El consejero Bernal celebra que se inicie la revisión del actual modelo, que considera «injusto» para la Región, pero adelanta que el acuerdo será «muy difícil»
El Gobierno regional obtuvo ayer una respuesta favorable en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a dos de sus principales demandas en este ámbito: se acordó estudiar el establecimiento de objetivos de déficit diferentes en función de las circunstancias de cada comunidad y se dio el primer paso para la revisión del actual sistema de financiación autonómica, del que el Ejecutivo murciano reniega desde el mismo año que entró en vigor, en 2009.
El consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, salió anoche relativamente satisfecho de la reunión del Consejo de Política Fiscal. «Ha sido una reunión muy constructiva», explicó a 'La Verdad' a la conclusión del encuentro de este órgano encargado de coordinar las políticas económicas del Estado y las comunidades autónomas.
Sin embargo, Bernal no ocultó que aún falta mucho para que los favorables acuerdos adoptados ayer se traduzcan en resultados prácticos para la Región de Murcia.
El consejero celebró la decisión de crear un grupo de trabajo para comenzar a discutir un nuevo modelo de financiación autonómica, dado que el actual lo considera «injusto y discriminatorio» para la Región. Sin embargo, adelantó que «el acuerdo será muy difícil porque cada comunidad defenderá sus intereses» y, además, según advirtió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, porque no habrá más fondos para el nuevo sistema. Es decir, que el dinero a repartir será el mismo, lo que significa que si algunas comunidades mejoran su financiación, como es el anhelo de Murcia, será a costa de que otras pierdan.
Las comunidades y el Ministerio tienen por delante nueve meses para llegar a un acuerdo, puesto que el actual sistema de financiación concluye el 31 de diciembre de este año.
Bernal también saludó la creación de otro grupo de trabajo para estudiar la flexibilización del objetivo de déficit en función de las circunstancias de cada comunidad, un asunto que ha dividido abiertamente a las regiones en dos bandos.
Madrid, Castilla y León y Aragón se opusieron a esta medida, que consideran «discriminatoria», y defendieron que se mantenga el mismo objetivo de déficit para todas las regiones, que es del 0,7% para este año.
El resto de comunidades, incluida Murcia, que es una de las que hasta ahora no está cumpliendo con el déficit, sí se mostró a favor de establecer registros diferentes.
Bernal argumentó que «se tiene que tener en cuenta la financiación de cada comunidad, porque no es lo mismo Murcia, que percibe 162 euros por habitante y año menos que la media nacional, que, por ejemplo, Cantabria, que percibe 700 euros por habitante más que Murcia». El azote de catástrofes naturales, como el terremoto de Lorca y las riadas que recientemente ha sufrido la Región, son circunstancias que también obligan a realizar un esfuerzo de gasto mayor y que, según el consejero, deben valorarse a la hora de marcar el objetivo de déficit.
En este asunto hay otro obstáculo, además de la falta de unanimidad regional, que dificulta que la Región pueda salirse con la suya, y es que para que el Gobierno central flexibilice el déficit de las comunidades, antes la UE debe flexibilizar el objetivo de déficit de España.
Otro de los asuntos abordados en la reunión del CPFF fue el análisis de la reducción de entes públicos en cada región. Hasta el 1 de octubre de 2012, las comunidades habían cesado la actividad de 477 entidades de las 525 que se comprometieron a cerrar, lo que supone el 90,86% del total. La Región está por debajo de esta marca, ya que de los 49 entes que dijo que eliminaría solo lo ha hecho con 28, lo que representa el 57,1% el total. Sin embargo, Bernal expresó su confianza en que cumplirá el compromiso adquirido y que para 1 de octubre de este año estarán todos los entes clausurados o en trámites de liquidación.
También se habló en la reunión de la posibilidad de poner en marcha un nuevo plan de pago a proveedores, aunque de menor entidad que el primero, y de ampliar el fondo de liquidez autonómica para facilitar el pago de facturas a las comunidades.
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