CARTAGENA/ Las licencias de obra menor subirán un 50% y las de obra mayor, hasta un 45%

Hacer trabajos sencillos costará 75 euros y las tareas complejas en una casa unifamiliar, 360; en un bloque de pisos, 340; y en otros edificios, 328 

25.10.12 - 01:23 - 

JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ | CARTAGENA./ La Verdad

Hacer 'chapuzas' en la casa o reformas en el bloque de viviendas le saldrá más caro a los cartageneros el próximo año. La Junta de Gobierno Local estudia hoy una propuesta para aumentar las tasas por servicios urbanísticos de hasta el 50% de cara al próximo año. Las mayores subidas se refieren a la concesión de licencias de obra mayor y de obra menor, sin incluir dentro de esta última las de tipo 'exprés', que facilitan la apertura rápida de pequeños comercios.

CARTAGENA/ El plan urbano blinda el uso público del solar del cuartel de La Azohía

La calificación como equipamiento público en el Plan General impide que allí se construya el complejo turístico que se previó 

08.07.12 - 00:39 - 

EDUARDO RIBELLES |/ La Verdad

El solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil de La Azohía tiene el futuro sellado por el Ayuntamiento de Cartagena. Será un centro cívico al servicio de la asociación de vecinos y de los colectivos sociales y sectoriales que quieran utilizarlos, según el texto definitivo del Plan General. En el documento, que está a la espera del texto refundido definitivo, se descarta el uso turístico residencial que se aprobó inicialmente por medio de una licencia de obra. El problema ahora es saber cuándo podrá dársele esa utilidad a la parcela.

Sin antídoto contra los anuncios

Rocío González/ Cartagena/ la Verdad Vía Pública reclama civismo y apenas recurre a las multas para conservar la imagen de edificios o farolas o bancos El Ayuntamiento se declara incapaz de luchar contra la proliferación de carteles Las fachadas de muchos edificios e incluso el tronco de algunas farolas ha desaparecido. Casi no se ven, porque les cubre un manto de papel de todo tipo. «Se vende coche...», «Chica responsable busca trabajo», «¿Buscas trabajo? Llámanos», «Compro Oro»... Estos son algunos de los anuncios que deterioran el mobiliario urbano de la ciudad y cuya colocación está prohibida por la normativa municipal pero sigue siendo multitudinaria. Anunciarse en la calle es una práctica que va a más no sólo en el municipio, sino en toda España. En algunas ciudades como en Valencia, el Ayuntamiento ha tenido que tomar medidas drásticas para erradicar la plaga de carteles ilegales lo antes posible. Allí se multa con tres mil euros a los ciudadanos a los que sorprenden en plena infracción. En Cartagena, el concejal de Vía Pública, Javier Herrero, se muestra más reacio a sancionar a los infractores. «Sorprender a la gente y ponerle multas es muy difícil de hacer», afirma. Las farolas, los postes de teléfono y las zonas de obras se han convertido en improvisados tablones de anuncios. Existe una ordenanza municipal que recoge la imposición de sanciones económicas. Sin embargo, la dificultad para imponer las sanciones es alta. «Legalmente es muy difícil la tramitación de la sanción salvo que se encuentre al responsable en el instante en el que pega los carteles», explica Javier Herrero. Las brigadas municipales de limpieza y la unidad de desempleados que el Ayuntamiento contrata para detectar incidencias en la vía pública tienen el encargo de las autoridades municipales de eliminar todo lo que puedan. De hecho, en algunas farolas del centro sólo quedan restos de papel celo y poco rastro de los anuncios. De todas formas, en muchas otras calles y avenidas no pasan ni horas desde que quitan un folio hasta que alguien llega y coloca otro nuevo. «No podemos multar al señor o a la señora del que aparece el número de teléfono en el cartel porque, lógicamente, puede ser que esa persona no haya sido el que ha pegado el cartel. Podemos sancionar cuando vemos el hecho, pero insisto en que es difícil», añadió el responsable de Vía Pública. Normativa sin cuantías En cuanto a la cuantía de las multas que estipula la ordenanza, no hay un máximo o un mínimo, según dijo un portavoz de la Policía Local. «Todo depende del alcance de la la infracción, de dónde esté colocado el papel o el cartel, etcétera. En realidad, no hay ninguna cuantía fijada», comenta. Paseando por la ciudad, uno puede leer un reclamo publicitario en el que la protagonista en Marina, una joven profesora de matemáticas. Su número de teléfono está repartido por el mobiliario urbano del ensanche. «Realmente fueron mis alumnos los que colgaron los carteles. Y la verdad es que son efectivos, y más ahora en verano, porque hay muchos críos que necesitan clases de refuerzo de mates y los padres me llaman. Y, por supuesto, sale más barato poner un papel en la calle que pagar por poner un anuncio», destacó. Antonio, otro vecino con quien se puso en contacto este diario tras leer su anuncio en la calle, destacó también las ventajas de un sistema que sin embargo estropea la imagen de la urbe. «Si tu vas paseando y te paras en el semáforo, siempre te paras a mirar los carteles que hay al lado y, si es de algo muy atractivo o se refiere justo a algo que estás buscando, ¿a que coges el papelito con el teléfono y te lo llevas a casa? Yo lo he hecho en alguna ocasión. Por eso, ahora que lo necesito, cuelgo carteles», razonó. Al concejal de Vía Pública no le gusta este hábito, y reclama mayor civismo: «A todos nos encanta hablar bien de nuestra ciudad. Pero, ¿se puede hablar bien de Cartagena cuando hay decenas de anuncios que deterioran y degradan el mobiliario urbano? El Ayuntamiento puede recurrir a las multas, pero yo lo que pido a los vecinos es que cuiden la ciudad como algo propio».

CARTAGENA/ Silencio sobre la piscina de la consejera Palacios

La Verdad

El edil de Diputaciones, Nicolás Ángel, argumentó en la necesidad de no interferir en la investigación judicial su negativa a responder al PSOE y a Juan Luis Martínez sobre la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, y su marido, el ex presidente de la Junta de El Albujón José Miguel Rodríguez. Le preguntaron sobre la legalidad de su piscina y si se pagó con dinero público asfaltar e iluminar el acceso a su finca.

