CARTAGENA/ Urbanismo abre la puerta a recalificar el suelo a Zinsa aunque no abra otra fábrica

13.12.08 - A. LÓPEZ / J. A. GONZÁLEZ CARTAGENA/ La Verdad Por más que la empresa Española del Zinc (Zinsa) asegura que no tiene intención de marcharse de Cartagena, en el Ayuntamiento piensan ya en la posibilidad de que eche el cierre y deje en la calle a sus 250 empleados. Lo creen porque no ven muchas posibilidades de que pague a los trabajadores las nóminas de noviembre y diciembre y las pagas extra ni de que presente pronto un proyecto de una nueva fábrica en Los Camachos que sustituya a la de Torreciega, actualmente en desmontaje. El gobierno municipal aseguró ayer que si la empresa cierra deberá dar las plusvalías de la venta del suelo industrial de Torreciega a los trabajadores y al municipio. Pero no aclaró si aprobará la recalificación aunque no se construya una nueva factoría. Mientras los obreros protagonizaron una tensa manifestación a las puertas del Palacio Consistorial para exigir que les paguen sus salarios, el Ejecutivo local envió mensajes confusos sobre el cambio de uso del suelo que ocupa la siderúrgica. La alcaldesa, Pilar Barreiro, dijo que los dueños de Zinsa «no se llevará nada» si cierran la empresa, ya que las plusvalías de la recalificación deben ser «para los trabajadores y para Cartagena». «No se llevarán nada» Zinsa ya ha cobrado un anticipo de 42 millones de euros de la promotora inmobiliaria Quórum (liderada por el empresario Miguel Durán, presidente de Proexport) por la venta de los terrenos. Y espera recibir otros 91 millones, ya que está previsto que la parcela acoja unas 4.000 viviendas. Minutos antes el edil de Urbanismo, Joaquín Segado, no aclaró si el suelo será para casas aunque la empresa no abra una nueva planta en el suelo que el Ministerio de Vivienda le cede en Los Camachos. Tras la Junta de Gobierno, Segado indicó que ésa es una «cuestión jurídica» que deben resolver los abogados municipales cuando se plantee si la empresa ha cumplido con el convenio con el Ayuntamiento para la recalificación. La clave es la ambigüedad con que fue redactado el convenio entre Zinsa y el Ayuntamiento. Ese acuerdo, aprobado por unanimidad por el Pleno municipal el 31 de julio del 2006 fija dos condiciones para cambiar el uso del suelo. Una es que Zinsa cumpla un acuerdo con los trabajadores para mantener los puestos o pagar determinadas indemnizaciones a cada uno de ellos (unos 17 millones de euros en total, según Segado; una cifra «difícil de calcular», según los obreros) si les despide. El otro es «la presentación al Ayuntamiento de Cartagena de documentación que acredite y garantice el traslado de la fábrica al Valle de Escombreras o cualquier otro emplazamiento que de mutuo acuerdo se fije en el término municipal». ¿Qué significa acreditar y garantizar el traslado? «Que nosotros nos lo creamos» a partir de esa documentación, respondió Joaquín Segado a los periodistas.