGENA. El consejo de administración de Española del Zinc (Zinsa) acordó en su última reunión interponer una demanda civil contra Quórum, la empresa que había comprado los terrenos de la antigua factoría de Torreciega para construir viviendas de lujo, por incumplimiento de contrato. Le exige 91 millones de euros, esenciales para su viabilidad, según informó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El consejo de administración se comprometió a garantizar que los 91 millones de euros se destinarán a pagar a los trabajadores, saldar la deuda con los acreedores concursales y posconcursales, e iniciar el proyecto industrial de la Ciudad del Zinc, «que sigue siendo el único objetivo», afirmó el nuevo portavoz del consejo, José Luis Moya Domenech. Este ex directivo de Navantia añadió que «ni Española del Zinc, ni sus responsables han hecho o quieren hacer operaciones inmobiliarias con esta empresa». Según el consejo, la única sociedad que se dedica al negocio inmobiliario es Quórum, y ante la situación actual, y pensando en los trabajadores, los acreedores y los accionistas, Zinsa ve necesario reclamar el dinero. Nuevo consejero José Luis Moya sustituye en el consejo a Roberto Cuens, propietario del 4% de la propiedad de la empresa, y ejercerá además de portavoz. La empresa trasladará la sociedad a la Alameda de San Antón, número 20 y creará una comisión permanente, formada por Juan Martínez, José Luis Moya, Juan Antonio Acedo y un representante de Cartera Meridional SA. Moya se comprometió a que el consejo «incremente su nivel de información y transparencia pública, y seguirá emitiendo comunicados para que los trabajadores, accionistas y acreedores conozcan la situación de Española del Zinc», explicó. También hizo referencia a la interrupción del proceso de recalificación en Torreciega. «Con recalificación es posible todo», argumentó el consejero, quien recordó que «el sentido común debe prevalecer porque no recalificar significa paro, y recalificar significa empleo y proyecto industrial en Cartagena». Pero el mensaje de Moya aún no ha llegado al Ayuntamiento, que ayer volvió a pronunciarse con unanimidad de los grupos políticos: no habrá recalificación hasta que la empresa pague los 40 millones de euros que debe a sus ex trabajadores, representados en el Pleno.