CARTAGENA/ La Guardia Civil investiga si la consejera de Sanidad se construyó una piscina ilegal

La Fiscalía abre diligencias informativas y agentes de la UCO piden documentación en el Ayuntamiento de Cartagena 21.01.10 - 00:37 - J. A. GONZÁLEZ / J. P. PARRA CARTAGENA. / la Verdad

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron anteayer en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena y solicitaron documentos relacionados con la construcción de una piscina cubierta en la casa de la consejera de Sanidad y ex concejal de Hacienda, María Ángeles Palacios, en el paraje del Las Lomas del Albujón. La UCO actuó después de que la Fiscalía Anticorrupción de Murcia haya abierto diligencias informativas a raíz de la denuncia de un particular. Se intenta determinar si las obras se llevaron a cabo de forma irregular. La Guardia Civil permaneció durante tres horas en la Gerencia de Urbanismo, en el edificio de San Miguel. Ayer, los agentes pidieron por teléfono más expedientes a la Concejalía de Descentralización (Barrios y Diputaciones). La Fiscalía intenta averiguar en primer lugar si la calificación del suelo en el paraje en que se levanta la casa de la consejera permite la construcción de una piscina con jacuzzi y una cubierta. El marido de Ángeles Palacios solicitó al Ayuntamiento licencia de obra menor, que le fue concedida el 14 de noviembre de 2007, según documentación a la que ha tenido acceso 'La Verdad'. En la licencia se explica que «la calificación urbanística de esta parcela, según el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, es suelo rústico, siendo posible la construcción de ese tipo de obra debido a que existe una vivienda unifamiliar y además ese tipo de construcción no se eleva sobre rasante». Cubierta sobre rasante La Fiscalía trata de aclarar si la cubierta de la piscina puede considerarse obra sobre rasante. La consejera defiende que no, porque según su versión es una plataforma que puede retirarse. Más allá de esta cuestión, la Fiscalía investiga si el Ayuntamiento de Cartagena se ajustó a su propia normativa urbanística al conceder licencia de obra menor. En este sentido, se investiga la actuación del entonces concejal de Urbanismo, Agustín Guillén, actual vicealcalde. También se intenta aclarar si se pagó con dinero público la toma de alcantarillado de la vivienda y el asfaltado y la iluminación de la entrada a raíz de una posible orden del entonces presidente de la Junta Municipal Vecinal de El Albujón, José Miguel Rodríguez, esposo de María Ángeles Palacios, con la autorización de la Concejalía de Barrios y Diputaciones. Rodríguez renunció al cargo después del verano por «motivos personales», según informó el Gobierno municipal. Una vez que haya analizado toda la documentación y realizado las investigaciones que considere necesarias, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que decidir si solicita al juez la apertura de diligencias o archiva el caso.

El ayuntamiento de Cartagena convoca un concurso para el plan de accesibilidad del casco urbano

EFE Murcia, 5 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Cartagena ha convocado un concurso para adjudicar la realización del plan de accesibilidad en el caso urbano de esta ciudad, según la resolución a la que ha tenido acceso Efe. El presupuesto base de licitación para estas obras se ha fijado en 125.000 euros, mientras que el plazo de ejecución de las mismas será de seis meses. El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 16 de septiembre, y las mismas deberán ser entregadas en la Unidad Administrativa de Contratación. EFE

El Ayuntamiento adjudicará este mes la cubierta del parque arqueológico del Molinete

EFE Cartagena, 2 sep (EFE).- El ayuntamiento de Cartagena sacará a contratación este mes la cubierta de 1.800 metros cuadrados de policarbonato y chapa perforada que se construirá para proteger el yacimiento arqueológico del Molinete y permitir las visitas del público. La concejala de Cultura Rosario Montero ha indicado que los últimos hallazgos "han sorprendido a todos" porque los edificios que formaban parte de este antiguo asentamiento romano contienen pinturas en buen estado de conservación. El ayuntamiento y la consejería de Cultura encargaron a los arquitectos Andrés Cánovas y Nicolás Maruri un proyecto para cubrir estos hallazgos y protegerlos de las inclemencias meteorológicas y del sol, así como la construcción de una pasarela en altura que permita que se puedan visitar. Rosario Montero ha explicado que coincidiendo con el final de la campaña de este año el director del parque arqueológico del Molinete José Miguel Noguera se encuentra en la escuela francesa de Arqueología en Roma haciendo un estudio sobre los edificios y materiales recuperados en el yacimiento de cara a la exposición que ayuntamiento y Comunidad organizarán a finales de este año. La concejala de Cultura ha señalado que los restos arqueológicos del Molinete podrán ser visitados mientras se siguen realizando sucesivas campañas de excavación de sus restos. EFE

La recuperación y musealización del Cerro del Molinete “hará de Cartagena una de las capitales culturales del Mediterráneo”, destaca Cruz

