Varios centenares de afectados por los impagos de la Comunidad a sociedades contratistas de mantenimiento y obra pública marchan por el centro de Murcia para exigir lo adeudado
Varios centenares de afectados por los impagos de la Comunidad a sociedades contratistas de mantenimiento y obra pública han marchado esta mañana por las calles de Murcia para exigir el cobro de estos atrasos. La protesta había sido convocada por la Asociación de Empresas de Mantenimiento y Construcción (Asemaco), de la que forman parte 40 sociedades contratistas con la Administración regional, y que pedía ayer al Gobierno murciano que les pague 50 millones de euros que se les adeudan desde hace dos años. La presidenta de Asemaco, Encarnación Inglés, ha explicado que los empresarios no pueden sostener más esta situación y están «al borde de la quiebra». Según Inglés, a estos 50 millones de euros se suma otra cantidad, que no cuantificó, correspondiente a obra pública «ejecutada, pero no reconocida en contabilidad para no elevar la deuda pública».
La manifestación ha partido a las 9 de la mañana de la Consejería de Obras Públicas, en la Plaza Santoña, para concluir frente a la Consejería de Economía y Hacienda, en Teniente Flomesta, y en ella se ham empleado, además, más de un centenar de máquinas pesadas y excavadoras, lo que ha ocasionado problemas importantes de tráfico desde primera hora de la mañana en pleno centro de la capital, con una gran afluencia de vehículos en las vías transversales a la marcha, según han confirmado fuentes de Policía Local. Inglés ha pedido perdón por las molestias que haya podido ocasionar la protesta, aunque ha pedido comprensión ya la complicidad de los viandantes, que no han dudado en mostrarles su apoyo.
Asemaco pretende forzar con acciones como esta una reunión con el presidente Valcárcel y con el nuevo consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal. Además, desde la asociación se prometen nuevas movilizaciones para la semana que viene, que podrían llegar, incluso, a trasladarse a Madrid. También han aprovechado para cargar contra Croem, por su aceptación del Plan de Pagos presentado por el Gobierno regional y contra el propio Valcárcel, al que acusan de mentir sobre la líquidez de las arcas públicas regionales.
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