Detectan cien ocupaciones ilegales del dominio público en el litoral regional

La Demarcación de Costas gestionó 1.586 denuncias por instalaciones de temporada 03.11.09 - ALEXIA SALAS SAN JAVIER/ la Verdad

Liberar la costa de invasiones privadas resulta más difícil que luchar contra una plaga biológica. Para garantizar el uso público de las playas de la Región y preservar el valor ambiental de los 270 kilómetros de litoral murciano, la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha intensificado en los últimos años la vigilancia y, como resultado, abrió en 2008 un total de 97 expedientes sancionadores por infracciones a la Ley de Costas. Más maltratos a la costa que banderas azules. El 62,8% (61 expedientes) corresponden a ocupaciones y obras en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y en la zona de tránsito, tipificadas como graves. El 37,22% (36 expedientes) responden a circulación de vehículos y acampadas, que también figuran como infracciones graves. De los 87 expedientes resueltos, algunos de 2007, se formularon multas por valor de 182.554 euros. Los infractores tampoco se distinguen por el pronto pago, ya que 44 multas, por valor total de 74.101 euros tuvieron que ser enviadas a Hacienda para que fueran tramitadas por vía ejecutiva. La jefa de la Demarcación de Costas, Francisca Baraza, recuerda que también se producen expedientes de recuperación de la costa. Un total de 71 en cuatro años, de 2005 a 2008. Viviendas, casetas, muros y asfaltos en Cartagena, Mazarrón, San Javier, Águilas y un restaurante en la pedanía pinatarense de El Mojón. «Estamos trabajando en La Manga y el resto de la costa, abriendo fichas de ocupaciones y haciendo comprobaciones con equipos de GPS», indica Baraza. Los servicios de vigilancia de Costas formularon en el mismo año 1.692 informes y denuncias relativas a presuntas infracciones, la mayoría de ellas (1.586) debidos a instalaciones de temporada en playas o actuaciones de ayuntamientos costeros, otras 11 por obras e instalaciones en Dominio Público Marítimo Terrestre, y 95 en la zona de servidumbre de protección que se enviaron a la Comunidad Autónoma para que les abra expediente. Otro de los caballos de batalla de Costas son las concesiones, que suelen eternizarse, en parte por la amplitud de los plazos, pero sobre todo por la lentitud administrativa y los recovecos de la ley, que permiten recursos judiciales y juegos legales como la caducidad del expediente de caducidad. En virtud de todo ello permanecen viviendas en pie con incremento de volumen y superficie en zonas públicas de costa de Los Nietos (Cartagena), Mazarrón y las famosas pescaderías de La Ribera, cuya concesión finalizó en 2002. También un balneario de verano al que se incrementó altura y volumen en La Reya (Mazarrón). De oficio, Costas abrió tres expedientes de ocupación en Mazarrón y La Manga. Otras denuncias proceden de los propios ciudadanos en lo que la Ley de Costas llama expedientes de acción pública. De este modo, los particulares se indignaron en 2008 lo suficiente para denunciar la ocupación de embarcaciones fondeadas en las playas de La Ribera (San Javier) y pidieron que no se instalara un chiringuito en la playa del Tabal de La Manga. Denuncias de particulares Costas recibió denuncias de particulares contra los problemas que ocasionaba una escuela de vela en playa Honda (Cartagena) y por la construcción de un edificio que impedía acceder a la costa en Cabo de Palos. Los ciudadanos se dirigieron a Costas también para hacerse oír en contra de la construcción de dos diques en la playa Ensenada del Esparto en La Manga, por el estado de la Batería de Costa Castillicos en Cabo Tiñoso (Cartagena) y por diversos vertidos en las playas de Cartagena. Más corrientes de lo que cabe pensar resultan las construcciones que impiden el acceso público y libre al mar, como se aprecia en las denuncias ciudadanas en la Región.