CARTAGENA/ Anse denuncia que la ribera sur del Mar Menor tendrá menos amparo que en 1987

07.03.10 - 01:13 - J. A. G. CARTAGENA. / La Verdad El portavoz de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Pedro García, insistió ayer en que la ribera sur del Mar Menor tendrá menos protección que en el Plan General de 1987. García consideró «fundamental» que los cartageneros «tomen conciencia» de que declarar 20 millones de metros cuadrados como Suelo No Urbanizable Inadecuado, en lugar de mantener la catalogación de Suelo No Urbanizable de Protección del Mar Menor, abre la puerta a una urbanización «brutal». El impacto sería «enorme» en un entorno de gran belleza paisajística y de un equilibrio natural frágil, porque el Mar Menor ya está sometido a una fuerte presión desde La Manga y otros núcleos ribereños y «lo estará mucho más» si sale adelante Novo Carthago, que incluye 10.000 casas y dos campos de golf junto al humedal de Lo Poyo. «El equipo de gobierno vende la idea de que deja la ribera sur a salvo de la urbanización, pero en realidad abre la puerta a urbanizar. Retiró la propuesta de declarar el suelo urbanizable, pero respecto a su pretensión de hace cinco años de hacer un gran pasillo del golf, no respecto a la situación del suelo que heredó», argumentó Pedro García. Cien cambios en 23 años García extendió su crítica a la Comunidad Autónoma, porque permite al Ayuntamiento ordenar esa zona al no protegerla con las Directrices y el Plan de Ordenación del Litoral de la Región. García aplicó esa crítica a Cala Reona, última playa virgen entre Calblanque y Cabo de Palos. Anse ve que el nuevo Plan sigue la deriva municipal de las últimas dos décadas, que incluye más de cien modificaciones del Plan de 1987 con tres objetivos básicos. Uno ha sido crear urbanizaciones como Novo Carhtago o la fallida de Lo Poyo; el segundo, aumentar la edificabilidad en planes parciales como los de San Ginés (La Chapineta), con torres de nueve alturas y unos 400 dúplex; y por último, recurrir a la Comunidad para legalizar casas ilegales levantadas en zonas protegidas ante la propia «pasividad» municipal