CARM El consejero presenta, junto a la alcaldesa del municipio, el proyecto de cubrición de los restos arqueológicos, al que Cultura y Turismo destina 1.500.000 euros El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, junto con la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, presentó hoy el proyecto de cubrición de los restos del Cerro del Molinete, en Cartagena, junto al director de las excavaciones, José Miguel Noguera, y a los arquitectos responsables del proyecto Nicolás Maruri y Andrés Cánovas. El proyecto, cuyo objetivo es la creación de un parque arqueológico urbano, se encuentra dentro de las actuaciones que la Consejería, a través del consorcio ‘Cartagena Puerto de Culturas’, tiene previstas para los años 2008 y 2009. El presupuesto global para la realización de la cubierta es de 1.500.000 euros, y se prevé que los trabajos finalicen a mediados del año que viene. Según explicó el consejero, “por la magnitud de los hallazgos arqueológicos, cuando el yacimiento esté musealizado en su totalidad, va a estar a la altura del Teatro Romano o del Anfiteatro, con lo cual ni siquiera podemos hablar de un complemento de aquellos, sino de otro núcleo importante que acabará convirtiendo a Cartagena en una de las grandes capitales culturales de todo el Mediterráneo, si ya no lo es”. El grado de conservación que presenta el edificio, con muros que superan en ocasiones los cuatro metros de alzado, donde incluso a veces, se ha mantenido la pintura mural in situ, fue lo que llevó a plantear la necesidad de construir una cubierta que asegurara la correcta conservación y exposición de estos restos tan frágiles. El elemento principal de la actuación es una cubierta ligera de unos 1.800 metros construida con policarbonato y chapa perforada, cuya misión principal es la protección de la lluvia y del sol en las zonas más sensibles del yacimiento. Dicha cubierta se apoya en una estructura metálica que evitará daños en el conjunto de la excavación. La actuación se complementa con una pasarela en la cara urbana del yacimiento que permite la visita desde una cota superior a la de los restos, resolviendo las visitas de discapacitados, a través de rampas y de mecanismos salva escaleras. El yacimiento se iluminará con elementos generales y con luz natural; en cuanto a la iluminación artificial, el edificio está concebido para la captación de energía solar con paneles de autoabastecimiento que podrán ser instalados en una segunda fase y así obtener el abastecimiento necesario por medio del propio edificio. Asimismo, el edificio está preparado para el reciclaje de agua que podrá ser utilizada para riego del futuro ‘Parque Arqueológico’, pudiendo llegar a recoger anualmente unos 600 metros cúbicos, por lo que se podría hablar de un edificio autosostenible y ecológico. Los datos de que se dispone indican que se trata de un área pública de la ciudad de finales del siglo I a.C.-inicios del I d.C., muy próxima al Foro. En el interior de este espacio, se encuentran las Termas, posiblemente delimitadas a ambos lados, por sendas palestras, la primera con una funcionalidad más lúdica y la segunda, con un carácter más representativo. Situado en el muro norte de las termas se han encontrado unos refugios con largas galerías y cinco estancias de unos 150 metros cuadrados que conectaban la calle Honda con las Puertas de Murcia. Además, se ha encontrado un edificio del S. XVII con tres dependencias. A continuación, se ha excavado un edificio, interpretado en un primer momento como domus, aunque a partir de los últimos estudios realizados, se plantea que podría tener un carácter público, quizás como sede de una corporación, de unos 1.000 metros cuadrados en superficie, articulada con planta baja y primer piso. La excavación arqueológica del Atrio, el Tablinum y las cuatro grandes aulas que configuran el sector más septentrional de este edificio ha supuesto la recuperación de un interesante ciclo pictórico. El Parque Arqueológico del Cerro del Molinete tendrá cerca de 25.000 metros cuadrados, con lo que será el parque arqueológico de mayores dimensiones de toda la península ibérica enclavado en una ciudad. La musealización de los restos se realizará de forma paralela a las excavaciones.

Urbanismo quiere vender los solares de el Molinete y Monte Sacro por parcelas

La crisis y la dificultad de venderlos juntos por 36 millones llevan al Ayuntamiento a plantearse su subasta por paquetes de varias fincas ANTONIO LÓPEZ CARTAGENA/ La verdad

La actual crisis inmobiliaria y la imposibilidad de encontrar un promotor que pague 36 millones de euros por quedarse en propiedad los terrenos del Molinete y Monte Sacro ha obligado a la Gerencia Municipal de Urbanismo a replantearse su estrategia para configurar dos nuevos barrios en plenos centro de la ciudad. El concejal del área, Joaquín Segado, anunció ayer que el Ayuntamiento se plantea sacar a concurso público los solares de ambas zonas divididos en parcelas, para así facilitar su venta. La Concejalía de Urbanismo iba a sacar a subasta de forma conjunta el suelo del Molinete y el Monte Sacro para que un solo promotor pudiera construir 750 viviendas a cambio de renovar las infraestructuras básicas (alumbrado, agua, aceras, etcétera). Sin embargo, a la vista de la crisis económica actual el Ayuntamiento considera que no obtendría el precio mínimo por el que fue tasado el terreno, por lo que para que le sea mucho más fácil venderlo ahora quieren sacarlo a la venta por parcelas o paquetes urbanísticos. «Nuestro objetivo es que la administración municipal obtenga fondos con esta venta, a la vez que se consigue la regeneración de la zona, debido a su atractivo comercial», explicó Segado. Si lo venden por parcelas el Ayuntamiento será el encargado de urbanizar toda la zona y se verá obligado a asumir todos los costes de las obras. ¿Quién urbaniza? Por ello, Urbanismo no descarta también sacar a subasta los terrenos por paquetes urbanísticos en el que estarían integradas varias parcelas. En este caso sería una empresa urbanizadora la que se haría cargo de esos gastos. La última tasación de los terrenos del Molinete y el Monte Sacro encargada por la Concejalía de Urbanismo valoró en 36 millones de euros el precio global de los solares incluidos en ambos planes parciales. De la forma que sea, juntos o por parcelas, el Ayuntamiento quiere vender los terrenos. «A qué cartagenero no le gustaría tener una vivienda en esta zona, que tendrá comercios y todos los servicios, y si además a eso le añadimos que está en el centro de la ciudad aún más», comentó Joaquín Segado. Anulación de la expropiación Los planes del Ayuntamiento para regenerar los solares de estas dos zonas céntricas de la ciudad se han visto paralizados por la sentencia, conocida el pasado martes, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena que declaró nulo el proceso de expropiación del Monte Sacro. En este sentido, Segado, tras la reunión de la Junta Local de Gobierno de ayer, dijo que «la decisión de la juez la acatamos aunque no la compartimos porque es contradictoria, así que hemos tomado la decisión de recurrirla». El proceso fue anulado por falta de publicación de las normas del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico (PEOP) y por la incompetencia de la alcaldesa para aprobar dicho decreto, ya que eso era responsabilidad de la Junta de Gobierno. El Ayuntamiento alegará en su recurso que en la tramitación de las expropiaciones se siguió el mismo procedimiento que en la del Barrio Universitario y el Molinete, en las que en sentencias anteriores del juzgado de lo Contencioso se mostró favorable al Ayuntamiento. En ambos procesos el PEOP se publicó en la forma que indica la Ley de Bases de Régimen Local. Por eso Segado dijo no entender por qué la juez ahora exige su publicación integra. Urbanismo también alegará que la competencia de la alcaldesa para aprobar el decreto de expropiación procede de una normativa municipal que tuvo el visto bueno del Pleno en su día, por lo que «desde el equipo de gobierno entendemos que tenemos razón y por eso recurriremos para que se rectifique la sentencia lo antes posible», aseguró Joaquín Segado.

