El comité de empresa anuncia querellas contra el consejo de administración "por daños morales" si el plan industrial no sale adelante
17.09.09 - 13:42 -
G. MÁRMOL CARTAGENA /La Verdad
Los trabajadores de Española del Zinc (Zinsa) irán andando desde Cartagena hasta Murcia para exigir a las administraciones y al consejo de administración de su empresa que desbloquen ya los trámites que deben permitir la construcción de una nueva factoría de zinc y una planta de paneles solares en el polígono industrial de Los Camachos.
La protesta, que no ha sido autorizada por la Delegación del Gobierno por un problema de plazos, comenzará el lunes por la mañana en la Alameda de San Antón de Cartagena y se prolongará durante tres días, que son las etapas en las que los trabajadores han dividido los casi 50 kilómetros que hay de distancia entre las dos ciudades.
En Murcia, acudirán a la sede de la Dirección General de Calidad Ambiental para exgiri que desbloquee el certificado de impacto ambiental que los obreros consideran clave para la recalificación de los terrenos de la antigua fábrica de Torreciega. Posteriormente intentarán entrevistarse con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel.
"Estamos indignados porque la empresa sigue incumpliendo reiteradamente sus compromisos con los trabajadores y las administraciones", ha dicho esta mañana en rueda de prensa el presidente del comité de empresa de Zinsa, Juan Paredes. No obtante, también ha advertido que la empresa Quorum Capital no ha pagado aún a Zinsa los 91 millones que debía abonar por los terrenos de la antigua fábrica de Torreciega, dinero necesario para poner en marcha el nuevo proyecto industrial.
Además, creen que mientras se prolongue esa situación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tampoco autorizará la ampliación de capital que Zinsa demanda y que permitiría la participación de dos grandes inversores en su nuevo proyecto para fabricar zinc y paneles fotovoltaicos.
Paredes ha recordado que en diciembre próximo vence el expediente de regulación de empleo que afecta a los 240 trabajadores y que la mayoría de ellos agotará en febrero de 2010 las prestaciones por desempleo. "Si esto no sale adelante, denunciaremos al consejo de administración por daños morales, a nosotros y a nuestras familias, y pediremos a la Fiscalía que investigue si hay posible delito en todo esto", ha advertido el presidente del comité de empresa.
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