15.04.09 -
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARTAGENA/
la Verdad
Se mostró favorable a la petición del constructor para levantar casas en tierras agrícolas
Medio Natural dio el sí en el año 2003 al empresario, que posee parte del humedal
La Comunidad Autónoma dio su visto bueno en el año 2003 a la petición del constructor Mariano Roca Meroño, uno de los dueños de las salinas de Marchamalo, de recalificar 18 hectáreas de suelo agrícola junto a ese humedal, protegido por varias leyes ambientales. A través de la empresa Unisur SA, el promotor de Pozo Estrecho planteó a la Dirección General del Medio Natural la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo para poder construir una «urbanización de baja densidad».
El entonces director general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, respondió a la alegación presentada por Roca al citado PORN dando su «criterio favorable» al cambio de uso del suelo.
Esa decisión, comunicada a Unisur el 17 de octubre del 2003 (según la documentación en poder de La Verdad) sigue en vigor, ya que el PORN sigue en fase de tramitación. Eso sí, Brugarolas no llegó a remitir a la empresa el «certificado medioambiental» que ésta le pidió para conocer las características de las edificaciones permitidas. Se remitió a la tramitación del PORN.
El visto bueno a estas pretensiones adquiere ahora mayor relevancia, después de que este diario ha revelado que otra empresa de Roca (Salinas de La Manga SL) recibió de la Comunidad Autónoma 135.000 euros del año 2004 al 2007 por conservar las salinas mediante la extracción de sal, a pesar de que la compañía no tuvo actividad industrial.
Lo Poyo y Novo Carthago
La organización ecologista Anse, que exige la devolución de las ayudas públicas por fraude, viene denunciando el presunto interés del constructor en «dejar que las salinas se sequen» para conseguir su recalificación urbanística.
Según los cálculos de los naturalistas, sólo junto a las salinas Unisur SL podría construir de 1.500 a 2.000 viviendas, lo que supondría «un impacto brutal sobre una zona de gran valor paisajístico y de fauna y flora del entorno del Mar Menor».
La petición de Roca a la Comunidad se basó en un informe de «mejora ambiental de la unidad ecológica» de las salinas elaborado por la empresa Ambio SA.
Ésta es la misma compañía que redactó el estudio de impacto ambiental a las promotoras de las macrourbanizaciones de Lo Poyo, anulada por el Gobierno regional por la conexión de la compraventa de los terrenos con el caso Malaya, de corrupción urbanística en Marbella; y de Novo Carthago, que investiga la Fiscalía.
La tramitación de esta última urbanización, de 5.000 viviendas y un campo de golf, sigue adelante.