La contaminación en los terrenos de Zincsa en Torreciega no suponen un riesgo para futuros residentes, según un estudio

MURCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) - Española del Zinc S.A. (Zincsa) presentó el viernes pasado a la Comunidad un estudio sobre los terrenos en los que se asentaba su antigua factoría en Torreciega (Cartagena) que concluye que "la contaminación existente en el subsuelo de este emplazamiento y en las balsas de jarosita no supone ni supondrá ningún riesgo para los receptores potenciales, actuales y futuros", según comunicó hoy el Mercado de Valores (CNMV) en una nota de prensa. Este estudio, realizado por la Novaterra Medioambiental S.A., fue presentado el pasado viernes ante la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental del Gobierno regional como paso previo a la solicitud del certificado de compatibilidad con el uso residencial de los terrenos de Torreciega. Esta solicitud se basa en la caracterización de los suelos, y el correspondiente análisis de riesgos, para lo que Novaterra Medioambiental S.A. ha llevado a cabo una investigación detallada del estado del subsuelo y un análisis técnico de las antiguas instalaciones industriales de Española del Zinc. Los objetivos del estudio fueron determinar y cuantificar la presencia de contaminantes en el suelo y en las aguas subterráneas, cuantificar el volumen de suelo afectado por los diferentes contaminantes, y aportar todos los datos necesarios para la elaboración del análisis de riesgos. La conclusión de Novaterra Medioambiental S.A., según la nota, es que la contaminación existente en el subsuelo de este emplazamiento en Torreciega y en las balsas de jarosita no supone ni supondrá ningún riesgo para los receptores potenciales, actuales y futuros. Por su parte, Española del Zinc S.A. asume las recomendaciones que se efectúan en el análisis de riesgo y se compromete a excavar los suelos que constituyen el volumen de mayor concentración de los focos definidos en la campaña de investigación, unos 25.000 metros cúbicos, en su caso a tratarlos, y a gestionarlos en el vertedero autorizado. La petición formalizada hoy por Española del Zinc S.A. forma parte del proceso administrativo que permitirá la inminente descontaminación de esta parcela, cuya venta se haya comprometida con Quorum Investments, y por la que la compañía metalúrgica aún tiene cantidades pendientes de percibir, concluye la nota.

CARTAGENA/ Un juzgado declara nulas las expropiaciones de los solares del Monte Sacro

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia porque dice que las razones de la anulación son«meras formalidades subsanables» ANTONIO LÓPEZ CARTAGENA/ La Verdad

Junto al Molinete, el Monte Sacro es otra de las áreas del casco histórico de Cartagena que el Ayuntamiento tiene previsto recuperar mediante su reurbanización. Pero el proceso, que comenzó en el año 2005, ha dado un vuelco ahora y se ha visto frenado por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena que ha dictado nulo el proyecto de expropiación de esa zona, así como la designación de la Sociedad Municipal Casco Antiguo de Cartagena SA como la beneficiaria directa de los terrenos. La sentencia, hecha pública el martes, sentó como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento y a los responsables de la Gerencia de Urbanismo que ven cómo se detiene en seco su proyecto de regeneración de la zona. En ella se aduce que el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena (PEOP), en el que está incluido el Monte Sacro, fue aprobado de forma definitiva el 7 de noviembre del 2005 pero el acuerdo no fue publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). La segunda razón que esgrime el juzgado para anular el procedimiento es que el proyecto fue aprobado por la alcaldesa del Ayuntamiento y presidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pilar Barreiro, cuando «la competencia para dar el visto bueno a la expropiación y de designar a la entidad Casco Antiguo de Cartagena como la beneficiaria del proceso es de la Junta de Gobierno Local. «Este organismo es quien da el visto bueno a los instrumentos de gestión urbanística», según dice la sentencia a la que ha tenido acceso La Verdad. El recurso, en quince días Los servicios jurídicos municipales ya trabajan para preparar el recurso que deberán presentar antes de quince días. Pero el gerente de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, adelantó que, a su juicio, los argumentos de la sentencia «son meros defectos de forma totalmente subsanables que una vez solucionados no afectarán al proceso». Tampoco comparte el criterio del juez, ya que sí que hicieron público las normas urbanísticas del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena que la ley exigía. Pero en la sentencia la juez cree que «debíamos haber publicado el Plan íntegramente, algo que es muy complicado debido al gran número de hojas y planos que tiene», aseguró Jacinto Martínez Moncada. El gerente de Urbanismo insistió en que se sometieron a la ley de forma estricta. «Es la primera vez que nos pasa algo similar, por eso no estamos de acuerdo con la sentencia», señaló. Por otro lado, desde Urbanismo se argumenta que el Pleno del Ayuntamiento aprobó dar plenos derechos a la alcaldesa para aprobar los proyectos urbanísticos, «según se prevé en los estatutos de la propia Gerencia». 470 viviendas La anulación afecta a más de 50.800 metros cuadrados de los 58.000 totales del Monte Sacro. Concretamente, a la parte en la que el Ayuntamiento tiene previsto construir 470 viviendas con cerca de ochocientas plaza de aparcamiento. La demanda fue interpuesta por el procurador Vicente Lozano Segado en representación de Juan Antonio Sánchez Cañavate y Carmen Aznar Conesa, dos de los cientos de propietarios afectado por la expropiación. Su abogado, Javier Meseguer Barrionuevo, explicó a este diario que se trata de una sentencia «nula de pleno derecho», que «no es subsanable por la publicación de la sentencia», a pesar de lo que dicen los responsables de Urbanismo. «Al juzgado sólo le han bastado los dos primeros motivos de impugnación, el de no hacer público el Plan y el de la falta de competencia de la alcaldesa. Ni siquiera le hizo falta mirar las irregularidades a la hora de valorar los solares», apuntó el letrado. Javier Meseguer añadió que en el momento de expropiar, el Ayuntamiento estipuló en 76,41 céntimos de euros el valor del metro cuadrado, «cuando en los solares estaba previsto levantar pisos de cinco plantas. Por ello, el precio debió ser mayor».

