La portavoz del PSOE acusa a su predecesor de pagar con dinero del partido a un asesor municipal

La Verdad

Como en el título de una exitosa serie de televisión de los años ochenta, en el PSOE de Cartagena los problemas crecen. Tras poner en manos de Madrid la investigación sobre el presunto uso irregular de un cheque de la Agrupación Sur por parte del edil José Manuel Torres, la Ejecutiva regional afronta otro marrón: la concejal portavoz del grupo municipal, Caridad Rives, ha pedido investigar y en su caso sancionar por falta muy grave a su predecesor, Juan Luis Martínez, por contratar presuntamente de modo ilegal a un asesor con dinero del partido.

Rives ha solicitado a los servicios jurídicos del PSOE que indaguen si Martínez se extralimitó en sus funciones al contratar a Juan Manuel González como jefe de gabinete del grupo municipal. Al igual que con Torres, el PSOE puede suspender de militancia y pedir el acta de edil a Martínez si ha cometido una administración irregular de los fondos del partido o de la Administración.

Martínez y Torres

La crisis nació en septiembre, cuando Rives prescindió del jefe de gabinete al dimitir Martínez por diferencias con la dirección regional. El asesor (militante del partido) reclama ser readmitido (como autónomo) o percibir una indemnización de 60.000 euros por despido improcedente. Según Rives, hasta hace poco ningún edil conocía el contrato. «Pensábamos que era personal de confianza.

Juan Luis ni pidió autorización al grupo ni podía usar el CIF del PSOE. Es una falta de responsabilidad muy grave que afecta a la imagen del partido», dijo la portavoz. Ésta no ha pedido sanciones para Torres, porque su caso es «orgánico».

Martínez dijo que no pidió expresamente permiso para firmarlo, pero que sí recibió el visto bueno del PSOE para que éste hiciera las retenciones al asesor. «No se le pagaba con dinero del partido, sino de la asignación del Ayuntamiento al grupo. Se ha justificado todo y la Tesorería municipal no ha puesto pegas».

El asesor dice que trabajaba para el grupo pero cobraba del PSOE porque aquél «no es una persona jurídica y carece de CIF».