Las jubilaciones y las plazas no reservadas serán amortizadas y solo se cubrirán las bajas en los servicios básicos
21.05.12 - 00:55 -
El Plan de Reequilibrio Financiero recoge un cóctel de medidas de ahorro que suprime y redistribuye puestos de trabajo vacantes, que no podrán superar el 4% del total, a la vez que no se aceptará ninguna solicitud de prórroga por jubilaciones, ya que la mayoría serán amortizadas. También se reducen los días libres adicionales de los funcionarios. Lo más destacado es el Plan General de Redistribución de Efectivos, que supondrá la eliminación de numerosos puestos de interinos.
El vicepresidente Juan Bernal ha informado al Ministerio de Hacienda y al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se va a iniciar «un importante» proceso de redistribución de empleados públicos que afectará a toda la Administración regional y que supondrá el «desplazamiento de funcionarios, tanto en el seno de una misma Consejería, como entre distintas consejerías». Con la redistribución se desplazarán empleados públicos de servicios donde son excedentes a destinos de jubilados recientes, interinos, asistencias técnicas y servicios prestados por empresas externas, cuyos contratos se van a cancelar, indica el Plan de Reequilibrio.
El Gobierno regional señala que en la Administración General hay actualmente 2.200 plazas cubiertas por interinos y cinco empresas contratadas que realizan servicios de información al público y tramitación de expedientes. Indica que «se amortizarán las plazas de origen de los funcionarios desplazados, así como todas aquellas que actualmente no se encuentren ocupadas por estar vacantes o reservadas».
El capítulo de personal se lleva uno de los mayores tajos en los presupuestos. La congelación de nuevos puestos de trabajo ha ajustado la oferta de empleo público al número mínimo de reposición estrictamente necesario, como los servicios de atención al público básicos o estratégicos. Igualmente, se suprimen o redistribuyen los puestos vacantes y no reservados que no se consideren necesarios. La tasa de plazas vacantes no puede superar el 4%. Está prohibido aumentar el número de puestos en las secretarías generales y técnicas.
Solo se sustituirán las bajas en los servicios básicos y no se podrán establecer jornadas y horarios que supongan un incremento retributivo. También se limitan las comisiones de servicios entre las diversas administraciones públicas, porque generan puestos vacantes. Como se ha venido publicando, se suspende asimismo el abono del 15% que restaba para la homologación salarial del personal del Servicio Murciano de Salud.
El Plan de Reequilibrio especifica que, con carácter general, no se aceptará ninguna solicitud de prórroga por jubilación. La tasa de reposición de jubilaciones será cero, salvo en colectivos muy específicos. También se eliminan los días libres adicionales por fallecimiento o tratamientos quirúrgicos de familiares, más allá de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Se suprimen igualmente los días adicionales de vacaciones por antigüedad.
La suma de las medidas correctoras de gastos de la Comunidad Autónoma alcanzará este año los 413,6 millones de euros, según el 'Plan Bernal' aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta cantidad es ligeramente superior a los 404 millones previstos inicialmente. Para el próximo ejercicio se estima un recorte adicional de 126 millones.
La Administración regional imprime por doble cara, deja envejecer sus equipos informáticos, elimina mensajería y limita el gasto de los teléfonos móviles. El recorte en la partida de gastos corrientes no es tan elevado como el de personal, pero da una idea de que nada se escapa a la tijera. Estas medidas de ahorro se iniciaron en 2008 y se han ido intensificando progresivamente, reduciendo el número de contratos de asistencia técnica, implementando medidas de ahorro energético en las dependencias administrativas, reduciendo las suscripciones de revistas, prensa y publicaciones, y limitando la impresión de libros.
Asimismo, ha disminuido la contratación de servicios para la entrega de mensajería oficial, utilizando los propios de las consejerías y fomentando el uso interno del correo electrónico, a excepción de los trámites que requieren el uso del papel por imperativo legal. También se centralizarán los contratos de viajes y alojamientos de los empleados públicos en comisión de servicios y se promoverá la administración electrónica. El ahorro llega al extremo de que las impresiones previas se realizarán en formato pdf y todas las fotocopiadoras imprimirán a doble cara.
Habrá un gasto máximo para los teléfonos móviles y su utilización se limitará al personal directivo o a los empleados cuyos trabajos requieran el uso de estos aparatos. Se bloquearán las llamadas de teléfonos fijos a móviles. Las pruebas selectivas para cubrir puestos de trabajo, de entrada muy limitados, se acumularán y se realizarán en instalaciones propias de la Comunidad Autónoma. Por último, se reducen con carácter general las subvenciones corrientes a los entes públicos, empresas privadas e instituciones sin ánimo de lucro, como se ha venido informando.
Muchas de estas medidas de ahorro están teniendo un impacto directo en las cuentas de resultados de las empresas de servicios, suministro y mantenimiento contratadas por la Comunidad Autónoma, que al final son 'las pagadoras' de este recorte. La Administración ha extendido las subastas a las contrataciones, con el fin de reducir los importes; a la vez que ha paralizado las inversiones en edificios y equipamientos, salvo las excepciones que apruebe el Consejo de Gobierno. En este sentido, se ha aumentado el periodo de renovación de los equipos informáticos y se ha dilatado la reposición del mobiliario.
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