El Ayuntamiento adjudica cuatro proyectos del Plan ZP al hijo del edil Pérez Abellán

J: A. González/ Cartagena/ La Verdad Enrique Pérez Blaya, también presidente de la Junta de Pozo Estrecho, cobra 28.000 euros por redactarlos Le encargaron 'a dedo' diseñar la reforma de calles Cuatro contratos a dedo relacionados con la remodelación de calles, siendo el hijo del concejal de Vía Pública y, además, un cargo público. Eso es lo que ha recibido del Ayuntamiento de Cartagena el presidente de la Junta Municipal Vecinal de Pozo Estrecho e hijo del concejal de Servicios y Seguridad Ciudadana Enrique Pérez Abellán, con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (Plan Zapatero). El vástago del edil, Enrique Pérez Blaya, ha recibido 28.000 euros de dinero procedente del Estado por la redacción de los proyectos para remodelar distintas calles en Los Barreros, Barriada Cuatro Santos, Los Dolores y El Llano del Beal, según han revelado la portavoz del Grupo Municipal Socialista Caridad Rives y el concejal Juan Luis Martínez. La empresa constitutida como único empleado por el propio Pérez Blaya, recién titulado como ingeniero de Caminos y quien se dio de alta como autónomo el pasado mes de noviembre, ha sido una de las elegidas de forma directa por el equipo de gobierno municipal para redactar 30 de los 63 proyectos del fondo estatal, dotado con 36,6 millones de euros. Los otros proyectos han sido hechos por los ingenieros y arquitectos del Ayuntamiento. Poco después de dar de alta su sociedad ante Hacienda y la Seguridad Social, el hijo de Pérez Abellán fue designado redactor de cuatro proyectos de ingeniería. Barrios y diputaciones Uno de los proyectos es el acondicionamiento de pavimentos asfálticos en calles de la Barriada de Los Barreros. Por esta obra, que ya ha llevado a cabo la empresa Levante Promosa S. L. por 189.347,74 euros, Pérez Blaya ha percibido ha percibido 6.391 euros. La segunda obra es el acondicionamiento del pavimento asfáltico y renovación de señalización vertical en Barriada Cuatro Santos. Ha ingresado 3.062,15 euros; los trabajos los hará J. A. Vicente C por 91.8764,58 euros . El tercer proyecto es la rehabilitación superficial de calzadas en diversas calles de Los Dolores, por cuyo diseño ha recibido 8.325,85 euros. La obra ha sido adjudicada por 247.277,78 euros a José Díaz García S. A.Por último, la renovación de servicios urbanísticos y pavimentación en El Llano del Beal le reporta 9.999,35 euros. Agromasan S. L. hará los trabajos en esta diputación por 299.980,58 euros. Por separado, los concejales Martínez (antiguo portavoz) y Rives denunciaron las adjudicaciones al hijo de Pérez Abellán. Ética y legalidad «El hijo del concejal ni tiene experiencia ni ha prestado sus servicios antes al Ayuntamiento. Y es un cargo público nombrado a dedo por el PP que cobra del erario público 600 euros al mes. Es un mal ejemplo por una cuestión de ética y porque, en plena crisis económica, muchas empresas se han quedado sin la posibilidad de optar a contratos», criticó Martínez. «Es un trato de favor. El gobierno tiene que depurar las responsabilidades políticas oportunas y el PSOE estudia llevar el tema a los tribunales por la posible incompatibilidad del cargo con la contratación de proyectos», dijo Caridad Rives. Pérez Abellán puede llegar a cobrar hasta 50.000 euros si también le adjudican la dirección de las obras.

«Ha sido una torpeza no medir las consecuencias y la asumo yo»

«Los técnicos dieron su visto bueno para contratarle, pero fue un error hacerlo» J. A. G. CARTAGENA/ La Verdad

Ha sido un error, una torpeza política no medir las consecuencias de contratar al hijo de un concejal para elaborar estos proyectos. Es un error que yo asumo plenamente». El vicealcalde y coordinador municipal de las inversiones previstas dentro del Plan Estatal de Inversión Local cargó ayer con toda la responsabilidad de la adjudicación de cuatro contratos de asistencia técnica al hijo del edil Pérez Abellán, y salvó públicamente la cara a su compañero de ejecutivo. Agustín Guillén aseguró que no hay ninguna ilegalida en el hecho de que Enrique Pérez Blaya sea presidente de la Junta Municipal Vecinal de Pozo Estrecho, y aseguró que él desconocía que ocupara este cargo público. El vicealcalde explicó que los técnicos municipales dieron su visto bueno a la contratación de Enrique Pérez Blaya porque consideraron que tenía las aptitudes necesarias para elaborar los proyectos de obra. «Los proyectos los ha hecho bien y las cantidades de las que estamos hablando no son grandes, teniendo en cuenta lo que suelen cobrar los estudios de ingeniería por este tipo de trabajos», añadió Guillén. No obstante, admitió que en el Ayuntamiento no habían trabajado nunca con Pérez Blaya y que conocían que es ingeniero de caminos a través del concejal Enrique Pérez Abellán. Guillén señaló que Pérez Abellán no había puesto su cargo a disposición de la alcaldesa, pero insistió en que «la situación no debe ir más allá». «Este error lo asumo yo. No hemos actuado de mala fe, admitimos que no hemos actuado de la forma más adecuada y pedimos disculpas a los ciudadanos». El vicealcalde expresó su confianza en el trabajo «honesto» de Pérez Abellán. Y concluyó: «Entiendo que se tome tiempo para reflexionar y pueda explicarse».

