La presidenta desoye todas las advertencias internacionales y golpea a la petrolera española en un gesto de carácter populista
Tras semanas de amagos, Cristina Fernández de Kirchner anuncia la nacionalización de la compañía
Cristina Fernández de Kirchner rompió ayer su silencio sobre la polémica abierta con España con la peor noticia posible para los intereses de Repsol: la expropiación de YPF. La mandataria hizo oidos sordos a las advertencias lanzadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y por la propia UE y compareció para, en un ambiente de exaltación nacional, anunciar el envío al Senado de un proyecto de ley para que el Estado -bajo el argumento de la «utilidad pública» de los recursos petrolíferos del país- tome el control del 51% de la petrolera.
Se trata de un ataque directo a la firma presidida por Antonio Brufau, pues el texto legislativo -compuesto de 19 artículos y «cincuenta páginas de argumentos jurídicos», dijo Kirchner- se refiere en exclusiva a las acciones que de YPF maneja Repsol (cuya participación total es del 57,4%). Nada señala, sin embargo, sobre el 25% en manos del grupo argentino Peterson. Eso sí, los fondos de inversión norteamericanos que controlan desde la Bolsa un 17% de YPF sí pueden estar tranquilos, pues la presidenta aseguró que nada sucederá a esas acciones.
Por si fuera poco, Kirchner, que cuidó hasta el extremo la escenografía de su desafío, ordenó intervenir la empresa de inmediato. De hecho, funcionarios estatales se presentaron en la sede de YPF y desalojaron a los hasta ahora responsables de la empresa (con el español Antonio Gómis a la cabeza) para sustituirlos por 'hombres de Cristina'. La iniciativa legal de Kirchner alude al objetivo de lograr el autoabastecimiento para Argentina, a fin de «garantizar el desarrollo económico con equidad social». Y establece que de ese porcentaje de control de YPF que se expropia , el 49% quedará en manos de las provincias productoras de petróleo y gas y el 51%, en las del Estado. Todos ellos votarán siempre lo mismo en el consejo de administración que forme la futura YPF en la que, explicó Kirchner, los trabajadores contarán con un representante. «Yo no soy eterna, y si alguien quiere algún día vender las acciones de YPF, la operación deberá ser aprobada por dos tercios del Senado, la misma mayoría que para reformar la Constitución», sentenció.
Un tanto nerviosa, rodeada de funcionarios, gobernadores, empresarios, sindicalistas y militantes partidarios, la presidenta dejó que una locutora leyera el texto del proyecto, y después hizo una presentación en 'power point' para explicar las razones que la han llevado a tomar la decisión.
Vaciamiento
Para justificar su resolución, la presidenta señaló que en 2011, por primera vez desde la llegada de Repsol al control de la compañía, Argentina se convirtió en importador neto de gas y petróleo, y que el total de combustible importado superó los 9.300 millones de dólares. «De proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, por el nivel de actividad económica que tenemos, nos tornaríamos en un país inviable, pero no por falta de recursos sino por políticas empresariales», dijo. Kirchner denunció también una caída de las reservas comprobadas del 50% desde 2001 a pesar de que la empresa no dio pérdidas. En ese mismo período, resaltó, YPF más que duplicó sus ventas. La líder peronista -que incluyó en su exposición un recuerdo a su fallecido marido y exhibió como si fuera una reliquia nacional un tubo del primer petróleo extraído en el país- acusó a Repsol de ·segmentar el mercado de hidrocarburos argentino». ¿Cómo? Dedicando el 80% del refino a gasolinas 'premium', destinadas a la exportación pero no a alimentar los automóviles o la maquinaria agrícola «del pueblo».
En alusión a las críticas provenientes de España, Cristina Fernández advirtió de que no responderá. «Esta presidenta no va a contestar a ninguna amenaza, porque soy una jefa de Estado, no una patotera».
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