El Supremo rechaza el recurso por la delimitación de Costas en Marchamalo

03.01.10 - 00:28 -

EFE MURCIA. MURCIA.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por los propietarios de terrenos ubicados en la Punta del Plomo, en las Salinas de Marchamalo, que pretendían que la zona de servidumbre del dominio público fuese de veinte metros, y no de cien, como se había acordado. El Alto Tribunal rechaza así el recurso de casación interpuesto por dos propietarios contra la sentencia dictada en marzo del año 2005 por la Audiencia Nacional y les impone el pago de las costas generadas por este recurso. Sin embargo, la Sala decide limitar la minuta del letrado de la parte recurrida, la Administración General del Estado, a la cantidad de 3.000 euros. Los recurrentes basaron su reclamación en que los terrenos afectados tenían la clasificación de suelo urbano cuando entró en vigor la Ley de Costas de 1988, lo que les permitía que la zona de servidumbre fuera de veinte metros. Sin embargo, el Supremo señala al rechazar su recurso que los demandantes no han conseguido acreditar esta circunstancia.

CARTAGENA/ La aplicación de la Ley de Costas en el nuevo Plan General enfrenta al Ayuntamiento y al Ministerio

Urbanismo pide dejar fuera de una zona de protección 400 viviendas construidas a menos de cien metros del mar Son anteriores a 1987 y ocupan zonas que eran suelo urbanizable no programado en La Azohía, El Portús y Mar de Cristal JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA / La Verdad

La aplicación de La Ley de Costas ha originado un choque de posturas entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Demarcación de Costas del Estado en la Región a propósito del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La Concejalía de Urbanismo ha pedido a Costas que excluya de la llamada zona de servidumbre unas cuatrocientas viviendas construidas a menos de cien metros de la línea de mar antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1987. Con ello, quiere evitar que en el futuro el Estado pueda expropiarlas, por ejemplo, para hacer paseos marítimos. La polémica afecta, en su mayoría, al litoral oeste. En las áreas de La Azohía (Las Brisas, La Chapineta, Chapimar y las inmediaciones del solar del cuartel de la Guardia Civil) y El Portús hay construcciones que invaden la zona de protección siguiente a la de Dominio Público Marítimo Terrestre (que llega a una distancia de veinte metros al mar). También hay un grupo de casas afectadas en Mar de Cristal. El propósito municipal es que Costas, que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, haga una excepción con estas viviendas y las considere «urbanizaciones de hecho» anteriores a la entrada en vigor de la citada ley. «En papeles, es cierto que esas casas no estaban en una zona urbanística consolidada en 1987. Pero sí era una zona consolidada de hecho, porque había farolas, aceras y otros servicios urbanísticos. En estos casos, la línea de servidumbre debería llevarse a los veinte metros y no a los cien. De esa forma, garantizaríamos que el pleno dominio del suelo fuera de los propietarios de las viviendas y no de Costas», argumentó el concejal Joaquín Segado. El edil señala que una reciente sentencia judicial ha avalado una pretensión similar planteada a Costas por los dueños de viviendas en Mar de Cristal. El futuro de otras viviendas de esta zona del Mar Menor está pendiente de una decisión del Tribunal Supremo. Sin derribos La jefa de la Demarcación de Costas, Francisca Baraza, afirmó que su obligación es «la aplicación estricta de la ley» y señaló que la protección efectiva de la zona de servidumbre es una competencia que debía ejercer la Comunidad Autónoma. Ésta, añadió Baraza, debió sancionar a quienes infringieron las normas. La responsable ministerial descartó que por ahora haya derribo de edificaciones, pero indicó que los propietarios no podrán «aumentar los volúmenes» de éstas y que las casas quedarán dentro de la zona de servidumbre. «Nosotros nos regimos por los deslindes que se efectúan en aplicación de la Ley de Costas, no por el planeamiento urbanístico municipal. A lo mejor al Ayuntamiento no le gusta nuestro planteamiento, pero eso es así», advirtió Baraza. La postura de Costas respecto al nuevo Plan General es esencial, puesto que debe emitir un informe vinculante cuyas conclusiones debe incorporar el Ayuntamiento.

Seguirán adelante los derribos de casas sobre la playa aunque ahora se puede vender su disfrute

Costas garantiza que la recuperación del litoral «no se ralentizará» con la nueva norma 03.02.09 - F. CARRERES MURCIA/ La Verdad

Baraza: «Quien compre lo hará a sabiendas de que no adquiere una propiedad» La recuperación de la primera linea de playa seguirá adelante, demoliciones de viviendas incluidas «tal y como estaba previsto, sin retrasos ni ralentizaciones». La jefa de la Demarcación de Costas del Estado, Francisca Abraza, fue ayer tajante al puntualizar que la nueva enmienda aprobada por el Gobierno central, que permite vender o transmitir el derecho a utilizar las casas construidas en dominio público que gozan de una concesión que la protege de forma provisional, no introducirá cambios en el proceso de recuperación del litoral que lleva adelante Costas. Centenares de murcianos propietarios de viviendas en primera linea de playa gozan de una concesión de uso y disfrute por 30 años -prorrogable otros 30 más- que impide de forma provisional la demolición de esas casas. Sin embargo, hasta ahora no podían vender ni transmitir sus derechos sobre esas viviendas. Con la enmienda introducida ahora, los dueños de las casas en dominio público pueden vender o transmitir esa concesión de uso y disfrute a otra persona. Para la jefa de Costas, el cambio «no tiene mayor trascendencia, ya que no se vende la vivienda, sólo la concesión que permite el disfrute. Quien compre lo hará a sabiendas de que no adquiere una propiedad, sólo una concesión que puede ser rescatada por Costas», asegura Baraza. En cualquier caso, Costas «seguirá adelante con la recuperación del dominio público». Los colectivos ecologistas no lo tienen tan claro, y acusan al Ministerio de vaciar de contenido la Ley de Costas con esta enmienda, cediendo así «a la presión de los propietarios de las casas afectadas por los deslindes». Para Ecologistas en Acción, la enmienda que permite vender y comprar el uso de las casas en primera linea supone además un «giro antiecológico en la política medioambiental del Gobierno» y un «desplante» a la política de recuperación del litoral iniciada por la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Además, aseguran, dificulta los trámites de Costas, ya que hasta ahora, cuando la Demarcación quería rescatar una concesión para el dominio público de una casa, podía argumentar ante el dueño que lo mejor era llegar a un acuerdo porque, en caso contrario, no podría vender su propiedad a un particular. La Ley de Costas que recupera para el dominio público la primera linea de playa tiene más de dos décadas de vigencia, pero la realidad es que fue durante el periodo de gestión de la anterior ministra Narbona cuando comenzó a aplicarse con todas sus consecuencias y comenzaron a realizarse los deslindes. La actual ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, también insistió ayer en que «no hay ninguna modificación» de la norma y que «la información publicada -ayer en El País, que adelantó la reforma- confunde propiedad con concesión; no tendrá impacto en la actual Ley de Costas».