Urbanismo ofrece suelo a cambio de la vieja vía de Barrio Peral para hacer un bulevar

La Verdad ¿Será la negociación urbanística que desbloquee, después de más de una décadas, la transformación de la antigua vía del ferrocarril en una zona recreativa para Barrio Peral? El Ayuntamiento de Cartagena va a proponer al organismo estatal Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) la cesión de terrenos en alguna de las zonas que serán urbanizadas en la ciudad, a cambio de que le ceda la propiedad del tramo de dos kilómetros y medio entre Torreciega y Los Barreros para convertirlo en vía verde: es decir, un espacio para pasear o ir en bici. La Asociación de Vecinos del Barrio Peral y el colectivo Vía Libre, entre otras entidades, han reclamado en numerosas ocasiones a la Comunidad y al Ayuntamiento la rehabilitación y recuperación del antiguo trazado del tren. A pesar de que achaca a Adif el fracaso en las conversaciones para la compraventa del suelo, el gobierno municipal ha respondido a la demanda vecinal y hará una nueva oferta por el suelo. «Vamos a estudiar nuevas fórmulas para que el suelo pase a ser de titularidad municipal. Hay fórmulas de gestión urbanística interesantes, como facilitar a Adif suelo en el aprovechamiento urbanístico que se genere en alguna zona de expansión de Cartagena», adelantó a La Verdad el concejal portavoz, Joaquín Segado. Éste subrayó que en la operación se parte con dos ventajas: una es que la superficie ocupada por la antigua vía está catalogada como suelo de sistemas generales (que son los reservados para redes viarias y ferroviarias, parques y otras infraestructuras de uso público) y el fin que se le daría sería de interés general; y, en segundo lugar, que Adif podría emplear los terrenos que obtenga para uso propio o bien para obtener ingresos vendiéndolos. El pasado 21 de noviembre se conmemoró el décimo aniversario del paso del último tren por la zona y los vecinos celebraron una fiesta para dar a conocer su proyecto de crear una vía verde que entronque con la ronda norte y habilite un «gran anillo peatonal» de San Félix a Barrio Peral. Diferencias económicas Joaquín Segado aseguró que los aspectos económicos han dejado en agua de borrajas hasta ahora la negociación con Adif que depende del . «El Ayuntamiento tiene interés en adecentar y acondicionar la zona para que los cartageneros puedan disfrutar de un espacio que desde hace ya demasiado tiempo está inutilizado. Adif ha mostrado poco interés por hacer esto mismo, y las cantidades que nos ha pedido por el suelo han sido exageradas». «Nos han pedido 400 millones de pesetas y eso es inasumible para nosotros, pero esperamos que se abra una nueva etapa y podamos llegar pronto a un entendimiento para recibir los terrenos, elaborar el proyecto, hacer la reserva de dinero para las obras y llevar éstas a cabo. No es un proyecto de legislatura, pero intentaríamos abordarlo lo antes posible», señaló Segado, quien añadió que no puede dar una fecha para las obras. La propuesta de la Asociación de Vecinos de Barrio Peral pasa por la rehabilitación integral de la vía para construir un carril bici y una pista de deportes, restaurar el apeadero y acondicionar la plaza del Canthal. También recoge la creación de zonas recreativas para los niños y una pasarela de acceso norte para unirla a la plataforma de la antigua vía. Diez años esperando «Hay que tomar las medidas que sean menester. En diez años, todos los políticos nos han prometido un bulevar, carriles bici, bancos, pasarelas... vamos, de todo y más, pero luego...», advirtió el presidente de la Asociación de Vecinos, Eduardo Martínez. Ya en el 2001, los ayuntamientos de Cartagena, Fuente Álamo, Alhama, Totana y Mazarrón y la Comunidad Autónoma prometieron gestionar a través de un consorcio la conversión en rutas verdes de los antiguos trazados de ferrocarril que cruzan esas poblaciones.

Diez mil personas consultan el Plan General

EFE

Unas diez mil personas consultaron en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, mientras que treinta mil ciudadanos se interesaron por ese documento a través de la web municipal. La exposición pública del Plan General acaba el próximo lunes, tras lo que se podrá presentar las sugerencias y alegaciones. Durante los tres meses que estuvo a disposición de los ciudadanos, el equipo de gobierno mantuvo setenta reuniones con asociaciones, organismos locales y comarcales, empresas o juntas vecinales para presentárselo.

CARTAGENA/ Urbanismo abre la puerta a recalificar el suelo a Zinsa aunque no abra otra fábrica

13.12.08 - A. LÓPEZ / J. A. GONZÁLEZ CARTAGENA/ La Verdad Por más que la empresa Española del Zinc (Zinsa) asegura que no tiene intención de marcharse de Cartagena, en el Ayuntamiento piensan ya en la posibilidad de que eche el cierre y deje en la calle a sus 250 empleados. Lo creen porque no ven muchas posibilidades de que pague a los trabajadores las nóminas de noviembre y diciembre y las pagas extra ni de que presente pronto un proyecto de una nueva fábrica en Los Camachos que sustituya a la de Torreciega, actualmente en desmontaje. El gobierno municipal aseguró ayer que si la empresa cierra deberá dar las plusvalías de la venta del suelo industrial de Torreciega a los trabajadores y al municipio. Pero no aclaró si aprobará la recalificación aunque no se construya una nueva factoría. Mientras los obreros protagonizaron una tensa manifestación a las puertas del Palacio Consistorial para exigir que les paguen sus salarios, el Ejecutivo local envió mensajes confusos sobre el cambio de uso del suelo que ocupa la siderúrgica. La alcaldesa, Pilar Barreiro, dijo que los dueños de Zinsa «no se llevará nada» si cierran la empresa, ya que las plusvalías de la recalificación deben ser «para los trabajadores y para Cartagena». «No se llevarán nada» Zinsa ya ha cobrado un anticipo de 42 millones de euros de la promotora inmobiliaria Quórum (liderada por el empresario Miguel Durán, presidente de Proexport) por la venta de los terrenos. Y espera recibir otros 91 millones, ya que está previsto que la parcela acoja unas 4.000 viviendas. Minutos antes el edil de Urbanismo, Joaquín Segado, no aclaró si el suelo será para casas aunque la empresa no abra una nueva planta en el suelo que el Ministerio de Vivienda le cede en Los Camachos. Tras la Junta de Gobierno, Segado indicó que ésa es una «cuestión jurídica» que deben resolver los abogados municipales cuando se plantee si la empresa ha cumplido con el convenio con el Ayuntamiento para la recalificación. La clave es la ambigüedad con que fue redactado el convenio entre Zinsa y el Ayuntamiento. Ese acuerdo, aprobado por unanimidad por el Pleno municipal el 31 de julio del 2006 fija dos condiciones para cambiar el uso del suelo. Una es que Zinsa cumpla un acuerdo con los trabajadores para mantener los puestos o pagar determinadas indemnizaciones a cada uno de ellos (unos 17 millones de euros en total, según Segado; una cifra «difícil de calcular», según los obreros) si les despide. El otro es «la presentación al Ayuntamiento de Cartagena de documentación que acredite y garantice el traslado de la fábrica al Valle de Escombreras o cualquier otro emplazamiento que de mutuo acuerdo se fije en el término municipal». ¿Qué significa acreditar y garantizar el traslado? «Que nosotros nos lo creamos» a partir de esa documentación, respondió Joaquín Segado a los periodistas.

