CARTAGENA/ Los sindicatos denuncian que los profesores sufren agresiones y amenazas cada semana

La mayoría de los ataques son en forma de insultos e intimidaciones que descartan denunciar «por miedo o vergüenza» 19.05.10 - 00:48 - ANTONIO LÓPEZ CARTAGENA. / La Verdad

Uno de los puntos flacos que aún tiene el sistema educativo murciano es no haber conseguido que todos los abusos, amenazas y agresiones que sufren los profesores por parte de alumnos y familiares acaben en una denuncia formal. Sindicatos como CSI-CSIF y ANPE llevan años criticando esta situación y animando a las víctimas a que lleven ante los tribunales a sus agresores, pero a pesar de que se ponen todos los medios desde esas organizaciones y desde las administraciones aún hay muchos profesionales que temen enfrentarse a ellos. CSI-CSIF y ANPE coinciden en que casi todas las semanas se dan casos de violencia al profesorado en la Región de Murcia, pero que, «desgraciadamente», sólo las agresiones físicas más graves, y normalmente aquellas que son proferidas por los padres, llegan a los juzgados. Por contra, la mayoría de las ofensas, amenazas o actitudes violentas que padecen los profesores casi de forma semanal, quedan silenciadas dentro de los centros educativos, ya que son las propias víctimas quienes declinan denunciar. El último caso de agresiones a un profesor denunciado se dio anteayer en el colegio Nuestra Señora del Mar del barrio de Santa Lucía. Una madre abofeteó al maestro de su hijo porque el viernes le había reprendido a éste por pelearse con un compañero de clase durante el recreo. Según el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cartagena, Emilio Bernal, el niño no estaba considerado problemático. Depresiones El presidente del sindicato independiente ANPE (mayoritario en el ámbito de la enseñanza pública), Clemente García, explicó a este diario que aunque no tienen datos comarcales y municipales de las denuncias que se ponen por esta causa, sí dijo que el año pasado se registraron 182 en la Región de Murcia. Seis de ellas fueron físicas. Pero, ¿por qué no se denuncia? Desde los sindicatos señalaron que casi siempre es por «miedo y vergüenza». Muchos profesores «están tan deprimidos que llegan a creer que el problema son ellos. La mayoría de las ocasiones no lo ponen en conocimiento de las autoridades para que no se sepa que en su centro escolar hay problemas de este tipo», dijo Clemente Hernández. La gran mayoría de los profesores, aseguran los sindicatos, se limitan a notificar a la dirección del centro educativo lo ocurrido y es ésta, con el decreto para la mejora de la convivencia en la mano, quien toma las medidas correctoras contra la actitud del alumno en un último intento por recuperarlo. De esta forma la queja queda en el olvido y el profesor sigue indefenso. Desde la Consejería de Educación, Empleo y Formación, que dirige Constantino Sotoca, un portavoz aseguró que no se dan tantos casos como los sindicatos denuncian, o al menos en ese departamento no se hacen constar. Indicó que son sucesos esporádicos y que si realmente un profesor sufre una agresión, del tipo que sea, lo que deberían hacer es denunciar o ponerlo en conocimiento de la Consejería. A partir de la denuncia se pone en marcha un protocolo que tienen preparado para estos casos. Este conjunto de actuaciones prevé proporcionar ayuda jurídica y psicológica a los profesores en caso de que hayan sufrido una agresión ya sean físico o verbal. Autoridad Pública Los representantes sindicales llevan exigiendo desde hace un año el reconocimiento legal del docente como autoridad pública, es decir, como si fueran policías. «Es fundamental para poner freno a los problemas de violencia que sufren en las aulas ya que las penas por agredir a un funcionario se elevarían de dos a cuatro años. Además al profesional se le otorgaría la presunción de verdad que ayudaría a defender mucho más la figura del profesor», dijo Clemente Hernández. Hasta el momento pegar a un profesor no está considerado delito penal, y sólo está penado con una falta administrativa con una multa económica. «Hay ya sentencias que consideran que agredir a un profesor es atentar contra un funcionario público. Esto endurece las penas que se les impone a los agresores. Creemos que esto se debería generalizar en todos los casos», dijo un portavoz del área de enseñanza de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), Ginés García Roca.