González Tovar dice que el Ayuntamiento podría combatir la prostitución callejera si pidiera ayudas al Ministerio de Vivienda para edificios y calles
30.09.10 - 01:35 -
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA. La Verdad
La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha criticado la «falta de interés» del equipo de gobierno de Cartagena por acabar con el problema de la prostitución callejera en el casco antiguo de la ciudad mediante planes de rehabilitación de calles y edificios que pueden ser financiados con dinero del Ministerio de Vivienda.
Según ha informado a 'La Verdad' el departamento que dirige Rafael González Tovar, a tres meses de que termine el año el Ayuntamiento no ha presentado de momento ninguna solicitud de subvención para el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 ni para las diversas modalidades urbanísticas del Plan E.
A través de un portavoz, la Delegación recordó que el Gobierno ha puesto a disposición de los municipios numerosos fondos cuyo destino concreto es una elección de los ayuntamientos.
El Ejecutivo destacó que ese dinero está pensado entre otras cosas para contribuir a solucionar los problemas de degradación urbanística y marginalidad que sufren los cascos históricos y los barrios de la periferia, además de para reactivar el sector de la construcción.
La Delegación explicó que en junio del año pasado el Ministerio de Vivienda y el Gobierno regional firmaron un convenio para impulsar a través del citado Plan Estatal la rehabilitación de viviendas y edificios, así como la renovación urbana. El Gobierno de la Nación calculó que se podría mejorar 17.470 viviendas, lo que supone un 55% de todas las casas que pueden beneficiarse del plan.
Además, una de la novedades es que el Ejecutivo financia el desarrollo de cien proyectos para la erradicar infraviviendas.
Este último programa de subvenciones está incluido en el segundo Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo). Está enfocado a eliminar «los asentamientos precarios e irregulares de población en situación o riesgo de exclusión social, con graves deficiencias de salubridad, hacinamiento de sus moradores y condiciones de seguridad y habitabilidad muy por debajo de niveles mínimos aceptables».
Realojo de familias
Los beneficiarios son personas jurídicas, públicas o privadas sin ánimo de lucro, e incluyen una subvención máxima de tres mil euros anuales por vivienda para garantizar el realojo de las familias afectadas.
El Plan E recoge otras dos modalidades: ARIS (Áreas de rehabilitación integral de conjuntos históricos y centros urbanos) y ARUS (Áreas de renovación urbana).
La primera está pensada para recuperar conjuntos históricos, centros urbanos o barrios degradados, acabar con infraviviendas y hacer obras de urbanización y reurbanización. Las ayudas para esta modalidad serán de préstamos de hasta cinco mil euros por vivienda o 6.600 euros para remodelar cascos históricos.
En cuanto al programa ARUS, se trata de renovar barrios o conjuntos de edificios de viviendas incluso mediante demoliciones o sustituciones de edificios, urbanización o reurbanización, creación de dotaciones y equipamientos, o mejora de accesibilidad.
El Ministerio prevé ayudas de hasta 30.000 euros por vivienda sustituida y hasta 4.500 euros anuales para realojos temporales.
Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, en el Plan Estatal de Vivienda anterior el Ayuntamiento de Cartagena presentó una solicitud para rehabilitar viviendas en barrio de Santa Lucía y fue aprobado.
Fue en diciembre de 2008, la misma fecha en que también se dio luz verde a la reforma de viviendas en las zonas de Sanz Orrio y el Paseo de Ronda en Cieza, San Gil de La Unión y el centro histórico de Mula.
Antes, en mayo del año 2007, la Comisión Bilateral de Seguimiento del Convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad autorizó proyectos similares en las Casas de Carmelo de Abarán, la calle Orfeón Fernández Caballero y otras de Puerto Lumbreras, el barrio de San Cristóbal de Lorca y la zona de Ciudad Jardín de Las Torres de Cotillas.
Las críticas de la Delegación se enmarcan en su polémica con el Ayuntamiento por la prostitución callejera en calles como Las Beatas o San Fernando.
El consistorio considera que se trata de un problema de seguridad ciudadana que compete a la Comisaría y de una falta de regulación legal de esa actividad en España, y el Gobierno dice que el Ayuntamiento tiene que actuar en materia de salud pública.
Este diario preguntó al Ayuntamiento acerca de su postura respecto a las críticas de la Delegación y si tiene previsto solicitar ayudas al Ministerio, pero no respondió.
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