Urbanismo evitará el derribo de casi todas las casas ilegales del oeste

La Verdad

La mayoría de las viviendas ilegales del entorno protegido de La Muela-Cabo Tiñoso podrán ser legalizadas, salvo las construidas sin licencia de obra a partir del 3 de abril del 2006. El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, ha expresado su "optimismo" en que el Ayuntamiento de Cartagena pueda regularizar la situación de la mayor parte del centenar de casas sobre las que pesan expedientes por falta de licencia de obra y por ocupar espacios protegidos, a raíz de los nuevos criterios que fijará la Comunidad Autónoma en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de ese entorno natural de 11.000 hectáreas. «Entiendo que los responsables de la Comunidad ven con una óptica más positiva la búsqueda de una solución consensuada para estas viviendas. Un porcentaje muy alto de viviendas sería regularizable. Y yo soy optimista, porque podremos dar marcha atrás en algunos casos; pero todo lo construido a partir de la aprobación inicial del PORN, que no es mucho, no podrá legalizarse», anuncia Segado. Plan de Recursos Naturales La dirección general de Patrimonio Natural, que pertenece a la Consejería de Agricultura y Agua (tras la supresión hace dos meses de Desarrollo Sostenible), prepara modificaciones al texto inicial del PORN que evitarían al Ayuntamiento el derribo de muchas construcciones. El director general Pablo Fernández adelantó a La Verdad recientemente que habrá cambios en la delimitación del terreno protegido y en los usos del suelo. Las novedades más importantes serán que la Gerencia Municipal de Urbanismo podrá dar permisos a los propietarios que se hayan hecho casas cerca de «núcleos rurales históricos o consolidados» (como Galifa, Perín o Los Puertos de Santa Bárbara); puedan acreditar que las viviendas están asociadas a usos productivos tradicionales, como agricultura o ganadería; u ocupen áreas sin «determinados valores» de hábitat. La Consejería, que está contestando las alegaciones de administraciones, particulares y asociaciones, tiene intención de llevar en enero el texto definitivo del PORN al Consejo Asesor de Medio Ambiente. En todo caso, dejará en manos de las autoridades municipales la patata caliente de legalizar o derribar cada una de las viviendas. El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, coincide con el director general de Patrimonio Natural, Pablo Fernández, en que ni la Comunidad Autónoma ni el Ayuntamiento de Cartagena pueden incurrir en una irregularidad administrativa o un delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) por legalizar las casas. «De momento no hay nada de eso. Si los tribunales ordenan derribar una vivienda, lo haremos. Pero las viviendas que puedan ser regularizadas conforme a la normativa de medio ambiente, serán regularizadas», dijo Segado. Uso propio o venta La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y varios juzgados de Cartagena investigan denuncias acerca de la proliferación de casas ilegales en la zona oeste del municipio y la posible responsabilidad de las administraciones. Sin embargo, en opinión de Joaquín Segado las administraciones «seguirán cumpliendo con la legalidad vigente». Recordó que hay expedientes abiertos por las construcciones sin licencia pero dijo que, en su opinión, «el derribo de una vivienda es algo complicado, porque lleva muchos trámites» y porque hay que considerar el daño que se le causa al propietario.

Analizan si los terrenos de Zinsa en Torreciega admiten 5.250 casas

La Verdad

Analizarlo sí; aprobarlo, ya se verá. La Gerencia de Urbanismo de Cartagena va a estudiar la petición de la empresa Española del Zinc (Zinsa) para aumentar en 150.000 metros cuadrados la edificabilidad de los terrenos que ocupa su fábrica en el barrio de Torreciega, ahora en desmantelamiento.

La compañía, que vendió el suelo a la compañía Quórum tras lograr la recalificación de los terrenos, quiere obtener 50 millones de euros más para su nuevo proyecto industrial en Los Camachos. Esta operación se basa en la posibilidad de construir 5.250 pisos, 1.250 más de los previstos.

«Como tenemos que revisar la documentación presentada por Zinsa, analizaremos esta petición de aumentar la edificabilidad. Pero, a día de hoy, el Ayuntamiento sólo puede garantizar las resoluciones que ha adoptado por unanimidad [con los votos de PP, PSOE y MC]. Y la alcaldesa ya ha dicho que no a esa petición», comentó el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado.

El aumento de edificabilidad supondría incrementar la superficie residencial de los 340.000 metros cuadrados acordados por el Pleno a 490.000.

La alcaldesa ya dijo 'no'

El consejero delegado de la compañía, Manuel Pérez, ha justificado la petición para «garantizar con creces las necesidades de capitalización de la empresa». Según explicó, el plan de viabilidad, que pasa por el traslado a la Ciudad del Zinc en Los Camachos, «se vería sensiblemente mejorado y acelerado»; y además, se podrían crear ochenta puestos de trabajo.

Según fuentes de Urbanismo, como Zinsa quiere utilizar parte de la parcela de 600.000 euros en Torreciega para enterrar los residuos generados por su actividad industrial, sólo podría sumar nuevas casas a su proyecto haciendo torres de pisos más altas. Según cálculos de las citadas fuentes, los bloques podrían tener alrededor de una veintena de plantas.

Zinsa ya pidió hace unos meses aumentar la edificabilidad de la parcela que vendió hace dos años por 91 millones de euros a Quórum Capital Partners. La alcaldesa, Pilar Barreiro, respondió que la empresa de intentar engañar a las administraciones con continuos cambios de planes y retrasos en la presentación de la documentación.

