CARTAGENA/ La aplicación de la Ley de Costas en el nuevo Plan General enfrenta al Ayuntamiento y al Ministerio

Urbanismo pide dejar fuera de una zona de protección 400 viviendas construidas a menos de cien metros del mar Son anteriores a 1987 y ocupan zonas que eran suelo urbanizable no programado en La Azohía, El Portús y Mar de Cristal JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA / La Verdad

La aplicación de La Ley de Costas ha originado un choque de posturas entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Demarcación de Costas del Estado en la Región a propósito del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La Concejalía de Urbanismo ha pedido a Costas que excluya de la llamada zona de servidumbre unas cuatrocientas viviendas construidas a menos de cien metros de la línea de mar antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1987. Con ello, quiere evitar que en el futuro el Estado pueda expropiarlas, por ejemplo, para hacer paseos marítimos. La polémica afecta, en su mayoría, al litoral oeste. En las áreas de La Azohía (Las Brisas, La Chapineta, Chapimar y las inmediaciones del solar del cuartel de la Guardia Civil) y El Portús hay construcciones que invaden la zona de protección siguiente a la de Dominio Público Marítimo Terrestre (que llega a una distancia de veinte metros al mar). También hay un grupo de casas afectadas en Mar de Cristal. El propósito municipal es que Costas, que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, haga una excepción con estas viviendas y las considere «urbanizaciones de hecho» anteriores a la entrada en vigor de la citada ley. «En papeles, es cierto que esas casas no estaban en una zona urbanística consolidada en 1987. Pero sí era una zona consolidada de hecho, porque había farolas, aceras y otros servicios urbanísticos. En estos casos, la línea de servidumbre debería llevarse a los veinte metros y no a los cien. De esa forma, garantizaríamos que el pleno dominio del suelo fuera de los propietarios de las viviendas y no de Costas», argumentó el concejal Joaquín Segado. El edil señala que una reciente sentencia judicial ha avalado una pretensión similar planteada a Costas por los dueños de viviendas en Mar de Cristal. El futuro de otras viviendas de esta zona del Mar Menor está pendiente de una decisión del Tribunal Supremo. Sin derribos La jefa de la Demarcación de Costas, Francisca Baraza, afirmó que su obligación es «la aplicación estricta de la ley» y señaló que la protección efectiva de la zona de servidumbre es una competencia que debía ejercer la Comunidad Autónoma. Ésta, añadió Baraza, debió sancionar a quienes infringieron las normas. La responsable ministerial descartó que por ahora haya derribo de edificaciones, pero indicó que los propietarios no podrán «aumentar los volúmenes» de éstas y que las casas quedarán dentro de la zona de servidumbre. «Nosotros nos regimos por los deslindes que se efectúan en aplicación de la Ley de Costas, no por el planeamiento urbanístico municipal. A lo mejor al Ayuntamiento no le gusta nuestro planteamiento, pero eso es así», advirtió Baraza. La postura de Costas respecto al nuevo Plan General es esencial, puesto que debe emitir un informe vinculante cuyas conclusiones debe incorporar el Ayuntamiento.