La Verdad La mayoría de las viviendas ilegales del entorno protegido de La Muela-Cabo Tiñoso podrán ser legalizadas, salvo las construidas sin licencia de obra a partir del 3 de abril del 2006. El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, ha expresado su "optimismo" en que el Ayuntamiento de Cartagena pueda regularizar la situación de la mayor parte del centenar de casas sobre las que pesan expedientes por falta de licencia de obra y por ocupar espacios protegidos, a raíz de los nuevos criterios que fijará la Comunidad Autónoma en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de ese entorno natural de 11.000 hectáreas.
«Entiendo que los responsables de la Comunidad ven con una óptica más positiva la búsqueda de una solución consensuada para estas viviendas. Un porcentaje muy alto de viviendas sería regularizable. Y yo soy optimista, porque podremos dar marcha atrás en algunos casos; pero todo lo construido a partir de la aprobación inicial del PORN, que no es mucho, no podrá legalizarse», anuncia Segado.
Plan de Recursos Naturales
La dirección general de Patrimonio Natural, que pertenece a la Consejería de Agricultura y Agua (tras la supresión hace dos meses de Desarrollo Sostenible), prepara modificaciones al texto inicial del PORN que evitarían al Ayuntamiento el derribo de muchas construcciones. El director general Pablo Fernández adelantó a La Verdad recientemente que habrá cambios en la delimitación del terreno protegido y en los usos del suelo.
Las novedades más importantes serán que la Gerencia Municipal de Urbanismo podrá dar permisos a los propietarios que se hayan hecho casas cerca de «núcleos rurales históricos o consolidados» (como Galifa, Perín o Los Puertos de Santa Bárbara); puedan acreditar que las viviendas están asociadas a usos productivos tradicionales, como agricultura o ganadería; u ocupen áreas sin «determinados valores» de hábitat.
La Consejería, que está contestando las alegaciones de administraciones, particulares y asociaciones, tiene intención de llevar en enero el texto definitivo del PORN al Consejo Asesor de Medio Ambiente. En todo caso, dejará en manos de las autoridades municipales la patata caliente de legalizar o derribar cada una de las viviendas.
El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, coincide con el director general de Patrimonio Natural, Pablo Fernández, en que ni la Comunidad Autónoma ni el Ayuntamiento de Cartagena pueden incurrir en una irregularidad administrativa o un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) por legalizar las casas.
«De momento no hay nada de eso. Si los tribunales ordenan derribar una vivienda, lo haremos. Pero las viviendas que puedan ser regularizadas conforme a la normativa de medio ambiente, serán regularizadas», dijo Segado.
Uso propio o venta
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y varios juzgados de Cartagena investigan denuncias acerca de la proliferación de casas ilegales en la zona oeste del municipio y la posible responsabilidad de las administraciones.
Sin embargo, en opinión de Joaquín Segado las administraciones «seguirán cumpliendo con la legalidad vigente». Recordó que hay expedientes abiertos por las construcciones sin licencia pero dijo que, en su opinión, «el derribo de una vivienda es algo complicado, porque lleva muchos trámites» y porque hay que considerar el daño que se le causa al propietario.
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