La crisis aplaza el Molinete y el Monte Sacro

Urbanismo deja sin fecha el plan de rehabilitación de los céntricos barrios por temor a que ningún promotor pague en la subasta 35 millones de euros 11.10.08 - JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ/La Verdad

Después de doce años de trámites administrativos y polémicas políticas sobre la lentitud de las gestiones, el proyecto de reurbanización de los céntricos y degradados barrios cartageneros del Molinete y el Monte Sacro se topa ahora con las consecuencias de la crisis económica en el sector de la construcción.

La Gerencia de Urbanismo ha decidido aplazar sine die la subasta pública en la que el Ayuntamiento tiene previsto adjudicar el suelo a promotores privados para que éstos construyan 750 casas a cambio de reformar las calles y dotarlas de nuevas infraestructuras y servicios (como aceras, alumbrado, tuberías de agua y gas...).

El concejal de Urbanismo, Joaquín Segado, confirmó ayer a La Verdad que el gobierno municipal ha optado por aparcar sus planes para esa zona del casco histórico ante la previsión de que ningún promotor esté dispuesto a pujar por el suelo por un precio mínimo acorde con su valor.

«El Ayuntamiento de Cartagena no puede renunciar al valor que tienen esos terrenos. Aunque todos desearíamos sacar adelante cuanto antes este importante proyecto de recuperación del casco histórico, lo más prudente es esperar a que la situación económica mejore antes de sacar a subasta el suelo», argumentó Joaquín Segado.

El edil recordó que hay muchas empresas promotoras y constructoras que están teniendo dificultades para vender viviendas recién construidas o que tienen en cartera en urbanizaciones, tanto del municipio como de fuera de él. Según Segado, estos obstáculos hacen pensar que, a pesar del atractivo de una zona como el corazón de la ciudad, los empresarios no invertirán en comprar nuevo suelo antes de dar salida a sus actuales productos inmobiliarios.

«Con los problemas de liquidez que tienen ahora mismo las empresas, tenemos dudas fundadas de que la subasta se quedaría muy a la baja. Lo más conveniente es aguardar un tiempo para despejar las incertidumbres. Nos gustaría dar una fecha de adjudicación, pero hay que esperar acontecimientos», señaló Segado.

En todo caso, el concejal de Urbanismo aseguró que el Ayuntamiento tiene adelantados todos los trámites para que, llegado el momento, sólo sea necesario fijar el precio mínimo de subasta (cuya cifra aproximada sería de 35 millones de euros).

Tras un largo proceso de expropiación de fincas y derribo de edificios en ruinas, el Ayuntamiento se ha hecho ya con casi todas las parcelas de ambos barrios.

Aunque en la mayoría de los casos ha llegado a acuerdos económicos con los dueños (a muchos de los cuales no localizaba y tuvo que citar a través del Boletín Oficial de la Región de Murcia), algunos han llevado a juicio al Ayuntamiento por considerar escasa la indemnización que les ofrece.

CARTAGENA/ Urbanismo reserva suelo para carreteras y una estación de transportes

El PP saca adelante la aprobación inicial del nuevo Plan Urbano, que recibe el voto en contra del PSOE y la abstención de MC antes de un plazo de alegaciones de 3 meses JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ/ La Verdad

El gobierno municipal echó mano ayer de su mayoría absoluta y sacó adelante en la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que diseña el desarrollo urbanístico del municipio para treinta años. El PSOE votó en contra y Movimiento Ciudadano (MC) se abstuvo. El documento lo aprobará el Pleno el 9 de octubre y se abrirá un plazo de alegaciones de tres meses.

«Es un plan al servicio de los intereses generales, y no sólo de los empresarios. Es un instrumento de desarrollo económico, que prevé un gran crecimiento del suelo industrial; permite una ordenación del casco urbano y los barrios para eliminar obstáculos a la expansión natural de la ciudad y mejorar la calidad de vida en barrios como Santa Lucía o San Antón con avenidas grandes y más plazas y zonas verdes; y garantiza que los que quieran vivir y trabajar en las diputaciones podrán hacerlo», resumió el concejal de Urbanismo, Joaquín Segado.

En una rueda de prensa en el Palacio Consistorial, Segado recordó las principales cifras del plan, que recoge cambios respecto presentado hace tres años por el arquitecto José Seguí. Citó que hay suelo para construir 96.000 viviendas; de éstas, el 30% serán de protección oficial (VPO), aunque en las promociones para estas casas la Comunidad Autónoma obliga a reservar otro 25% del suelo a uso hotelero (el Ayuntamiento ve ilógico aplicar las Directrices del Litoral fuera de la costa); el suelo industrial aumenta en un 36%, gracias a la ampliación del Valle de Escombreras y a la unión de los polígonos de Cabezo Beaza y Los Camachos; se recalifican como suelo urbano 2,3 kilómetros de costa (de 112), en Cala Reona e Isla Plana y La Azohía; y quedan como no urbanizables 20 millones de metros cuadrados junto al Mar Menor.

Colegios y hospitales

Una de las claves es que el Ayuntamiento reserva terreno para infraestructuras, pero no para la mayoría de nuevos equipamientos (instalaciones deportivas, sanitarias o educativas). Éstos los deja al desarrollo de cada zona, que depende del mercado inmobiliario.

El concejal defendió el delimitar terrenos bajo el epígrafe de sistemas generales porque las administraciones que hagan las obras tendrán suelo disponible; y porque el Ayuntamiento se ahorrará dinero y trámites; en vez de expropiar, compensará a los dueños con metros edificables.

Entre las nuevas carreteras están la ampliación de la de Canteras con dos carriles por sentido hasta el cruce de El Portús (sobre la rambla de Canteras); las circunvalaciones norte de Cartagena-Camino del Sifón (desde Los Dolores hasta Torreciega), de Molinos Marfagones (la ampliación de la N-332-1) y de La Palma (la variante de la F-36); y el desdoblamiento de la F-35 y su enlace con la AP-7 (Cartagena-Alicante).

También se prevé desviar las vías del tren de los núcleos rurales y hacer un intercambiador o estación para diferentes transportes entre Alumbres y Roche, junto al almacén de Tubacero.

En cuanto a los equipamientos, Segado dijo que sería «absurdo» plantear ahora dónde estarán, porque quizás hay zonas que no se urbanicen en diez o quince años.